Dolores Delgado da el visto bueno a que la Fiscalía defienda la condena del 'procés' en el TC

La Fiscalía del Tribunal Constitucional propugna la desestimación de todos los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019 por delitos de sedición y malversación o por desobediencia a los tribunales.

La posición del Ministerio Público, a la que la fiscal general, Dolores Delgado, ha dado su visto bueno, se refleja en los escritos de alegaciones presentados en el TC este jueves y en los que se descarta la vulneración de derechos fundamentales alegada por los condenados.

La tramitación de las demandas sigue su curso pese a que la presentación de recusaciones contra los miembros del TC retrasará la respuesta del Constitucional, inicialmente prevista para antes de fin de año. Este pronóstico parece ahora de difícil cumplimiento no sólo por la necesidad de contestar antes a las recusaciones sino también porque el tribunal está pendiente de la renovación de un tercio de sus integrantes, lo que podría producirse en las próximas semanas.

Los recursos plantean numerosas violaciones de derechos fundamentales como la libertad ideológica y de reunión, la libertad de expresión, el derecho a ejercer la representación política o el derecho al juez predeterminado por la ley, al haber sido juzgados por el Tribunal Supremo en vez de por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

También cuestionan la aplicación del delito de sedición, al que atribuyen una vulneración del principio de legalidad por su supuesta indeterminación. Se quejan, asimismo, de la desproporción de las penas de privación de libertad impuestas, que oscilaron entre los 13 años de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras y los nueve años de prisión para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dirigentes de ANC y Òmnium Cultural.

El TC ha denegado la suspensión cautelar del cumplimiento de esas condenas mientras tramita las demandas de amparo.

Acogiendo el criterio de la Fiscalía, el tribunal ha considerado que, dada la magnitud de las penas, los amparos no perderán su finalidad incluso si se tiene en cuenta el tiempo de condena que los recurrentes han cumplido ya.

La decisión de mantener a los condenados en prisión se adoptó sin analizar la denominada “apariencia de buen derecho” de las demandas porque "ello supondría anticipar una respuesta sobre el fondo", argumentó el Constitucional.