Cristina Cifuentes declara en el juicio que se sigue contra ella en la Sección 15 de la Audiencia de Madrid.

Cristina Cifuentes declara en el juicio que se sigue contra ella en la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. Efe

Tribunales

El rector dice que el consejero de Educación, no Cifuentes, le pidió el acta del máster muchas veces

Ramos declara que nadie del Gobierno regional pidió documentos antes de la rueda de prensa en la que él refirió la existencia del falso tribunal del TFM

23 enero, 2021 02:26

Noticias relacionadas

El magistrado Luis Carlos Pelluz, presidente del tribunal que juzga a la exjefa del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, por el llamado caso máster, ha hecho este viernes al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, una pregunta clave:

- Usted ha dicho que "se les pidió la documentación del máster de Cifuentes", pero ¿antes o después de la rueda de prensa?

El rector de la URJC, que ha comparecido como testigo en el juicio en el que Cifuentes se juega una petición de tres años y tres meses de cárcel, ha contestado que no se les pidió desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ningún documento "antes" de la rueda de prensa en la que el propio Ramos informó de la existencia del tribunal evaluador del TFM de la expresidenta regional.

Ramos convocó a los periodistas el 21 de marzo de 2018, cuando estalló el escándalo, para "demostrar el buen hacer de la URJC" que había sido puesto en entredicho por informaciones que aseguraban que el expediente del máster de Cifuentes contenía una doble falsedad: la de las actas de convalidación de asignaturas y la del acta del TFM.

La primera no ha llegado a juicio porque no se obtuvieron indicios de ella durante la instrucción, de manera que lo que desde el pasado lunes juzga la Audiencia Provincial de Madrid es la falsificación del acta del TFM.

En ella consta que ese trabajo -que Cifuentes insiste en haber elaborado y presentado en la URJC- fue evaluado por las profesoras Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado. Las tres lo han negado y la última ha admitido ser la autora material de la falsificación del acta, motivo por el que está en el banquillo de los acusados.

A la derecha de Rosado se sienta Cristina Cifuentes. No cruzan palabra. La expolítica no está acusada de haber obtenido el título del máster sin haberlo cursado ni tampoco de mentir asegurando que presentó el TFM. La acusación se centra en que, presuntamente, indujo a los funcionarios de la URJC a falsificar ese acta.

De ahí la relevancia de la pregunta el presidente del tribunal. Si el rector Ramos se refirió ya en su inicial rueda de prensa al inexistente tribunal evaluador del TFM, antes de que desde el Gobierno regional se interesaran por obtener documento alguno favorable a Cifuentes, la acusación quedaría diluida: la falsedad ya se habría configurado desde la propia Universidad sin necesidad de petición alguna proveniente de la entonces presidenta de Madrid o de sus subordinados.

El fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster de Cifuentes, aparece, así, señalado como principal responsable. Rosado ha justificado que falseó el acta del TFM de Cifuentes por "presiones" de Álvarez Conde. Y el rector Ramos ha dicho que fue este catedrático el que le dio los nombres del falso tribunal del Trabajo Fin de Máster.

En una reunión celebrada antes de la rueda de prensa en el despacho del rector, "Álvarez Conde nos informa a todos y nos dice que el TFM lo tiene él. Que había habido un error material al transcribir las notas pero que Cifuentes había cursado con normalidad el máster", ha declarado Javier Ramos.

En la tarde de ese día, Álvarez Conde le mandó a su correo personal -no al oficial del Rectorado- el acta del TFM de Cifuentes con las firmas falsificadas de las profesoras De los Mozos y Souto, estampadas por Rosado.

Llamadas de Van Grieken

Del testimonio del rector de la Universidad Rey Juan Carlos se desprende que, si la entonces presidenta del Gobierno regional instó a falsificar el acta, no lo hizo directamente. Ramos aseguró que la entonces presidenta regional no le llamó en ningún momento, sino que fue él el que telefoneó a Cifuentes en la mañana del mismo 21 de marzo "para asegurarme de que la información que habíamos reconstruido era correcta". No logró hablar con ella.

"Tenía una llamada perdida del rector, pero pensé que era mejor no contestarla para que nadie pudiera pensar que trataba de mediatizar a nadie", explicó la acusada al tribunal.

Con quien sí habló muchas veces Ramos fue con el consejero de Educación, Rafael van Grieken, también catedrático de la Rey Juan Carlos.

"Le llamé yo sobre las 10 horas para que alguien diera explicaciones que dejaran claro que esa noticia era resultado de una pelea política y no del mal hacer de la URJC", manifestó Ramos.

"Antes de la rueda de prensa las llamadas fueron escasas y todo versaba sobre quién daba explicaciones a los medios", añadió.

En ese mismo sentido habló, una sola vez, con la jefa del gabinete de Cifuentes, Marisa González. "Fue una llamada de manos libres y nos dice que no van a dar ninguna rueda de prensa y entendemos, para proteger el buen nombre de la Universidad, que debemos darla nosotros".

Fue ya después del encuentro con los periodistas cuando Van Grieken "nos pide la documentación que hemos utilizado en la rueda de prensa. La que está en el sistema informático se le remite a la Consejería de forma inmediata. A continuación recibo reiteradas llamadas del consejero pidiendo el acta del TFM".

"Ni presioné ni insistí a Álvarez Conde para que me enviara ese acta. Por la tarde le llamé dos veces porque el consejero me la pedía reiteradamente", indicó Ramos cuado se le puso de manifiesto que Rosado y Souto han declarado que el catedrático les dijo que estaba recibiendo presiones del Rectorado.

Una hora antes de recibir el acta por correo electrónico, Ramos había ordenado la apertura de una información reservada. "Detectamos varias inconsistencias", dijo. "Eran errores administrativos graves, que no son normales que ocurran en la URJC".

Uno de ellos era que Cifuentes "habría defendido el TFM sin tener aprobadas todas las asignaturas. En el relato de la mañana sí estaban aprobadas pero habíamos comprobado en los sistemas informáticos que cuando se defiende el TFM no estaba aprobada la asignatura del profesor Chico".

Otra "evidencia" es que la funcionaria Amelia Calonge -que fue investigada y exonerada por la jueza instructora- "había cambiado el acta de la asignatura de Chico en 2014, pero no debería haber estado autorizada a cambiarlo porque su puesto no tenía responsabilidades sobre postgrado".

Finalmente, "recibimos la llamada del director del diario.es diciendo que podía demostrar que no habíamos contado la verdad. Entonces pedí que averiguaran cómo podía haber ocurrido eso".