El partido Podemos ha recurrido la decisión del juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tándem, de archivar la pieza Carol, referida a presuntos encargos hechos por la empresaria Corinna Larsen al excomisario José Manuel Villarejo. Será, por tanto, la Sala Penal de la Audiencia Nacional la que decida finalmente si la examante el rey emérito, Juan Carlos I, tiene que ser investigada en España al igual que lo es en Suiza.
García-Castellón reabrió la pieza Carol sobre la base de dos audios encontrados en casa de José Manuel Villarejo. El excomisario grabó el 7 de octubre de 2016 una conversación mantenida en Londres con Larsen durante la que ésta le expresó su sospecha de que una de sus asistentes, N. M., de nacionalidad española, estuviera filtrando información sobre ella al rey emérito y al CNI. Villarejo se ofreció a "chequear" el teléfono español de la asistente.
Se sospechaba, además, que Larsen encargó a Villarejo que hiciera una indagación sobre las trabas administrativas con las que se había encontrado su amigo Ben Goldsmith para desarrollar un proyecto inmobiliario en un terreno de su propiedad en Ronda (Málaga).
El pasado 28 de octubre, sin embargo, el juez archivó la pieza Carol tras recibir un escrito de la defensa de Larsen y otro de la Fiscalía Anticorrupción en el que advertían de que el presunto delito de revelación de secretos relativo a la asistente N.M. requería una denuncia previa de la presunta víctima, que no se había presentado. Además, para poder perseguir un presunto delito de cohecho concertado en el extranjero era necesaria una querella del fiscal, que tampoco existía.
Llamar a la asistente
Podemos insiste en su recurso en que los hechos no han sido debidamente investigados. Para empezar, porque no se ha tomado declaración como testigo a la asistente de Corinna, N.M., "ofreciéndole acciones" por si quiere denunciar.
El partido, personado como acción popular en la pieza Carol, considera que Larsen debe ser interrogada no sólo por un presunto delito de cohecho relacionado con los encargos a Villarejo sino también por un presunto blanqueo de capitales como supuesta testaferro de Juan Carlos I.
Recuerda, a este respecto, que en las llamadas cintas de Corinna la empresaria se refirió a episodios, como el de la adquisición de un terreno en Marrakech, en los que habría figurado como titular formal de bienes pertenecientes al rey emérito.
Podemos considera que sobre esos hechos no sólo debe declarar Larsen sino también Villarejo; su socio, Rafael Redondo, que también se entrevistó con la empresaria; Juan Villalonga, presente en, al menos, uno de los encuentros entre Larsen y el excomisario; el primo de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans-Borbón; el abogado suizo Dante Canónica y el empresario Juan Miguel Villar-Mir, que participó en el consorcio hispano-saudí que resultó adjudicatario del tren de alta velocidad a La Meca.
El partido afirma que la investigación debe incluir el envío de comisiones rogatorias a Mónaco, Marruecos y Reino Unido y sostiene que "de mantenerse el actual archivo [de la pieza Carol], ha de realizarse la inmediata comunicación a los órganos instructores suizos y a la propia Fiscalía de dicho estado ante la ausencia de investigaciones en España sobre los hechos".