La fiscal general, Dolores Delgado, ha considerado este miércoles que el anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye a los fiscales la dirección de la investigación de los delitos en lugar de los jueces de instrucción, necesita "ajustes" para conseguir "una Justicia ágil, eficaz y propia del siglo XXI".
En particular, Delgado ha subrayado que los fiscales no quieren "ser tutelados" en sus investigaciones por los jueces de garantías.
El Consejo Fiscal ha aprobado este miércoles por unanimidad el informe en el que refleja su opinión sobre el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) elaborado por el Ministerio de Justicia, aprobado el pasado noviembre y que se encuentra en fase de dictamen por las instituciones que tienen que pronunciarse sobre su contenido, como el propio Ministerio Público o el Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo Fiscal, que ha debatido su informe desde el lunes en una reunión celebrada en A Coruña, aplaude el cambio del sistema procesal penal y la idea de que se sitúe al fiscal al frente de la investigación criminal.
"Sin complejos"
Pero considera que la atribución de la dirección de la investigación a los fiscales debe hacerse "sin complejos" y sin una tutela judicial que considera excesiva.
El anteproyecto reserva al juez de garantías la autorización, a petición del fiscal, de las diligencias que afecten a derechos fundamentales (interceptación de comunicaciones, entradas y registros, etc.) y la adopción de medidas cautelares como la prisión preventiva.
Durante la fase de investigación el juez controlará el secreto de las actuaciones del fiscal, la dilación indebida del procedimiento investigador o el archivo de éste por el fiscal si es impugnado por la víctima o las acusaciones.
La defensa también podrá acudir al juez de garantías si el fiscal le deniega la práctica de diligencias.
En cualquier momento de la investigación del fiscal, el juez de garantías podrá archivar el procedimiento a petición del investigado si los hechos carecen "manifiestamente" de relevancia penal.
El Consejo Fiscal aprecia que el anteproyecto recela del Ministerio Fiscal y por ello le somete a una hipervigilancia y control permanente.
El informe propone limitar la intervención del juez de garantías a la tutela de los derechos y libertades fundamentales que puedan verse comprometidos durante el curso de la investigación.
Así, considera que debe suprimirse la previsión que atribuye al juez de garantías la facultad de "resolver las impugnaciones contra los decretos del fiscal" si éstos no afectan a derechos fundamentales.
Reforma del Estatuto
El informe del Consejo, a favor del cual han votado tanto los vocales de la Asociación de Fiscales como los de la Unión Progresista de Fiscales, también indica que las nuevas funciones del fiscal como director de la investigación "exigen una correlativa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que suponga un avance en los espacios de autonomía, especialización, transversalidad y descentralización, promoviendo la confianza de la ciudadanía en la institución".
Éste es un aspecto esencial para la mayoritaria AF, que considera que el cambio de modelo de investigación penal no puede hacerse sin un reforzamiento de la autonomía institucional de la Fiscalía.
Tras la reunión del Consejo, Delgado compareció en una rueda de prensa en la que abundó en la crítica central del informe aprobado señalando que "el juez de garantías tiene que ser garante de los derechos fundamentales, pero no tutor de la investigación del Ministerio Fiscal".
"Tenemos que liderar la investigación con plenas garantías de autonomía y, sobre todo, con los suficientes medios, tanto personales como materiales para poder desarrollarlo", ha remarcado, según informa Efe.
"Nuestra autonomía no solo es una autonomía organizativa sino también presupuestaria", ha dicho la fiscal general, que ha reclamado para el Ministerio Público "un presupuesto propio" con "una partida propia" en los Presupuestos Generales del Estado, "como pasa en países del entorno".
También ha demandado una ampliación de plantilla, dado que España tiene una ratio de cinco fiscales por cada 100.000 habitantes, cuando en Europa es de 11, ha dicho.