El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este martes que su formación interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional por la reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial un vez expirado su mandato.

"Hay una delgada línea roja entre el estado democrático de derecho y la tiranía. Hoy, el gobierno socialcomunista con sus socios separatistas la ha sobrepasado", ha expresado el líder de Vox en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en el que ha calificado de "golpe al Poder Judicial" la reforma promovida por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves 11 de marzo la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar la Ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de modo que no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial un vez expirado su mandato. La previsión es que, tras su paso por el Senado, los cambios estén en vigor en el mes de abril.

El PSOE y Unidas Podemos presentaron su propuesta el pasado mes de diciembre, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaban reducir a mayoría absoluta los 3/5 que exige la ley vigente para renovar el CGPJ, todo ello como alternativa a la negativa del PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Desde entonces, la propuesta de los socios de Gobierno ha ido superando todos los escollos en la Cámara Baja en una tramitación urgente acordada por la Mesa del Congreso, que también habilitó el mes de enero con este fin. La Comisión de Justicia la dejó vista para su aprobación definitiva el pasado 16 de febrero, donde se rechazaron las dos enmiendas de supresión que el PP mantenía 'vivas'.

El objetivo de la reforma, según el texto de la iniciativa legislativa, es "establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación".

Para Podemos y PSOE, el hecho de que la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no regule las funciones de un CGPJ caducado es una "laguna jurídica" que "constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido".