El Gobierno "respeta pero no comparte" la resolución dictada por el Tribunal Constitucional este miércoles, adelantada por EL ESPAÑOL, que ha declarado inconstitucional el confinamiento general de la población decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el 14 de marzo de 2020 y que recluyó en sus domicilios a 47 millones de personas.
Pese a no conocer los términos de la sentencia, el Gobierno encargó a la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, que tomó posesión del cargo hace 48 horas, la crítica a la decisión del TC y la defensa de un estado de alarma que el máximo intérprete de la Constitución acaba de declarar inidóneo para suspender de facto el derecho fundamental de circulación de los ciudadanos.
En realidad, el Tribunal Constitucional no ha cuestionado las medidas adoptadas frente a la Covid-19 pero sí el instrumento legal escogido por Pedro Sánchez para hacer frente a la pandemia. El TC declara que la medida de confinamiento general de los ciudadanos pudo haberse adoptado con el estado de excepción -que permite suspender derechos fundamentales en determinadas circunstancias- pero no con el estado de alarma -que sólo faculta a limitar los derechos fundamentales-.
"El confinamiento permitió salvar 450.000 vidas", dijo Llop en una declaración leída desde Moncloa y difundida por plasma, en una comparecencia sin preguntas.
La titular de Justicia recordó que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud determinó que la extensión del coronavirus debía ser considerada una pandemia global y subrayó que a finales de ese mes la cifra de fallecidos de "una crisis sanitaria que alcanzó cotas indescriptibles" era de mil personas al día.
Era necesario tomar medidas "inmediatas, urgentes y proporcionadas" y "defender la vida de millones de compatriotas", ha señalado.
"El confinamiento y la conducta ejemplar de los españoles nos permitió frenar el virus", ha añadido Llop. "La democracia utilizó el estado de alarma, al igual que lo hizo el resto de gobiernos con medidas equivalentes".
Llop ha defendido la actuación del anterior Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez señalando que la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio "contempla la declaración del estado de alarma para este supuesto concreto" de crisis sanitaria.
El Gobierno "respeta el criterio de los seis magistrados que han apoyado este fallo, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, como han defendido otros cinco magistrados de ese mismo órgano", ha dicho la ministra de Justicia revolviéndose contra el fallo, que, de otro lado, no es "de seis" jueces sino del Tribunal Constitucional como institución.
También indicó que el Tribunal Supremo "ha avalado el estado de alarma", aunque, en realidad, el TS nunca se ha pronunciado sobre el confinamiento general de la población.