El fiscal respalda la investigación de "todos" los contratos entre Podemos y Neurona

La Fiscalía de Madrid ha respaldado la decisión del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid de profundizar en la investigación de la contratación por Unidas Podemos de la agencia Neurona, que pudo haber sido cauce para el desvío de fondos electorales encubierto con contraprestaciones simuladas. 

La fiscal Lorena Álvarez ha pedido a la Audiencia de Madrid que rechace el recurso interpuesto por el partido de Pablo Iglesias contra la decisión del juez instructor, Juan José Escalonilla, de dirigirse a la Junta Electoral Provincial de Madrid a los efectos de que, en relación con las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid de 2019, informe quiénes fueron los administradores electorales designados por la coalición Unidas Podemos-Izquierda Unida. El instructor también ha pedido la identificación de las cuentas electorales designadas para la recaudación de fondos.

La información fue solicitada porque, en el curso de las diligencias, se ha averigüado que Unidas Podemos contrató con la agencia Neurona para elecciones distintas a las generales de 2019 y que utilizó distintas cuentas, entre ellas una en la que aparece como apoderado Pablo Echenique.

"El principal objeto de este procedimiento es determinar la realidad o no del contrato entre Podemos y Neurona indiciariamente constitutivo de delito electoral", recuerda la fiscal. "Si lo que se investiga es la realidad del contrato y de la propia mercantil que parece vinculada con el partido, es razonable investigar todos los contratos entre Neurona y Unidas Podemos".

A su juicio, el hecho de que se hicieran pagos a una sociedad indiciariamente ficticia obliga a realizar "una mínima investigación", especialmente porque los indicios delictivos "no han sido desvirtuados a día de hoy y tras la práctica de diligencias".

Los indicios persisten

Esos indicios son tres. En primer lugar, que el administrador de Neurona ha declarado que era un administrador formal "no teniendo conocimiento de la actividad normal de la empresa de la que es administrador, lo cual plantea dudas sobre la actuación de la mercantil", dice la fiscal.

En segundo término, el dirigente de Podemos Juan Manuel del Olmo, que ha asumido haber decidido la contratación de Neurona, "se limitó a exponer cómo la contrataron pero no recordaba ningún nombre de trabajadores o personas que actuaran por cuenta de la entidad".

Finalmente, ninguno de los cámaras que intervinieron en los mítines de Podemos refirieron conocer a trabajador alguno de Neurona.

"Y todo ello", dice la Fiscalía, "casi siete meses después de iniciar las investigaciones, sin que haya sido posible determinar qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México y cuándo así como dónde se hospedaron, información de fácil acceso al ahora apelante que no ha sido facilitada.

Archivo de la investigación sobre la sede

De otro lado, la Fiscalía se ha mostrado en contra de los recursos interpuestos por las acusaciones populares ejercidas por Vox y Prolege, que se oponen al archivo de las diligencias en lo que respecta a las obras de la sede de Podemos.

La fiscal respalda el criterio del juez de archivar esa parte del proceso porque no existe "ningún indicio de un delito de administración desleal" de los fondos del partido, afirma.

Ese delito castiga los excesos en la disposición de fondos que causen un perjuicio patrimonial. La investigación se basó en la denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, que manifestó que el precio de adjudicación -a dedo- de la reforma fue de 1.361.055 euros cuando el precio de licitación fue de 649.936 euros.

Para el Ministerio Público, de las diligencias practicas no se desprende que los gerentes de Podemos "hayan infringido sus facultades" y "ni siquiera [se produce] la existencia de un perjuicio patrimonial".

"Más aún", señala, "el propio arquitecto declaró que el precio fue ajustado, incluso bajo y que se realizaron pocas mejoras".

La fiscal señala que los testigos que han declarado "han dado cumplida explicación de los motivos por los cuales existe el desfase entre el proyecto y la ejecución, desfase por otro lado frecuente en la ejecución de obras”.

A su parecer, lo que las acusaciones populares pretenden es mantener abierta la investigación sobre la base de una "confabulación" entre el partido, los gerentes, el arquitecto y los contratistas para fijar un precio superior al de mercado, "cuando todos ellos han declarado bajo juramento o promesa de decir verdad que los precios eran los propios de mercado y que incluso pueden considerarse ajustados".

"Ningún elemento existe que corrobore el sobreprecio denunciado inicialmente y puesto de manifiesto ahora en el recurso”, concluye.

"No deja de extrañar que quien ejerce la acusación popular en este procedimiento en el que figura como investigado el partido político Podemos vele por los intereses del propio partido al considerarlo como perjudicado en su patrimonio cuando ni el propio perjudicado se considera como tal”, señala respecto a los recursos de Vox y Prolege.