La Audiencia Nacional pide a Suiza que localice a Norman Foster y lo cite con aviso de detención

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado una comisión rogatoria a las autoridades judiciales suizas con el fin de que localicen al arquitecto Norman Foster y le citen a declarar en relación con el procedimiento penal abierto sobre la construcción del Campus de la Justicia de Madrid.

Foster fue contratado en 2006 por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre, para construir dos edificios judiciales por importe de 179,6 millones de euros. El proyecto no salió adelante, si bien el arquitecto cobró 13,7 millones de euros.

Aunque la citación ha sido cursada en calidad de testigo, el juez solicita a las autoridades suizas que aperciban de detención a Foster en caso de que no comparezca al llamamiento.

De la Mata lleva intentando tomar declaración desde hace nueve meses al prestigioso arquitecto, premio Pritzker en 1999 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009. El pasado marzo, atendiendo a lo manifestado por la dirección letrada de Foster en España, el instructor cursó una petición de auxilio judicial al Reino Unido para tomarle declaración en su país de origen.

Las autoridades británicas han contestado, sin embargo, que Foster reside en la actualidad en Suiza y que, debido a las restricciones impuestas por la Covid-19 y a las medidas de cuarentena, no le es posible desplazarse al Reino Unido.

De la Mata quiere interrogar a Foster sobre su contratación para dos de las construcciones más relevantes de lo que iba a ser el Campus de la Justicia.

El proceso

En este procedimiento penal, abierto en marzo de 2018 por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias y delitos societarios, son investigados, entre otros, el exvicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada; el director general técnico del Campus de la Justicia, Isabelino Baños; el subdirector técnico José Sanz Piñar y el director del área financiera, Alicio de las Heras.

El proyecto de la Ciudad de la Justicia tuvo por finalidad la construcción de un complejo urbanístico de 14 edificios destinados a sedes judiciales que estarían interconectados por una red de túneles. Desde su puesta en marcha en 2006 hasta su definitiva paralización en 2010 se formalizaron contratos importe de 332,5 millones de euros.

A la postre, sólo se realizaron las obras de urbanización, los túneles de acceso y el edificio del Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono.

Muchas de las obras restantes se licitaron y adjudicaron pero no se realizaron, lo que ha obligado a la Comunidad de Madrid a abonar indemnizaciones por importe de 9,5 millones de euros.

El frustrado proyecto del Campus de la Justicia costó 80 millones de euros. Sólo el abandonado Instituto de Medicina Legal requirió una inversión de 22 millones.

Los proyectos de construcción del Tribunal Superior y de la Audiencia Provincial han llamado especialmente la atención del juez instructor porque, "sin tener una sola piedra colocada, generaron unos costes de casi 19 millones de euros", afirma en sus resoluciones.

Contrato de 13 millones

El diseño de estos dos edificios fue precisamente encargado a Foster. El proyecto se presupuestó en 179,6 millones de euros sobre los que se calcularon los honorarios de Foster&Partners: 11,6 millones de euros, a los que se añadiría en concepto de gastos un 15% sobre el montante total de honorarios. El importe global del contrato con Foster ascendía, por tanto, a 13.317.653 euros incluyendo gastos.

La Comunidad de Madrid y Foster firmaron de común acuerdo la suspensión del contrato el 2 de marzo del 2009, cuando el importe total facturado por Foster&Partners ascendía a 10,6 millones por los trabajos ya realizados.

No obstante, el dinero percibido por Foster fue finalmente superior. En el memorando suscrito se establecía que, en caso de rescisión del contrato, Foster podría cobrar el 10% del montante que restara por facturar en ese momento "para reflejar la proporción de los servicios parciales ejecutados".

De acuerdo con las cuentas bancarias del Campus de la Justicia, se pagó a Foster&Partners 13.777.335 euros, produciéndose el último movimiento bancario en enero de 2009, tres meses después de la suspensión del contrato.

Petición a Suiza

Tras la frustrada petición de auxilio a Reino Unido, De la Mata se ha dirigido a Suiza para tratar de interrogar como testigo a Foster por videoconferencia.

"Teniendo en cuenta que se encuentra en paradero desconocido, y que han sido infructuosas las gestiones realizadas para la averiguación de su domicilio, se interesa que por las autoridades policiales competentes se proceda a la averiguación de domicilio de Norman Foster, a efectos de su localización y citación", señala el escrito dirigido al país helvético, conocido por EL ESPAÑOL.

"La citación debe realizarse con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer", añade De la Mata-

El instructor insiste en que "una vez cumplimentada la diligencia" de citación del arquitecto "en sentido positivo, y en caso de no comparecer al primer llamamiento, se solicita que se proceda a su detención, al objeto de ser conducido por la fuerza pública al lugar que se fije para la práctica de la diligencia y así garantizar su cumplimiento".

Foster, "disponible"

Foster&Partners ha enviado desde Londres un comunicado en el que señala que "ha estado ayudando a las autoridades en su investigación como testigo de la acusación" y asegura que "seguimos colaborando activamente con el tribunal para ayudar en sus investigaciones".

"Nuestros esfuerzos se han visto frustrados por las restricciones debidas al coronavirus", añade.

Asegura también que lord Foster "sigue comprometido y disponible para ayudar y seguimos en contacto con las autoridades españolas para que esto suceda".