El PP, dispuesto a ceder al PNV uno de los diez puestos que negocia en el nuevo CGPJ

El PP ha confirmado al Gobierno que asume dentro de 'su cupo' del CGPJ la plaza del jurista afín a los nacionalistas vascos, que siempre han tenido representación en el órgano de gobierno de los jueces.

Por su parte, el PSOE cederá dos de sus 10 puestos a Podemos. El PP lo ha asumido, pero no acepta que esos vocales sean Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la violencia de género, y el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada.

Al margen de la política

La primera no cumple la exigencia del PP de que ninguno de los vocales se haya dedicado a la política activa en los últimos años. Es una condición con la que se pretende contribuir a que la percepción del CGPJ como una institución sumamente politizada empiece a corregirse. Rosell, que entró en la lista de candidatos judiciales al CGPJ cuando estaba en activo como jueza de instrucción en Las Palmas, ha sido diputada de Podemos y ahora ocupa un cargo gubernamental.

De Prada no siempre fue vetado por los populares. Cuando se produjo el primer intento de renovar el órgano de gobierno de los jueces, Gobierno y PP llegaron a un acuerdo el 12 de noviembre de 2018 en el que el polémico magistrado de la Audiencia Nacional figuraba como vocal, precisamente en el 'cupo' de Podemos.

Seis meses antes se había dictado la sentencia del caso Gürtel, en la que, con la redacción de José Ricardo de Prada, se declaró como hecho probado la existencia de una caja B en el PP, una afirmación que luego el Tribunal Supremo ha considerado indebidamente incluida pero que, en todo caso, le costó a Rajoy la moción de censura que le expulsó de la Moncloa.

Los populares consideraron en aquel momento que "sacar a De Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP", según el famoso whatsapp distribuido por el senador Cosidó y que desveló EL ESPAÑOL.

Pero ahora el PP valora que, con toga o sin ella, tanto Rosell como De Prada son personajes muy significados políticamente y su aceptación en la cuota de Podemos "es un coste que no podemos asumir", explican en el partido de Pablo Casado.  

El enrocamiento de Podemos en esos nombres daría al traste con el acuerdo y, por ello, el Gobierno está intentando convencer a sus socios de que propongan otros nombres.

Tribunal de Cuentas

Con la incertidumbre de la reacción de Unidas Podemos, las negociaciones "avanzan", coinciden diversas fuentes. Además de RTVE, CGPJ, Defensor del Pueblo, Agencia Española de Protección de Datos y Tribunal Constitucional, se ha incluido al Tribunal de Cuentas.

En este órgano hay una vacante desde enero de 2018 causada por la renuncia de Lluis Armet, elegido en 2012 a propuesta del PSOE. Pero, además, los actuales consejeros del Tribunal de Cuentas terminan su mandato el próximo julio, por lo que los negociadores han decidido incorporar a esta institución en el pacto global de renovación que se trata de alcanzar. En principio se mantendría la misma proporción que existe ahora: siete consejeros propuestos por la mayoría gubernamental y cinco por el principal partido de la oposición.