El Gobierno no tiene intención de renunciar a su propuesta de incluir al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero sí admite que retiró de la mesa de negociación con el PP a la exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, según confirman fuentes gubernamentales.

Por ello, el Ejecutivo exige al PP que reconsidere su postura y acepte volver a sentarse a negociar la renovación de este órgano sin "vetos". De momento, las fuentes consultadas explican que los contactos con el PP a través del Ministerio de Justicia siguen abiertos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no ha querido dar nombres, pero sí ha afirmado que el Ejecutivo "cedió" a los vetos que el PP planteó ante propuestas de personas que podían tener una vinculación con "determinado partido", cuenta Europa Press.

"Algunas de las personas que han sonado en los medios finalmente no se incorporaban a las propuestas defendidas justo para facilitar el acuerdo, algunas personas que tenían responsabilidades en el actual Ejecutivo o habían tenido vinculación con algunas de las formaciones políticas de forma explícita", ha afirmado, al ser preguntada en concreto por el caso de Rosell.

"Lo vetos tienen un límite"

Eso sí, ha dejado claro que lo que no aceptaron ni van a aceptar es que se vete a jueces por las actuaciones que hayan hecho en el desarrollo de sus responsabilidades como jueces, en clara alusión a De Prada.

Montero ha asegurado este martes que el Ejecutivo "ha cedido" ante el PP para renovar el CGPJ al no rechazar a ninguno de sus candidatos y aceptar algunos de sus vetos, pero ha subrayado que "estos vetos tienen un límite".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y sin dar nombres, Montero ha defendido la candidatura del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, y ha dado a entender que el Gobierno no presentó en su lista final para el CGPJ a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la jueza Victoria Rosell, que fue candidata de Podemos.

Montero ha considerado que no es "de recibo" vetar a personas por una supuesta adscripción ideológica o partidista, que no tienen, cuando en realidad se les rechaza por su actuación profesional en el pasado, en referencia a De Prada, quien formó parte del tribunal del caso Gürtel y motivó la declaración como testigo en el juicio del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

"No podemos permitir que exista ningún tipo de veto cuando estamos hablando de conductas asociadas al ejercicio de las funciones que estos juristas tenían asignadas antes de ser propuestos para este órganos", ha subrayado en declaraciones recogidas por Efe.

Montero ha hecho hincapié en que el Ejecutivo "ha cedido", ya que no ha ejercido ningún veto sobre los candidatos del PP, aunque había nombres "muy significados", y ha retirado algunas de sus posibles propuestas.

No ha querido citar el nombre de Rosell, pero ha revelado que en la propuesta definitiva que llevó el Gobierno a la mesa de negociación para propiciar un pacto con el PP no se incluyó a algunas personas que "tenían responsabilidades en el actual Ejecutivo o habían tenido vinculación con alguna fuerza de forma expresa".

En el pacto que negociaron populares y socialistas en 2018 y que acabó saltando por los aires, el PP aceptó a De Prada, pero la propuesta de Rosell tampoco llegó a cuajar.

La portavoz del Ejecutivo ha instado de nuevo a los populares a "salir de la actitud obstruccionista" que mantienen desde el inicio de la legislatura, a cumplir con la Constitución y a propiciar la elección de un nuevo CGPJ, porque "ninguna formación política tiene el derecho a vetar la renovación de ningún órgano".