Un hombre que se resistió a abandonar una concentración frente al chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero, insultó a un guardia civil y le propinó "varios golpes en el pecho" ha sido condenado a siete meses de cárcel y a pagar las costas del proceso por el Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid.
El fiscal había pedido para el acusado, F.Z., 20 meses de prisión.
El chalé de Galapagar (Madrid) en el que residen el vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad con sus hijos es objeto de numerosas concentraciones de protesta y escraches. De acuerdo con los hechos probados, el pasado 30 de diciembre, sobre las 18.30 horas, los agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar "con la finalidad de montar el perímetro de seguridad en el exterior del domicilio" de Montero e Iglesias.
Los guardias civiles "indicaron a F.Z. y a las personas allí presentes que debían retroceder para respetar el dispositivo de seguridad, negándose el acusado a retirarse de forma voluntaria hasta el límite de dicho perímetro", añade la sentencia.
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"Delincuente", "impresentable"
"Ante dicha negativa, el agente de la Guardia Civil XXX se dirigió hacia el acusado, conminándole a desplazarse de las inmediaciones del domicilio protegido, momento en el que F.Z. se alteró y en tono despectivo profirió las siguientes expresiones dirigidas hacia el agente: 'delincuente', 'impresentable', 'no voy a cesar hasta que te quite el uniforme'".
El guardia civil le recriminó su actitud "a la vez que le hacía retroceder, y en ese momento el acusado le propinó varios golpes en el pecho, por lo que el agente procedió a reducirlo, con la ayuda de sus compañeros, quienes tuvieron que utilizar la fuerza mínima imprescindible para proceder a su detención".
La magistrada Margarita Valcarce considera acreditado el delito de atentado a la autoridad, que castiga a "los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos".
Es el mismo delito por el que en abril de 2020 fue condenada la dirigente de Unidas Podemos Isabel Serra, lo que motivó la protesta de Pablo Iglesias y críticas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La condena a Serra, pendiente de revisión por el Tribunal Supremo, fue superior a la de F.Z. (19 meses de prisión) porque dos agentes resultaron lesionados y el TSJM también apreció un delito de daños.
La magistrada ha basado la condena de F.Z. en el testimonio del guardia civil golpeado y en el de sus compañeros, de las que se desprende que "la acción de acometimiento por parte del acusado fue clara e indiscutible, evidenciando un ánimo e intención de lesionar y desprestigiar al principio de autoridad".
Explica que cuando llegaron los agentes al lugar de los hechos, "alertados por la emisora central informando de que varias personas estaban infringiendo el perímetro de seguridad del domicilio del vicepresidente segundo del Gobierno, el acusado se dirigió hacia uno de los agentes actuantes de forma despectiva, y despreciando el principio de autoridad que representan los agentes, haciendo caso omiso de las indicaciones de los funcionarios de la Guardia Civil, insultó a uno de ellos y llegó a golpearle con fuerza en el pecho, adoptando, de esta forma, una actitud agresiva y de intimidación grave con los mismos que supone un atentando al buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas".
También se basa en las grabaciones aportadas al procedimiento, que para la magistrada "hubieran bastado por sí solas para tener prueba de cargo suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia que ampara al acusado". Éste reconoció haber propinado un empujón al agente, "pero respondiendo a los empujones que recibía por su parte, y cuando lo empujó, tres o cuatro agentes se le echaron encima, tirándolo al suelo".