La Fiscalía ha pedido a la Sala Penal del Supremo que rechace la ampliación de la querella presentada el pasado diciembre contra el rey Juan Carlos I por Izquierda Unida, Partido Comunista de España y Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas.

La querella, que también se dirige contra el empresario mexicano-británico Allen Sanginés-Krause, el coronel Nicolás Murga, el abogado suizo Dante Canónica y Álvaro de Orleans, atribuye al rey emérito hasta 13 delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Los hechos relatados coinciden en parte con una anterior querella presentada por Òmnium Cultural sobre el patrimonio ocultado por Juan Carlos I en Suiza -que fue informada en contra por la Fiscalía el pasado octubre- y también con la primera querella promovida por IU contra el rey emérito en diciembre de 2018.

Esa inicial querella ya fue rechazada por el Supremo. Y ésta es una de las razones por las que ahora la Fiscalía cree improcedente admitir el nuevo escrito acusatorio: procesalmente, no se puede reabrir -como solicita IU- lo que nunca ha estado abierto.

De otro lado, los hechos relativos a la fortuna que tuvo Juan Carlos I en Suiza y que fue entregada a su examante Corinna Larsen ocurrieron antes de la abdicación de la Corona en mayo de 2014 y, por tanto, el hasta entonces jefe del Estado estaba protegido por una inviolabilidad que la Fiscalía considera total y absoluta, "no susceptible de matización, excepción o exclusión, pues entonces ya no es una inviolabilidad personal", según explicó en el dictamen contrario a la admisión de la querella de Òmnium.

A los hechos de Suiza IU ha añadido en su segunda querella los relativos a las donaciones de Sanginés-Krause canalizadas a través de Murga -fiscalmente regularizadas el pasado 9 de diciembre, una semana antes de la presentación de la querella- y la supuesta existencia de un trust en Jersey. Todo ello está siendo investigado actualmente por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, que está examinando si la regularización es "completa" y "verdadera" y está tratando de precisar si la estructura financiera de Jersey tiene relación con el rey emérito, lo que el entorno de éste niega.

Además, la ampliación de la querella incluye a personas que no tienen fuero ante la Sala Penal del Supremo, destaca el dictamen contrario a abrir una causa a Juan Carlos I sobre la base el escrito de IU.

La Fiscalía quiere seguir tirando de todos los hilos que aparecen en sus diligencias de investigación y considera que esto es más correcto que admitir una querella sustancialmente basada en noticias periodísticas.

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