La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha reiterado este viernes ante la Audiencia Provincial de Madrid que cursó las asignaturas de su máster y elaboró personalmente y presentó el trabajo final, que admitió no haber encontrado.
Cifuentes se enfrenta a una petición de pena de tres años y tres meses de prisión por parte de la Fiscalía por un presunto delito de falsedad documental por haber inducido a funcionarios de la Universidad Rey Juan Carlos a elaborar un acta inveraz según la cual había acabado y defendido un Trabajo de Fin de Máster (TFM) sobre Derecho Autonómico y Local que asegura haber cursado en 2012, cuando era delegada del Gobierno en Madrid.
"Rotundamente no dije ni a Cecilia Rosado ni a nadie que falsificara el acta del TFM", ha manifestado Cifuentes. "No lo necesitaba. Tenía mi título que acreditaba que había cursado el máster", ha añadido.
Cifuentes dice que no defendió su TFM: "Me sorprendió porque fue un acto muy informal"
El caso máster le costó a Cifuentes su cargo de presidenta del Gobierno de Madrid, al que accedió en junio de 2015 y del que dimitió el 25 de abril de 2018.
Cifuentes, que ha declarado como acusada durante dos horas, ha explicado ante el tribunal que, al igual que otros alumnos que trabajaban, el catedrático Enrique Álvarez Conde (fallecido en abril de 2019) le permitió cursar el máster mediante la presentación de trabajos en lugar de ir a clase.
"No guardo ningún trabajo de las asignaturas", ha reconocido la expresidenta de Madrid. "He estado buscando, sobre todo el TFM, que era lo que más me importaba porque los trabajos de las asignaturas ni siquiera si hubiera sabido que iba a ser sometida a un proceso judicial -que para mi era impensable- los hubiera guardado porque eran trabajos pequeños, de trámite".
Añadió que en ese tiempo hizo dos mudanzas "a viviendas que además eran más pequeñas" y tuvo cinco cambios de despacho. "Tengo parte de mis pertenencias distribuidas en un trastero, en casa de un familiar...Probablemente los trabajos de las asignaturas los destruí", dijo Cifuentes, que, en cambio, aseguró haber guardado el TFM, tanto el documento final -cuyo contenido describió en detalle- como los borradores que corregía con Álvarez Conde.
"No defendí el TFM"
Sus comunicaciones con el catedrático eran por teléfono, aseguró, por lo que no hay rastro de ellas. "A Álvarez Conde no le gustaban los correos electrónicos", ha dicho.
También ha indicado que no defendió el TFM. A través de su secretaria la avisaron de que tenía que presentar el trabajo el 2 de julio de 2012 -fecha relevante en el procedimiento- y así lo hizo, pero no sabe ante quién. "Me sorprendió, fue un acto muy informal. No sé si era el tribunal que evaluó. Supongo que eran profesores pero no les conocía porque no había asistido a clase y Álvarez Conde no estaba. No fue en un aula sino en una pequeña sala de juntas y no duró demasiado. Les entregué el trabajo y les expliqué las líneas generales, por encima. Lo trasladarían a quien correspondiera para evaluarlo", ha señalado.
Muchas de las preguntas de la fiscal Pilar Santos y del abogado que ejerce la acusación en representación de la URJC se han referido al pendrive aportado por la defensa de Cifuentes el primer día del juicio. Es una prueba que puede ser trascendente porque refleja que en la agenda electrónica de Cifuentes se reservó precisamente la fecha del 2 de julio de 2012 para una actividad denominada 'Máster URJC'.
Un informe pericial adelantado por EL ESPAÑOL indica que "este registro con la cita referenciada 'Máster URJC' para la fecha 02/07/2012, con reserva de 3 horas
desde las 15:45 h hasta las 16:45 h, se generó el día 01/07/2012 a las
11:41:21 h, esto es, con anterioridad a la fecha de la cita".
Cifuentes ha recordado que, ya durante la instrucción, pidió a la jueza Carmen Rodríguez-Medel que pidiera su agenda digital en la Delegación de Gobierno porque "yo vi físicamente que estaba reservada esa fecha para el TFM", ha subrayado este viernes ante el tribunal que la juzga.
La instructora hizo esa diligencia en julio de 2018 pero la Delegación contestó que no era posible consultar las citas del 2012 "por el tiempo transcurrido". De ello Rodríguez Medel dedujo que "las alegaciones exculpatorias [de Cifuentes] quedan desvirtuadas por la contestación recibida".
Pero la agenda ha aparecido al comienzo del juicio, ratificando la versión que la expresidenta de Madrid dio en la fase de instrucción. Según la defensa, la jefa de la secretaría de Cifuentes, que trabajó con ella tanto en la Delegación del Gobierno como después en la Puerta del Sol, conservaba una copia de seguridad. Esta funcionaria está citada a declarar en el juicio.
Falsedad recurrente
Cifuentes no está acusada de haber falsificado los documentos de la URJC sobre su máster sino de haber inducido a hacerlo a Álvarez Conde y a la profesora Cecilia Rosado. Esta última ha admitido haber realizado materialmente la falsificación del acta del TFM de la expresidenta de Madrid, poniendo a un tribunal inexistente compuesto por ella misma y las profesoras Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Lo hizo, ha asegurado, por presiones de Álvarez Conde.
Cristina Cifuentes ha asegurado que no conocía de nada a Rosado y que nunca sospechó que los documentos que le envió la URJC estaban falsificados cuando se los remitió en abril de 2018, tras estallar el escándalo. "Era el rector de la URJC el que me los estaba mandando, lo que me daba garantía", ha subrayado.
"Si hubiera siquiera imaginado que había una firma falsa en el acta del TFM no se me pasa por la imaginación ni enseñarlo ni mandarlo a los periodistas. Actué de buena fe y presumía la buena fe de la Universidad", ha sostenido.
El defensor de Cifuentes, José Antonio Choclán, ha puesto de manifiesto que en el procedimiento hay constancia de, al menos, otras seis actas de alumnos del mismo máster también falsificadas, con la misma letra que aparece en la que se refiere al TFM de Cifuentes.
Tanto Clara Souto como Alicia López de los Mozos, que han comparecido en la vista oral como testigos, han ratificado que no evaluaron el TFM de Cifuentes .
"Era habitual firmar por otro"
Souto ha dado una impresión lamentable del funcionamiento del Instituto de Derecho Público de la URJC, en el que se impartía el máster, asegurando que "era práctica habitual" que unos profesores firmaran por otros de manera que cuando Rosado la llamó para contar con su firma para lo que luego sería el acta del TFM de Cifuentes "no me pareció nada raro". "Cecilia Rosado no me dijo para qué quería la firma ni yo lo pregunté, estaba convencida de que era un problema menor".
De hecho, Souto no reconoció su firma en varias actas de TFM de alumnos que cursaron el mismo máster en diciembre de 2012.
Ambas reconocieron el "carácter difícil" de Álvarez Conde y sostuvieron que no podían oponerse a sus indicaciones. Souto exclamó "¿cómo iba a llevarle la contraria?" cuando la fiscal le preguntó si se ponía a los alumnos las notas que Álvarez Conde indicaba, sin comprobar los méritos o la realización efectiva de los trabajos.
La profesora afirmó que Álvarez Conde le dijo que en el asunto de Cifuentes "había sufrido presiones. Me habló del rectorado de la Universidad y del ámbito político, pero nunca dijo quién".