La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes un recurso ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Sanidad para el cierre perimetral de la capital y otros nueve municipios de la región. Además, solicita medidas cautelares y denuncia la "imposición" de medidas restrictivas por parte del Gobierno central.
En el recurso contencioso administrativo, que consta de 16 páginas, Madrid alega invasión de competencias y pide suspender el 'cierre' por el "impacto laboral, económico y sanitario" que este tendría en la región.
El letrado de la Comunidad de Madrid, Fernando Muñoz Ezquerra, afirma que si el Gobierno quiere restringir la movilidad de los ciudadanos tiene disponible el recurso del estado de alarma y niega que se alcanzara un acuerdo en la reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles.
Las restricciones entrarán en vigor esta noche antes de las 22:48 horas mientras se resuelve el recurso, lo que podría demorarse hasta 10 días.
18.000 empleos semanales
La Comunidad defiende que es necesario "conciliar" la necesidad de imponer medidas sanitarias para frenar la expansión del coronavirus "con la debida prudencia", ya que estas pueden "afectar sensiblemente a la vida ordinaria y a la actividad económica".
De hecho, el letrado expone que el impacto del cierre de Madrid y otros 9 municipios conllevaría la destrucción de 18.000 empleos a la semana y una pérdida recaudatoria semanal de 44 millones de euros.
Por tanto, además de la "sustracción de las competencias", la Comunidad de Madrid pone de relieve un daño que "resulta totalmente injustificado en el ámbito económico" y "que se convierte, en el contexto procesal en que nos encontramos, en una pérdida irreperable, que justifica la adopción de las presentes medidas".
En el recurso también se denuncia que las medidas tomadas por Sanidad no son las adecuadas y rechazan el criterio de perimetrar por municipio en vez de por Zonas Básicas de Salud ya que que fomentaría un aumento de la transmisión. "Situados en estrictos criterios sanitarios, las medidas ahora impuestas resultan menos idóneas, ya que pueden provocar, en los municipios de gran tamaño, un aumento de la transmisión", dice el recurso.
Falta de consenso
También implicarían "una limitación de derechos fundamentales". "Lo que, por tanto, reclama una especial mesura en su adopción, enfoncándolas siempre a una finalidad sanitaria, pero en el marco de los principios de utilidad y, muy especialmente, proporcionalidad", prosigue el texto.
En el recurso, el letrado insiste en varias ocasiones en que la Comunidad de Madrid "es la que ostenta la competencia" para adoptar las medidas sanitarias y denuncia que estas fueron impuestas tras un "uso instrumentalizado" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Explica que hubo una "falta de consenso" ya que no todas las comunidades autónomas votaron a favor de esta orden, entre ellas, además de la Comunidad de Madrid, Galicia, Murcia, Cataluña, Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta.
El recurso adjunta dos informes. Uno de la Consejería de Haciencia y Función Pública sobre los efectos sobre la economía y otro con los datos epidemiológicos de las Zonas Básicas de Salud "en el que se refleja la disminución de la incidencia acumulada en los últimos días" y que la curva se está doblegando.