La exconsejera catalana de Agricultura Meritxell Serret ha comparecido este viernes ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para declarar sobre los hechos que se le atribuyen en el auto de procesamiento dictado por el instructor del 'procés'.

Serret, que se fugó de España en octubre de 2017, abandonó Bélgica el pasado 11 de marzo y se entregó en el Tribunal Supremo. La actual diputada por ERC en el Parlamento catalán quedó ese día en libertad sin medidas cautelares, al igual que hoy.

Serret ha llegado al Tribunal Supremo acompañada de Pere Aragonés, presidente catalán en funciones; la portavoz de ERC, Marta Vilalta; la diputada de Junts per Catalunya Pilar Calvo y el de la CUP Albert Botrán, que han reclamado una ley de amnistía como "solución democrática" en Cataluña.

En su declaración judicial ha reconocido que recibió varios requerimientos del Tribunal Constitucional en los que se le ordenaba no realizar ninguna acción tendente a la celebración del referéndum unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017.

Pese a ello, ha admitido que "asumió el mandato democrático de impulsar el referéndum", según ha manifestado a la salida del alto tribunal. Serret se responsabiliza, así, de un presunto delito de desobediencia, que no está castigado con prisión sino con inhabilitación y multa.

En cambio, se ha distanciado del cargo más grave, malversación de fondos públicos, ya que "desde mi departamento no se incurrió en ningún gasto" relacionado con el 1-O, ha dicho. Serret cuenta a su favor con la investigación del 'procés' hecha en el Supremo, que confirmó ese extremo, y con la sentencia dictada por la Sala Penal, que absolvió de malversación a otros cinco exconsejeros (Joaquim Forn, Josep Rull, Meritxell Borràs, Santiago Vila y Carles Mundó) que, como ella, suscribieron un acuerdo genérico del Govern para financiar con dinero público el 1-O pero no destinaron fondos de sus departamentos a la votación ilegal.

Serret, que no ha contestado a las preguntas de Vox, personado como acusación popular, ha manifestado en declaraciones a la prensa que trabajará para "sacar el conflicto político de la judicialización y que esta lucha para acabar con la represión ayude al resto de los compañeros afectados por esta causa general contra el independentismo".