El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que no hay razones jurídicas para que el Tribunal Supremo inicie un proceso penal contra Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno. Así lo expone en una nota de 14 folios enviada al teniente fiscal, Luis Navajas, encargado de elaborar el informe que el Ministerio Publico ha de remitir a la Sala Penal.
Anticorrupción lleva investigando desde hace más de un año la pieza Dina, en la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garcia-Castellón cree que han surgido indicios de que Iglesias incurrido en supuestos delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa.
García-Castellón ha denunciado ante el Supremo -competente para investigar al vicepresidente segundo del Gobierno dado su aforamiento- que Iglesias retuvo en su poder durante meses la tarjeta de memoria del móvil de su antigua asesora, Dina Bousselham, accedió a información íntima y personal y, cuando se la devolvió, el dispositivo estaría dañado. Además, Iglesias se personó como víctima en el caso Dina y atribuyó ‘a sabiendas de su falsedad’ al comisario Villarejo la filtración a Okdiario de mensajes de la tarjeta de Dina que dejaban en mal lugar al líder de Podemos.
Sin embargo, la investigación no ha descartado en absoluto que no haya sido Villarejo el filtrador de Okdiario, sostiene Anticorrupción, que destaca que la hipótesis más probable es que fuera el comisario la fuente de información de las publicaciones de ese medio y de otros como El Mundo y El Confidencial, que publicaron más tarde mensajes del móvil de Dina.
Los indicios apuntan a Villarejo porque los archivos del teléfono de Bousselham se encontraron en su domicilio y porque las filtraciones a esos medios han sido el modus operandi acreditado en otras piezas del caso Tándem, como subrayó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la resolución en la que ordenó a García-Castellón que devolviera a Iglesias la condición de perjudicado. El mandato de la Sala ha sido soslayado por el instructor mediante la elevación de la exposición al Supremo contra el vicepresidente y, paralelamente, cerrando de forma súbita la instrucción de la pieza Dina.
El perdón de Dina
La nota de Anticorrupción descarta también el supuesto delito de revelación de secretos, para cuya persecución el Código Penal exige la denuncia de la agraviada, Dina Bousselham, que no la ha puesto contra Iglesias.
En caso de que, sin que exista denuncia, un juez aprecie indicios de revelación de secretos, este delito puede ser perdonado por la víctima, lo que determina automáticamente la imposibilidad de proceder contra el presunto autor del delito.
Por ello los fiscales anticorrupción pidieron ya el pasado mayo al instructor, reiterándolo después, que citara a Dina para preguntarle si perdona a Iglesias por haber tenido en su poder información íntima sobre ella.
El resultado de esa diligencia era perfectamente previsible porque Bousselham ha insistido por escrito en numerosas ocasiones en que no solo no tiene intención alguna de acusar a Iglesias sino que considera que él es tan víctima como ella de las "cloacas del Estado" y de sus "terminales mediáticas".
Anticorrupción subraya que García-Castellón ha tenido tiempo sobrado de practicar esa diligencia con Dina, que le hubiera impedido elevar a la Sala Penal la exposición contra el vicepresidente segundo del Gobierno.
Añade que, si el juez considera que ahora ya no puede citar a Bousselham porque la Sala Penal de la Audiencia Nacional se lo habría impedido al recordarle que no puede investigar a un aforado y que los delitos que le atribuye no están conectados en el caso Tándem, lo que debería haber hecho es enviar el asunto al Juzgado competente para que éste interrogara a Dina y a los demás involucrados no aforados. Este Juzgado, que sí es el competente para preguntar a Dina si perdona a Iglesias por haber retenido la tarjeta de su móvil, sería el de Alcorcón, donde Bousselham denunció el robo de su teléfono.
Respecto al presunto delito de daños, Anticorrupción informa al teniente fiscal del Supremo, aportando además los documentos que a este respecto constan en la pieza Dina, que la Policía Científica ha informado de que el único daño que se detecta en la tarjeta de Dina es el que realizó una empresa de Gales que intentó recuperar los archivos. No existen otros indicios verificados de que el dispositivo presentara otros daños. Bousselham, que sobre el acceso a la tarjeta que le devolvió Pablo Iglesias ha mantenido distintas versiones, sostuvo finalmente que al principio sí que pudo mirar varios archivos.