La Fiscalía cree que entre el 6 y el 8% de los internos de residencias han podido fallecer desde marzo

La fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, ha dado cuenta este jueves en rueda de prensa de la actividad desarrollada por su departamento por la afectación en residencias por la pandemia de covid, y ha ofrecido un dato aproximado de fallecimientos de la población de residentes, que ha sido de entre el 6 y el 8 por ciento, si bien ha apuntado que cifra corresponde fijarla esta corresponde la Instituto Nacional de Estadística (INE).

También ha señalado que, respecto al exceso de mortalidad constatado, el 77 por ciento de fallecidos en residencias lo fue durante la primera ola y ese dato en la actualidad es la del 18 por ciento.

Segarra, que ha comparecido tras una explicación general de la labor de su departamento por parte de la fiscal general, Dolores Delgado, ha hecho balance de la actuación de los fiscales de toda España sobre este asunto, Segarra ha señalado desde el pasado mes de marzo se han abierto en el ámbito penal un total de 441 diligencias, de las que actualmente se encuentran en trámite 209, 112 de ellas en Madrid.

Le siguen, muy por detrás, Castilla y León con 19 expedientes penales abiertos, y tras este territorio Cataluña (15), Extremadura (12), Castilla-La Mancha (11), Galicia (10), y después Andalucía (8), Murcia (5), Aragón y Canarias y Cantabria (3 cada una), Navarra (2), Asturias y Baleares (1 caso abierto en su fiscalía territorial cada una).

De este modo, el estado procedimental actualizado de las diligencias penales señala que un 47,39 por ciento del total de las incoadas siguen en tramitación, el 51,92 por ciento han sido archivadas y, de estas últimas el 11,8 por ciento han finalizado como consecuencia de la interposición de denuncia o querella ante los juzgados competentes por parte de las propias Fiscalías.

Motivos

En cuanto a los motivos de denuncia recibidas, el 42 por ciento (un total de 189) lo han sido por homicidios por imprudencia y un 36 por ciento de tipo general por la situación de las Residencias (163). Les siguen denuncias por delitos contra la salud de los trabajadores (11), deficiencias en la atención médica (21), lesiones (6) trato degradante (5), abandono de familia (4), prevaricación (2) y rechazo de traslado a UCI (1).

En el ámbito civil -seguimientos para asegurar derechos de los residentes- se acumulan ya tres denuncias por negativa de vacunación por familiares, 69 por elevado número de fallecimientos en el centro y 15 por falta de atención sanitaria. También hay un total de 499 procedimientos de seguimiento en residencias, 6 expedientes por falta de medios, 5 por denegación de ingreso hospitalario, tres de reclamación de visitas y uno por desamparo de persona mayor en domicilio.

En cuanto al número de este tipo de procedimientos civiles, las denominadas diligencias pre-procesales son actualmente 476 de las 786 incoadas desde marzo, ya que 294 han sido archivadas.

Por territorios existe mucha diferencia de datos (Cataluña acumula 192, Asturias 140 y comunidades como las Castillas no llegan a la decena), si bien Segarra ha explicado que ello es por las diferencias de procedimiento, ya que muchas provincias optaron por abrir diligencias de seguimiento por cada uno de los centros residenciales mientras que en otras se hizo agrupando varios centros.