El juez Llarena deja en libertad a la exconsejera Serret tras abandonar a Puigdemont y entregarse

La exconsejera de Agricultura, que se encontraba fugada de España desde octubre de 2017, ha abandonado Bélgica para entregarse al Tribunal Supremo. Sobre ella pesaba una orden internacional de detención sólo para tomarle declaración por un presunto delito de desobediencia en relación al referéndum del 1-O..

Serret, que ha dejado la defensa del letrado Gonzalo Boye y es ahora representada por Íñigo Iruin, histórico abogado de personas vinculadas a ETA, es la primera de los políticos relacionados con el 'procés' en abandonar la estrategia del expresidente catalán Carles Puigdemont. Según fuentes jurídicas, la decisión de Serret puede ser el prolegómeno de la de Marta Rovira, huida a Suiza y que, como la exconsejera de Agricultura, pertenece a ERC.

Estas fuentes afirman que el paso dado por Serret pone de manifiesto la separación de estrategias jurídica y política entre los encausados de ERC y los de Junts per Catalunya huidos de España, pero pronostican que estos últimos no seguirán el camino de entregarse a la Justicia.

Serret lleva semanas preparando su entrega al Tribunal Supremo. En el auto de procesamiento dictado por Llarena el 21 de marzo de 2018 se le atribuyeron presuntos delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos en relación a la celebración del referéndum independentista del 1-O, prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por el Tribunal Constitucional.

Pero, tras la sentencia dictada por la Sala Penal del Supremo en octubre de 2019, el instructor sólo le atribuye un presunto delito de desobediencia. El alto tribunal excluyó de la condena por malversación a los exmiembros del Gobierno de Puigdemont que no asumieron el pago de ningún gasto para la celebración del 1-O.

Serret puede encontrarse, así, en la misma situación que los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila. Éstos fueron finalmente condenados sólo por desobediencia ya que no pudo probarse que los departamentos del Govern que dirigían contribuyeran a la financiación de la consulta ilegal. Ninguno de los tres ha sido condenado a penas de prisión, sino a un año y ocho meses de inhabilitación y multa.