La Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente -es decir, todas las organizaciones judiciales españolas menos Juezas y Jueces para la Democracia- han iniciado contactos para ver la forma de pedir la intervención de las instituciones europeas ante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impulsan PSOE y Podemos en el Parlamento.
La reforma, que mantiene la elección política de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, rebaja las mayorías parlamentarias necesarias para designar a los 12 vocales que deben ser jueces. Bastará la mayoría absoluta del Congreso y del Senado -que reúnen los partidos que gobiernan en coalición más los nacionalistas- en lugar de los tres quintos que se exigen desde 1985 y que obligan al Gobierno de turno a pactar con la oposición.
Los ocho vocales juristas, sin embargo, seguirán siendo elegidos por tres quintos del Parlamento. El nuevo CGPJ se podrá constituir con los miembros judiciales renovados y mantener a los juristas del Consejo caducado. Esto permitirá a PSOE y Unidas Podemos controlar la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial, alegando que el PP "bloquea" el cambio.
"Inconstitucional"
APM, FV y FJI consideran que la reforma registrada en el Congreso es "abiertamente inconstitucional" al suprimir la exigencia de una mayoría cualificada que el Tribunal Constitucional ha considerado esencial para que no se produzca el control político del CGPJ por las fuerzas gubernamentales. "Iremos a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, al Tribunal de Luxemburgo o donde haga falta", anuncian.
La proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos ha sorprendido a las asociaciones judiciales preparando un manifiesto conjunto relacionado con el anuncio de la reforma días atrás por el Ejecutivo. "Pensábamos que iban de farol y que buscaban presionar al PP", admiten.
"No entendemos este movimiento del PSOE", añaden, "porque ahora el PP no va a negociar sometido al chantaje".
Las organizaciones judiciales no se esperaban que se registrase este martes en el Congreso una modificación legislativa que "incrementa la politización y va en contra de todas las directivas y recomendaciones de la Unión Europea sobre la independencia judicial", afirma Manuel Almenar, presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura.
El portavoz de FV, Jorge Fernández Vaquero, resume la opinión de su asociación sobre la reforma con una palabra: "despropósito".
Foro Judicial Independiente considera, por su parte, que "agrava la politización del CGPJ".
"Gran preocupación"
La Asociación Europea de Jueces, informada de la iniciativa legislativa por la APM, ha expresado su "gran preocupación" por que España "esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del Poder Judicial".
La AEJ afirma que "en lugar de aprovechar esta oportunidad" para "reforzar las garantías de independencia judicial, retornando al sistema anterior donde los jueces integrantes del Consejo General del Poder Judicial eran elegidos por sus iguales, la presente opción aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva".
La AEJ recuerda la Recomendación de la Comisión Europea según la cual “en los Estados miembros en los que se ha establecido un Consejo del Poder Judicial, su independencia es especialmente importante para evitar influencias indebidas del Gobierno o del Parlamento".
La Recomendación de 2010 del Comité de Ministros del Consejo de Europa establece que “no menos de la mitad de los miembros de los consejos del Poder Judicial deben ser jueces seleccionados por su homólogos de entre todos los niveles del sistema judicial y con respeto al pluralismo interno del sistema judicial”.
En el mismo sentido, los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) vienen demandando sistemáticamente de España una "modificación clave" del régimen de designación del CGPJ para que los doce miembros de procedencia judicial "sean elegidos directamente por sus pares”.