La fiscal general, Dolores Delgado, trata de impulsar una reforma legislativa que le permita ascender a fiscal de Sala, primera categoría de la carrera, en lugar de volver a su plaza de segunda categoría en la Fiscalía de la Audiencia Nacional cuando cese en su actual cargo.
Delgado va sembrando el camino mientras la modificación legal que busca se produce. Con la promoción a fiscal de Sala "se hace justicia a quienes desde la carrera fiscal asumen la alta y dificilísima responsabilidad de ser fiscal general del Estado", dijo el pasado 27 de octubre en el Consejo Fiscal para justificar la elevación de categoría de su antecesora, María José Segarra.
El Consejo de Ministros tiene previsto acordar este martes el ascenso de Segarra y otros 17 nombramientos propuestos por Dolores Delgado tras ese Consejo Fiscal.
Segarra, fiscal general entre junio de 2018 y enero de 2020, será nombrada fiscal de Sala para la protección de personas con discapacidad y mayores, un puesto de nueva creación que la integrará en el generalato de la carrera.
"Sin inquietud sobre el futuro"
Según Delgado, que una exfiscal general ocupe la más alta categoría de la carrera "significa avanzar en la autonomía de quien ejerce o ha ejercido el cargo".
"El beneficio es doble", sostuvo. "Significa autonomía mientras se ejerce el cargo de fiscal general del Estado, sin inquietud sobre su futuro profesional, y, por otro lado, eleva la dignidad de quien ha desempeñado tan altas funciones".
Fuentes de la carrera consideran "extraña" la argumentación. De un lado, porque quienes pertenecen a la carrera y son designados fiscal general no tienen motivos para estar inquietos por su futuro profesional. "Basta con volver al destino que tenían antes, como ha hecho Segarra. No es que se queden en la calle precisamente", señalan.
Consideran, de otro lado, que la autonomía en el ejercicio del cargo de fiscal general "no puede depender de que luego te asciendan o no". El Estatuto Orgánico fue modificado en 2007 para dar estabilidad e independencia al responsable del Ministerio Público, asignándole un mandato de cuatro años durante el cual no puede ser removido sino por cinco causas tasadas (a petición propia, por incurrir en incompatibilidades, por incapacidad, por incumplimiento grave de sus funciones y por el cese del Gobierno que le designó). "Esto permite ejercer el cargo con autonomía si uno quiere, al margen de dónde vayas cuando dejas de ser fiscal general", afirman estas fuentes.
Aunque el Estatuto no lo requiere, los fiscales que han sido designados para estar al frente de la institución eran ya fiscales de Sala o, al menos, fiscales del Supremo excepto en los casos de María José Segarra, Juan Ortiz y Jesús Cardenal. Los dos primeros volvieron sus destinos cuando fueron cesados mientras que Cardenal, próximo a la jubilación, pasó a ejercer la Abogacía.
Premio 'asociado'
Ortiz fue nombrado fiscal de Sala unos meses después de su salida de la Fiscalía General, como va a ocurrir ahora con Segarra. Aunque muchos miembros de la carrera consideran "lógico" que quien ha sido fiscal general no tenga que volver a un puesto de la segunda categoría, hay más discrepancias respecto a que el cargo de fiscal general tenga que llevar asociado necesariamente el premio de ascender a la primera categoría con independencia de los méritos profesionales que se tengan para el puesto de que se trate.
El nombramiento de Segarra como fiscal de Sala para la protección de discapacitados y mayores obtuvo el respaldo de todos los miembros del Consejo menos uno, el teniente fiscal Luis Navajas, que votó a Manuel Dolz. Segarra, destacada miembro de la UPF, tuvo los votos de los cinco vocales de la Asociación de Fiscales "debido a la sensibilidad demostrada siempre, tanto durante el tiempo en que fue fiscal jefe en Sevilla como en su mandato como fiscal general del Estado, hacia las personas más vulnerables", explicó la AF en un comunicado a la carrera.
Fuentes de la Fiscalía aseguran que la reforma del Estatuto para establecer el ascenso a fiscal de Sala de quien haya sido fiscal general, empezando por ella misma, es uno de los principales empeños de Delgado.
Un intento
A finales del pasado agosto ya intentó colar esa modificación en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, impulsada por la vicepresidenta Carmen Calvo, aprovechando que esa iniciativa legislativa afecta al Ministerio Público porque crea la Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura. El Gobierno no aceptó entonces la propuesta para el futuro auto-ascenso de Delgado.
Las fuentes consultadas de la Fiscalía señalaron que para cualquier cambio relativo al fiscal general debería modificarse el Estatuto y no aprobarse por simple vía reglamentaria. A principios de 2019, cuando Delgado era ministra de Justicia, se elaboró un proyecto de nuevo Reglamento del Ministerio Público en el que se preveía que el fiscal general adquiriese, al cesar, el rango de fiscal de Sala. El cambio de Reglamento, que afectaba a otras muchas materias, como el régimen disciplinario o medidas para la igualdad de hombres y mujeres, sigue sobre la mesa.