El Gobierno indulta a Junqueras por "su peso indiscutible en la relación entre España y Cataluña"

Los nueve indultados, con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, a la cabeza, saldrán inmediatamente de prisión porque el Gobierno les perdonará a todos ellos toda la pena que aún no hayan cumplido.

Los indultos -que los beneficiados no han pedido y contra los que se han pronunciado el tribunal sentenciador y la Fiscalía- serán firmados por el rey Felipe VI y sólo entonces se publicarán en el BOE, en principio mañana miércoles.

Está previsto que la Sala Penal del Tribunal Supremo, la misma que dictó la histórica condena del 'procés' el 14 de octubre de 2017, se reúna en cuanto reciba la notificación oficial de los indultos para dictar resoluciones en las que declarará extinguidas las penas de privación de libertad y ordenará la excarcelación de Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; Jordi Sànchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural.

No habrá distinción entre el delito de sedición y el de malversación de fondos públicos en el caso de Junqueras, Bassa, Turull y Romeva, que fueron condenados también por ese segundo delito. El indulto recaerá sobre la pena única de prisión impuesta, ya que la condena fue por sedición en relación medial con malversación (el uso ilegal de fondos públicos fue medio o instrumento para cometer la sedición) y en esos supuestos los delitos se sancionan conjuntamente.

Sin cargos públicos

La medida de gracia será, por tanto, íntegra para la parte de las penas de cárcel pendiente de cumplir. El Gobierno establecerá un plazo de condicionalidad de entre tres y cinco años durante el que los indultados no podrán cometer ningún nuevo delito grave de carácter doloso. En caso de incurrir en reiteración delictiva en ese plazo, el indulto quedaría sin efecto.

Por el contrario, no se perdonará a ninguno de los nueve la pena de inhabilitación absoluta. Por tanto, no podrán ocupar ningún cargo público -sea electivo o no- durante el tiempo que indicó el fallo del Supremo.

En el caso de Junqueras, no podrá acceder a un cargo público hasta julio de 2031. Ello no quiere decir que no pueda ejercer la actividad política. De hecho, la propuesta motivada de la medida de gracia resalta que, como exvicepresidente del Gobierno catalán y, sobre todo, como presidente de ERC es "una persona clave para la restauración de la convivencia" y "su peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña resulta indiscutible". Condenado a 13 años de prisión, la pena más alta impuesta en la sentencia del 'procés', Junqueras ha cumplido tres años y siete meses.

La propuesta de indulto, elaborada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defiende la respuesta judicial que se dio a los hechos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017 y resalta la gravedad de la conducta de quienes actuaron fuera del marco constitucional, criticando que "ignoraran a la mitad de la sociedad catalana y al resto de la sociedad española".

Pero, una vez sentenciados y en la cárcel, el Ejecutivo considera que no puede obviarse el hecho de que los planteamientos políticos de los condenados son secundados por cientos de miles de catalanes y que el partido que dirige Junqueras ha sido el segundo más votado en las últimas elecciones catalanas. No se cita, en cambio, el relevante papel de ERC para la continuidad del propio Gobierno de Sánchez, que depende en el Congreso del apoyo o, al menos, de la abstención de los republicanos catalanes.

La propuesta explica la diferente posición constitucional del tribunal sentenciador, la Fiscalía y el Gobierno y defiende que este último tiene la "obligación ineludible de restaurar la convivencia" en Cataluña, porque la respuesta penal no es suficiente para resolver el conflicto social que subyace en la crisis política catalana.

Más aún, el Gobierno está convencido de que el mantenimiento en prisión de líderes políticos como Junqueras, que encarnan un valor simbólico para sus seguidores, incrementa la desafección y la percepción de que se trata de un castigo excesivo, cronificando el conflicto.

El indulto se concibe, así, por el Ejecutivo como una forma de abrir el camino para tratar de resolver un conflicto político mediante el diálogo, en un momento en el que acaba de comenzar una nueva etapa política en Cataluña con el Gobierno de ERC y Junts.

Sin arrepentirse

A falta de un arrepentimiento expreso -que la Ley de Indulto no contempla como requisito- la motivación del indulto de Oriol Junqueras resalta las manifestaciones públicas que ha hecho a lo largo de este año y que el Gobierno interpreta como un abandono de la vía unilateral.

En particular, concede importancia a la carta publicada el pasado día 7 en Ara y La Sexta en la que Junqueras se refería por primera vez a los indultos como "gestos que pueden aliviar el conflicto".

"Tenemos que ser conscientes de que nuestra respuesta tampoco fue entendida como
plenamente legítima por una parte de la sociedad, también de la catalana", afirmaba el líder republicano en referencia a los acontecimientos del otoño de 2017.

"La vía escocesa, la vía del pacto y el acuerdo, la vía del referéndum acordado es la opción que genera más garantías y reconocimiento internacional inmediato. Porque sabemos que otras vías no son viables ni deseables en la medida en que, de hecho, nos alejan del objetivo a alcanzar", en referencia a un proceso unilateral.

Junqueras, que tras la condena rechazó tajantemente el indulto declarando que "se lo pueden meter por donde les quepa", presenta ahora la medida de gracia como un "triunfo" que "demuestra las debilidades de los aparatos del Estado", dijo el pasado domingo.