La Fiscalía Anticorrupción acusa a Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, de haber defraudado a Hacienda 8,5 millones de euros entre 2005 y 2015, según el escrito de acusación con el que llevará a juicio a quien también fue director gerente del Fondo Monetario Internacional.
Rato, que se encuentra en libertad condicional en el caso de las tarjetas black de Cajamadrid y Bankia, en el que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, se enfrenta ahora a un proceso mucho más grave, en el que Anticorrupción solicita en torno a 80 años de cárcel por presuntos delitos fiscales, de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales, insolvencia punible y falsedad documental.
De acuerdo con el escrito de acusación, Rato habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de un entramado de empresas radicadas en el extranjero, algunas de ellas, como Red Rose Finantial y Wescastle Corp, en Panamá, país considerado un paraíso fiscal por la Unión Europea.
Utilizando esa trama societaria, Rato habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habría dado lugar a sucesivas defraudaciones fiscales.
El exbanquero y expolítico habría operado también a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y se habría servido de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas.
Blanqueo
Según la Fiscalía, "todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de mecánicas de blanqueo por el acusado". El escrito de acusación describe ocho mecanismos de blanqueo, incluyendo entre ellos el uso del llamado 'crédito lombardo' que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores.
Rato habría blanqueado también mediante las propias inversiones de las sociedades en la mercantil alemana Bagerpleta Gmbh, propietaria de un hotel. Además, la Fiscalía considera blanqueo las millonarias ampliaciones de capital en la sociedad Vivaway y en su filial Kradonara e incluso las propias declaraciones efectuadas a Hacienda bajo los modelos 750 (Declaración Tributaria Especial) y 720 (Declaraciones de bienes y derechos en el extranjero), "utilizadas a los fines de limpiar el origen ilícito de los bienes, que el acusado ha tratado de reintegrar a la actividad mercantil lícita".
Rodrigo Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal declarando ser el propietario de Red Rose Finantial pero omitiendo cualquier referencia a otras sociedades que tenía. Así, declaró un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y pagó a Hacienda 11.533,35 euros.
"Lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente", señala Anticorrupción, "utilizó en realidad la Declaración Tributaria Especial como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior”.
La Fiscalía sostiene que Rato tuvo incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda.
Según el informe de la unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, la cuota defraudada fue, presuntamente de 7.470.163,96 euros entre 2005 y 2015. Pero a ello habría que añadir las cantidades procedentes de la tributación de servicios profesionales prestados por Rato a través de sociedades que arrastraban bases imponibles negativas, como es el caso de los servicios prestados a Telefónica o la realización de conferencias tras su regreso a España tras haber dirigido el Fondo Monetario Internacional.
Por ello, Anticorrupción cifra en 8.586.121,67 euros la cuota total defraudada, supuestamente, por Rato.
Cobro de comisiones
El escrito de acusación también se refiere a que Rato, siendo presidente de Caja Madrid -Bankia (enero de 2010 a mayo de 2012) "cobró indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con las entidades Publicis y Zenith relativos a la fusión y salida a bolsa de la entidad".
Las comisiones se habrían canalizado a través de la sociedad Albisa, perteneciente a Alberto Portuondo, que además fue contratado como asesor en Bankia.
Albisa cobró, presuntamente, comisiones a las sociedades de publicidad contratadas por el banco y una parte de ellas llegaron a la sociedad de Rato Kradonara bajo el amparo de un supuesto contrato de asesoría. Las comisiones percibidas por Kradonara ascendieron a 835.059,97 euros entre 2011 y 2012, de acuerdo con el escrito de acusación.
La Fiscalía acusa a Rodrigo Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, así como de un delito de blanqueo de capitales, un delito de insolvencia punible, un delito de corrupción en los negocios y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.
Solicita para él penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, seis años por el delito de blanqueo, cuatro por el delito de insolvencia punible, otros cuatro por el delito de corrupción en los negocios y tres por el delito de falsedad documental, además de las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la Administración tributaria.