El juez sienta al clan Pujol en el banquillo ocho años después de empezar a investigar su fortuna

El molt honorable expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley y sus siete hijos han sido enviados al banquillo de los acusados en una resolución del juez Santiago Pedraz conocida este miércoles.

El último instructor del caso Pujol ha abierto juicio oral contra la familia Pujol-Ferrusola (todos excepto la madre, Marta Ferrusola, por su estado de salud) ocho años y cinco meses después de que comenzaran las investigaciones judiciales de la ingente fortuna del clan. Un patrimonio que, según la Fiscalía Anticorrupción, consiguieron amañando concursos públicos gracias a la "posición política" que ostentó Pujol durante los 23 años que fue president.

El caso Pujol comenzó en enero de 2013 después de que la Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional estimara un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ordenara al juez Pablo Ruz investigar una denuncia de María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, sobre las cuentas de la familia en Andorra.

Ahora, Pedraz envía al banquillo a los Pujol tras afirmar que "no existe vicio" en los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la empresa Grand Tibidabo, que atribuyen a Jordi Pujol Soley, sus siete hijos y otras 11 personas -entre ellas la ex mujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, y los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Vilarrubí- presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación continuada de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución.

El instructor da un plazo de 10 días a Jordi Pujol Ferrusola para que deposite 7,5 millones de euros y a Mercé Gironés 400.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse por los delitos contra la Hacienda Pública que se les imputan. Si no prestan esas fianzas, se les embargarán sus bienes.

Siguen en libertad

El juez ratifica la situación de libertad de los acusados al considerar que "no existe la necesidad" de asegurar su presencia en las sesiones de juicio oral con una situación distinta a la que han mantenido durante el proceso.

Sólo Jordi Pujol Ferrusola ha sufrido prisión provisional durante la fase de instrucción. El primogénito estuvo ocho meses en la cárcel de Soto del Real (Madrid) de la que salió el 27 de diciembre de 2017 tras prestar una fianza de 500.000 euros.

Las defensas tienen ahora un plazo de un mes para contestar los escritos de acusación.

La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 9 años de prisión para el expresidente Pujol. El Ministerio Público sostiene que el expresidente catalán "aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol Soley y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya, se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC".

El patrimonio ilícitamente obtenido habría sido ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante operaciones de blanqueo en las que intervinieron, presuntamente, los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años, sostiene.

Pujol Soley y su cónyuge "dirigieron las operaciones de ocultación y afloramiento", afirma Anticorrupción. Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés y Josep Pujol Ferrusol "gestionaron los beneficios de la actividad" ilícita y los demás "se beneficiaron directa y conscientemente del producto de esas conductas, coadyuvando a su ocultación".