El expresidente catalán Carles Puigdemont ha recusado al magistrado el Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido para que no intervenga en ninguno de los recursos relacionados con el 'procés' al considerar que expresó su "alineamiento con las tesis del fiscal" en una conferencia pronunciada el 23 de noviembre del 2017, tres semanas después del referéndum independentista el 1-O.
Esa conferencia no es el único motivo por el que la defensa de Puigdemont, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, considera que Conde-Pumpido debe ser apartado de los asuntos relacionados con el proceso soberanista catalán. El escrito de recusación alude a su "relación de amistad íntima" con Javier Zaragoza, uno de los fiscales que actuó en el juicio del 'procés'. También se refiere al hecho de que, siendo fiscal general, promovió a la categoría de fiscal de Sala no sólo al propio Zaragoza sino también a otra acusadora (Consuelo Madrigal) y ascendió a fiscal del Supremo a Fidel Cadena, que también intervino en el 'proces'. Conde-Pumpido nombró a la esposa de Zaragoza jefa de su secretaría técnica y ahora ha fichado al hijo de ambos como letrado adscrito en el TC.
El escrito de recusación considera que, en las valoraciones que hizo en 2017 sobre la actuación del Gobierno de Puigdemont, Conde-Pumpido fue "incluso más explícito" que Antonio Narváez. Este magistrado se abstuvo el pasado 16 de febrero en los recursos relativos al 'procés' tras ser recusado por una conferencia, también pronunciada en noviembre de 2017, en la que calificó de "golpe de Estado encubierto" lo ocurrido en Cataluña.
"Derrocar la Constitución"
La intervención de Cándido Conde-Pumpido en el Congreso comenzó, como la de Narváez, con un "recuerdo para mi querido compañero y sucesor en la Fiscalía General del Estado José Manuel Maza", que había fallecido unos días antes.
El magistrado adelantó que iba a centrar su intervención en las "amenazas que acechan a nuestra democracia". "Lo que me preocupa es, concretamente, la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia", dijo.
Conde-Pumpido habló de la "contraposición" entre la Constitución y "una supuesta legitimidad democrática directamente emanada del pueblo y libremente interpretada por quienes la invocan". "Me preocupa que se invoque la democracia -en concreto, la democracia directa- para derrocar la Constitución", dijo.
Añadió que el fenómeno le parecía más singular porque "los que agitan esta bandera pretendidamente democrática para subvertir la Constitución están cómodamente instalados al frente de las instituciones (...), concretamente instituciones autonómicas" desde las que disponen "de cantidades relevantes de dinero público o incluso armas proporcionadas a sus fuerzas de seguridad (...) con la cobertura de estar supuestamente cumpliendo un mandato democrático".
"Como penalista debería demostrar mi asombro ante uno de los descubrimientos más relevantes de la doctrina penal del siglo XXI", ironizó en referencia a "una nueva circunstancia eximente", la "eximente de mandato democrático que legitima cualquier acción delictiva".
Mencionó, asimismo, la sentencia sobre el 'procés' dictada por el TC unos días antes, el 17 de octubre de 2017, a la que también aludió Narváez y de la que Conde-Pumpido destacó que utilizaba la expresión “se han alzado” en referencia a los miembros del Gobierno de Puigdemont.
"Se alineó"
"Los tipos penales de rebelión y sedición son los únicos de todo el Código Penal que requieren de un alzamiento", recuerda la defensa de Puigdemont, para la que "la exégesis llevada a cabo por Conde-Pumpido de esa sentencia, presentándola como soporte para una imputación por los tipos penales de rebelión y de sedición, pone de manifiesto su parcialidad. Y, en particular, que ya en aquel momento tenía formada una posición sobre la responsabilidad penal de los recurrentes en amparo", sostiene el escrito de recusación.
Tras aludir a "la también arbitraria imputación de malversación de caudales públicos", el escrito afirma que el magistrado "se alineó plenamente con todas y cada una de las tesis del Ministerio Fiscal en su querella de 30 de octubre de 2017, que había sido presentada por su 'querido compañero y sucesor en la Fiscalía General'".
Añade que una de las muestras de su "absoluta falta de imparcialidad" es que "se burlara, con sorna" de la alegación de los implicados en el 'procés' de que obedecían un mandato democrático y actuaron "en el ejercicio de sus derechos fundamentales, incluido el derecho de representación política".
Además de los motivos de la recusación referidos a la amistad del magistrado con Zaragoza, el escrito añade su "intercesión ante el Gobierno de España en defensa de Pablo Llarena", una afirmación que basa en informaciones periodísticas. Sostiene que Conde-Pumpido llamó en agosto de 2018 al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, "para hacer ver al Gobierno de España que el Estado debía sufragar la defensa de Llarena" en la demanda interpuesta contra él en Bélgica por Carles Puigdemont.