La nueva investigación al Emérito no detecta hasta ahora delito fiscal en sus presuntas cuentas opacas

La investigación que ha llevado a cabo en secreto la Fiscalía Anticorrupción sobre fondos bancarios opacos a Hacienda con los que se habrían financiado gastos ordinarios de miembros de la familia de Juan Carlos I no ha detectado hasta el momento posibles delitos tributarios, aseguran fuentes fiscales.

Las pesquisas, que llevan un año de desarrollo en Anticorrupción, pasarán ahora a la Fiscalía del Tribunal Supremo por decisión de la fiscal general, Dolores Delgado, después de que se hayan filtrado algunos datos de las diligencias.

Según las fuentes consultadas, la investigación apunta a la existencia de fondos transferidos supuestamente por el empresario mexicano-británico Allen Sanginés-Krause a cuentas bancarias abiertas en España y que habría manejado un militar de la confianza de Don Juan Carlos.

Con esos fondos se habrían abonado gastos de familiares de la realeza, entre ellos nietos del rey emérito, en ejercicios fiscales todavía no prescritos.

Sanginés-Krause es un antiguo y estrecho amigo de Juan Carlos I. Experto en vehículos de inversión y especialista en el mercado ruso, un evento relacionado con este multimillonario elegante y discreto trascendió a la opinión pública en el verano de 2017, cuando alojó en su castillo de Killua (Westmeath, Irlanda) al rey emérito y a una de sus amantes, Marta Gayá. Ambos aparecieron durante la celebración de la reapertura de la iglesia de San Bautista de Clonmellon, cuya restauración promovió Sanginés-Krause.

Exdirectivo de Goldman Sachs, expresidente de la compañía de telecomunicaciones Millicom International Cellular y accionista de referencia en empresas inmobiliarias, Sanginés-Krause se encuentra ahora al frente de BK Partners, entre otras sociedades. Paralelamente preside el Consejo de la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard y es miembro del Royal Institute of International Affairs.

Natalia Vodianova, Sanginés-Krause, Corinna Larsen y Paolo Borghese en San Petersburgo en 2015./ Getty

La apertura de la investigación de Anticorrupción, desarrollada con la máxima reserva, fue comunicada al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que quedó a la espera de que la Fiscalía decidiera sobre el ejercicio de acciones penales.

En aquel momento (octubre de 2019), García-Castellón estaba pendiente tanto de la evolución de las diligencias de Anticorrupción sobre presuntas comisiones por el contrato del Ave a La Meca como de las pesquisas del fiscal suizo Yves Bertossa. Este último mantiene abiertas unas diligencias sobre la implicación de Corinna Larsen, Dante Canonica y Arturo Fasana en un presunto blanqueo de capitales relacionado con fondos donados a Juan Carlos I por monarcas de países del Golfo Pérsico. Este dinero tampoco fue declarado a la Hacienda española. 

Finalmente, ambas investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción han sido arrebatadas a este órgano por decisión de Delgado y encomendadas al fiscal de Sala especialista en delitos económicos Juan Ignacio Campos, que cuenta con su confianza.

Las fuentes fiscales consultadas indicaron que, aunque la investigación no ha concluido, hasta el momento no ha sido posible identificar de forma incontrovertible la existencia de cuotas de defraudación superiores a los 120.000 euros que marcan la frontera del delito contra la Hacienda Pública.

Se trata de ejercicios fiscales posteriores a junio de 2014, fecha de la abdicación de Don Juan Carlos, por lo que su conducta no estaría cubierta ya por el privilegio de la inviolabilidad. Esta prerrogativa, aplicable a todos los jefes de Estado en ejercicio, sí le hace penalmente irresponsable de los hechos relacionados con las cuentas suizas que el actua rey emérito tuvo hasta 2012 bajo la cobertura de una fundación, tal como desveló EL ESPAÑOL.