El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha finalizado la instrucción de la pieza 15 de la Operación Tándem -el macrosumario por las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo-, y propone juzgar por delito de cohecho al exdirector de Seguridad de Mutua Madrileña Benjamín García Cañón.

En la misma pieza se juzgará al propio Villarejo y a su socio Rafael Redondo por contratar a la empresa Cenyt del comisario jubilado para confeccionar un informe de solvencia sobre un expresidente de la entidad, un proyecto denominado "Autumm" por el que Cenyt percibió 16.000 euros.

En la fecha de elaboración del citado informe, en 2012, Villarejo era comisario de Policía en servicio activo, señala el auto, y de ahí el delito de cohecho por el que el directivo ha sido procesado.

Según relata el juez en el auto conocido hoy, en octubre de 2009 Villarejo se dirigió a García Cañón para proponerle un proyecto de investigación denominado "Lump", con objeto de salvaguardar los intereses de la Mutua "ante una eventual situación de riesgo, como consecuencia de prácticas poco ortodoxas de ciertas personas".

Entre ellas figuran Juan Expedito Suárez Sánchez, el expresidente de la aseguradora José María Ramírez Pomatta y el exconsejero Arturo Baldasano, que se encuentra en la causa como perjudicado.

El encargo a Cenyt partió del conflicto entre la aseguradora y Ramírez Pomatta por su pensión de jubilación de 13,9 millones de euros.

La Mutua encargó a García Cañón la elaboración de un informe sobre la solvencia de Pomatta, que incluyó todo tipo de datos personales y patrimoniales de él y de su familia; el directivo se dirigió entonces a Cenyt para la elaboración del informe, por el que la empresa de Villarejo cobró 16.000 euros más IVA.

El informe elaborado por Cenyt señalaba que había "claras posibilidades de encontrar datos concluyentes que evidenciarían actuaciones irregulares de Ramírez Pomatta", evidencias que "podrían rentabilizarse en cualquier medida, incluso en el ámbito judicial", en relación con el contencioso que éste mantenía con la Mutua a causa de su pensión.

En 2014, el Tribunal Supremo anuló la pensión de jubilación de 13,9 millones de Ramírez Pomatta porque cometió un "abuso de derecho" al dimitir dos días antes de que la Junta General de Mutualistas revocase esas indemnizaciones por "excesivas y desproporcionadas".

El Supremo avaló el recurso de la aseguradora contra una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que fijó esa cuantía, y denegó al expresidente su derecho a cobrarla porque "su conducta fue contraria a las exigencias de la buena fe y socialmente reprobable".

Ramírez Pomatta, que inicialmente había reclamado 21 millones de pensión, fue consejero de Mutua desde el 22 de febrero de 1995 hasta el 28 de mayo de 2008, fecha en que renunció, además de presidente del consejo desde 2002.

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