El juez del caso Tándem excarcela a Villarejo tras pedirlo Anticorrupción por el retraso del juicio

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tándem, ha acordado la inmediata puesta en libertad de José Manuel Villarejo después de que la Fiscalía Anticorrupción lo haya solicitado este miércoles.

La petición de Anticorrupción viene directamente motivada por la decisión de la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional de retrasar hasta mediados de diciembre el primer juicio contra el excomisario, cuya prisión preventiva máxima vence el próximo 3 de noviembre.

El Ministerio Público sigue apreciando el riesgo de que Villarejo huya debido a las altas penas de prisión que se solicitan contra él y a la existencia de más de veinte piezas aún en investigación. Por ello, cree necesario disponer de un margen de varios meses para el caso de que haya que volver a pedir su prisión provisional si se detecta un plan de fuga o si el encausado decide no comparecer a juicio. Tampoco se descarta el supuesto de que proceda encarcelarlo tras una eventual primera condena y mientras el Tribunal Supremo examina los recursos.

Para intentar minimizar el riesgo de fuga, el juez ha acordad que Villarejo comparezca diariamente en el Juzgado más próximo a su domicilio, se le prohíba salir del territorio nacional, se le retire el pasaporte y no pueda obtener otro.

Fuentes de la Audiencia Nacional indican que, a la vista de las decisiones de la Sección Penal Cuarta, el juez instructor iba a acordar la libertad provisional de Villarejo de oficio en el caso de que la Fiscalía no lo solicitara. 

Juicio en diciembre

En su escrito, conocido por EL ESPAÑOL, la Fiscalía explica que, tras su detención el 3 de noviembre de 2017, se ha venido manteniendo la privación de libertad de Villarejo "en atención a las circunstancias que evidenciaban un elevado riego de fuga y un evidente riesgo de reiteración delictiva, junto con un persistente riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba".

El mantenimiento de la prisión preventiva obedecía también "y esencialmente" a la posibilidad del enjuiciamiento de alguna de las tres piezas ya terminadas dentro del plazo máximo legal (cuatro años).

Anticorrupción alude a las decisiones tomadas por la Sección Penal Cuarta, presidida por la magistrada Ángela Murillo, de acordar la acumulación de las piezas Iron, Land y Pintor para su enjuiciamiento conjunto, formando un macrobanquillo de 26 acusados; acordar la libertad provisional de Villarejo en esas piezas y señalar el juicio para mediados de diciembre. De este modo, el primer enjuiciamiento se producirá ya superado el plazo máximo de prisión preventiva.

"Al margen de la persistencia de circunstancias que evidencian la permanencia de elevados riesgos de fuga y de reiteración delictiva, el mantenimiento de una situación de carácter excepcional que afecta directamente al derecho a la libertad, cuando la medida cautelar ya no resulta materialmente idónea para garantizar la sujeción del investigado al procedimiento, pudiera convertirse en una pena anticipada y comprometer, en consecuencia, el derecho fundamental a la presunción de
inocencia", explica.

El escrito advierte, no obstante, de que "persiste el riesgo de fuga" en atención a una serie de "circunstancias personales, familiares y sociales concurrentes, además de la gravedad de los hechos provisionalmente atribuidos" al excomisario.

Organización criminal

Cita, a este respecto, la "integración, también cada vez más acreditada, de su círculo familiar más próximo en la organización criminal que dirige. Concretamente, su esposa está también acusada por la comisión de varios delitos en las piezas 2 y 3 y su hijo está acusado por la comisión de delitos de extorsión en la pieza 6".

También se refiere a la incautación en los registros practicados de "documentación con pluralidad de identidades, así como pasaportes en blanco y grandes cantidades de dinero en efectivo", indicio que, a su juicio, pone de manifiesto la posibilidad de disponer de esos efectos.

Menciona, igualmente, la "facilidad acreditada en la investigación para trasladarse a distintos países, tanto dentro como fuera de Europa", la "detentación y control de importantes activos patrimoniales fuera de España", así como mantenimiento de una amplia red de contactos "que le permitirían residir fuera del territorio nacional, eludiendo aquí sus futuras responsabilidades penales".

Además, considera que al encontrarse jubilado como funcionario del Cuerpo Nacional Policía "no mantiene un arraigo profesional o laboral en España que garantice suficientemente su estancia en el territorio nacional, puesto que ha utilizado su entramado societario para la comisión de los delitos objeto del procedimiento".

Anticorrupción también advierte de que hay "un riesgo cierto" de reiteración delictiva, por ser "máximo responsable de una organización criminal en cuyo marco general ha desarrollado las concretas conductas delictivas que se investigan".