El fiscal pide seis años de cárcel a López Madrid por corromper la adjudicación de obra pública

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años y medio de cárcel para el empresario Javier López Madrid, consejero de OHL, por haber obtenido la adjudicación de obra pública en la Comunidad de Madrid gracias a sus influencias políticas y a cambio del pago de comisiones ilegales.

Anticorrupción ha presentado el escrito de acusación correspondiente a la pieza 3 del caso Lezo, en la que se ha investigado la adjudicación a OHL de la línea de transporte ferroviario Móstoles-Navalcarnero con un presupuesto inicial de inversión de 363,2 millones de euros en octubre de 2007.

Además de López Madrid, al que se atribuyen presuntos delitos de cohecho y falsedad documental, la fiscal Ana Cuenca dirige su acusación contra el expresidente del Gobierno madrileño Ignacio González, para el que pide 4 años de prisión.

También irán al banquillo dos exdirectivos de OHL, Rafael Martín de Nicolás y Felicísimo Ramos, que se enfrentan a la misma petición de pena que López Madrid; el empresario Adrián de la Joya, para quien se solicita tres años y medio de prisión, e Idelfonso de Miguel, exdirector gerente de Canal de Isabel II, que afronta una petición de 4 años de cárcel.

De acuerdo con el escrito de acusación, conocido por EL ESPAÑOL, la empresa pública Madrid Infraestructura del Transporte (Mintra) adjudicó a OHL el tren a Navalcarnero gracias a que, de las siete empresas que licitaron, obtuvo la máxima puntuación por lo ventajoso de su oferta económica-financiera.

"En realidad", sostiene, "la presentación de esa oferta obedeció a un plan ideado por Francisco Javier López Madrid y Rafael Martín de Nicolás Cañas consistente en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta".

Para lograr ese propósito -adjudicación inicial y posterior modificado- López Madrid y Martín de Nicolás habrían abonado 2,5 millones de dólares -aproximadamente 1,8 millones de euros- como "ilícita comisión" destinada a lldefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González González "a fin de que ejercieran su influencia sobre Jesús Trabada, entonces consejero delegado de Mintra".

La fiscal afirma que, además del pago de la comisión, López Madrid y Martín de Nicolás consiguieron los votos favorables necesarios para la adjudicación presentando la oferta económica-financiera más ventajosa. Lo lograron haciendo dos propuestas a la baja (en la tarifa técnica y renunciando a la banda de ingresos mínimos) que, "si bien aparentemente resultaban compatibles con el pliego de condiciones, impedían claramente la normal ejecución de la obra".

"Estrecha relación" con González

"Cuando el concurso todavía estaba tramitándose", añade el escrito de acusación, López Madrid, "aprovechando su estrecha relación personal con Ignacio González González, convino con éste que utilizara su posición preeminente como alto cargo de la Comunidad de Madrid sobre Jesús Trabada para asegurarse la adjudicación del contrato, lo que merced a su intervención personal aconteció, así como el posterior modificado que permitiera a OHL compensar la merma de ingresos".

A tal fin, López Madrid y Martín de Nicolás "acordaron destinar 2,5 millones de dólares de los fondos de OHL para pagar a Ignacio González así como a lldefonso de Miguel, que intervendría como intermediario".

Días después de la adjudicación del contrato, Felicísimo Ramos se encargó de transferir el dinero desde una cuenta de OHL en España a otra del grupo empresarial en México.

Facturas falsas

Para dar cobertura a esa salida de fondos, Ramos, de acuerdo con López Madrid y Martín de Nicolás, habría elaborado dos facturas "por la prestación de servicios ficticios" por la sociedad panameña Lauryn Group, propiedad de Adrián de la Joya.

"Este acusado acordó con López Madrid, con quien mantenía una estrecha relación de amistad, que los fondos transferidos por OHL a México serían finalmente abonados en la cuenta que su sociedad Lauryn tenía abierta en Suiza, a fin de hacérselos llegar a lldefonso de Miguel, para lo cual recibiría una comisión por importe de un tercio de los fondos".

Anticorrupción sostiene que en una fecha indeterminada, pero anterior a julio de 2008, se hicieron llegar a De Miguel fondos en efectivo por un importe entre 2 millones de dólares y 2,5 millones de euros "con los que debía hacer frente al pago de las comisiones ilícitas".

Desconocimiento del reparto

La fiscal admite que "al día de la fecha no ha sido posible conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre este acusado e Ignacio González".

Dadas las dificultades arrastradas desde la adjudicación del contrato "debidas a las limitaciones económicas de la oferta", López Madrid y Martín de Nicolás pidieron y obtuvieron en octubre de 2010 un nuevo plazo para la ejecución de las obras.

Luego solicitaron una modificación del contrato aduciendo causas imprevistas, "incluyendo ahora las siguientes propuestas económicas que, de haberse incluido en la propuesta inicial, habrían determinado la desestimación de su oferta", señala.

Esa petición no fue aceptada por la Consejería de Transportes "a pesar de la actividad desplegada al efecto por Jesús Trabada". La empresa de OHL adjudicataria, Cercanías Móstoles Navalcarnero, acabó en concurso de acreedores en 2016, "no llegando a ejecutar las obras".