El 5 de junio de 2018, mientras lidiaba con los escraches en su casa de Cataluña y trataba de concluir la instrucción del 'procés', el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena recibió la noticia de que el expresidente catalán Carles Puigdemont había interpuesto contra él una insólita demanda en Bélgica, adonde huyó nada más aplicarse el artículo 155.
Puigdemont pretendía que los jueces belgas condenaran a Llarena por haber "atacado su reputación y su honor" debido a unas manifestaciones públicas en las que, a preguntas de la prensa, el juez negó que estuviera investigando "delitos políticos".
"Un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que sin embargo, por una consideración política, estos comportamientos son perseguidos. No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados", fue todo lo que dijo, textualmente, Llarena cuando le preguntaron si en España había "presos políticos" en referencia a los encausados por el proceso separatista catalán.
La explicación del magistrado le valió una demanda civil en Bélgica por parte de Puigdemont y los exconsejeros, también prófugos, Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig.
Según ellos, esas declaraciones ponían de manifiesto la "parcialidad y partidismo" del juez, que estaría tratando de "desacreditar la acción política" de los demandantes y de "instaurar un clima perjudicial" contra ellos. La demanda censuraba el proceso penal en instrucción y las euroórdenes cursadas por Llarena para la detención y entrega de los huidos "con vulneración flagrante de las reglas que rigen la presunción de inocencia", afirmaban.
Citación dirigida al juez Llarena por un tribunal belga./
La demanda causó asombro entre los juristas españoles por la pretensión de los encausados de someter a enjuiciamiento de los jueces belgas las decisiones jurisdiccionales del magistrado so pretexto de unas declaraciones públicas que, además, habían sido manipuladas en el escrito dirigido al Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas.
Casi dos años
Pero lo cierto es que Bélgica ha tardado cerca de dos años en rechazar la estrambótica acción legal de Puigdemont. No ha sido hasta el pasado 27 de marzo cuando el tribunal de Bruselas ha recordado el inveterado principio de Derecho internacional público de que "un Estado no tiene el poder de juzgar a otro" y que esa inmunidad de jurisdicción incluye también a los jueces, que son "órganos del Estado" que realizan "actos de soberanía" al ejercer su función jurisdiccional.
La respuesta de los jueces belgas acogió en su totalidad las alegaciones expuestas por Hakim Boularbah, el letrado de Bruselas que contrató la Abogacía del Estado para defender al juez del Supremo.
Pese a su resistencia inicial a que el Estado asumiera la defensa de Llarena en Bélgica, la entonces ministra de Justicia -hoy fiscal general- Dolores Delgado acabó autorizando la contratación de Boularbah. Antes había sido corregida por el propio presidente del Gobierno ("ésta no es una cuestión privada, sino de Estado", dijo Pedro Sánchez) y esa actuación le costó su segunda reprobación como ministra por parte del PP.
A la postre, la mayoría de los honorarios y gastos de defensa desembolsados hasta ahora por el Ministerio de Justicia debido al proceso iniciado por Puigdemont en Bruselas se produjeron durante el mandato de Delgado.
Hasta el pasado julio, la defensa desplegada frente a la demanda de Puigdemont había requerido el abono de un total de 166.628,62 euros, según información oficial del Ministerio de Justicia recabada por EL ESPAÑOL. De esa cantidad, 138.392,48 euros fueron pagados antes de enero de 2020, cuando Delgado cesó.
El tribunal belga impuso al expresidente catalán y al resto de demandantes las costas del proceso. El departamento de Justicia, sin embargo, no ha formulado reclamación por este concepto. "Los costes directos e indirectos que supondrían para el Ministerio iniciar este procedimiento excederían la cantidad que podría reclamarse eventualmente, dado que la solicitud de las costas solo podría ascender a 180 euros", explica.
Fallo del tribunal belga./
El coste de la defensa será, no obstante, superior a lo ya desembolsado porque los políticos catalanes prófugos de la Justicia española anunciaron un recurso contra el fallo del tribunal de Bruselas. Mientras tanto, la Justicia belga mantiene suspendidas las órdenes de entrega de Puigdemont y Comín hasta que el Parlamento Europeo decida sobre el suplicatorio cursado por Llarena para que se les levante la inmunidad.