La defensa de Jorge Fernández Díaz ha recurrido la decisión del juez Manuel García-Castellón de dar por terminada la investigación de la operación Kitchen y continuar el procedimiento para llevar a juicio, entre otros, a quien fue ministro del Interior en los gobiernos de Mariano Rajoy.
El letrado de Fernández Díaz, Jesús Mandri, ha interpuesto un recurso de reforma que deberá ser resuelto por el propio García-Castellón, cuyo planteamiento sobre el caso Kitchen es calificado de "simplista".
El cierre de la investigación "resulta precipitado y sorpresivo", sostiene, ya que todas las partes pidieron que las pesquisas continuaran seis meses más y la Fiscalía Anticorrupción propuso nuevas diligencias.
Pero "lo realmente preocupante" de la decisión judicial, afirma, es que "limite el objeto de investigación al entorno del Ministerio del Interior". Esto "es ajeno a toda lógica y contradictorio con el resultado de las diligencias practicadas", sostiene la defensa del exministro.
El "origen"
"Parece olvidar el instructor que el origen de la denominada operación Kitchen, según la tesis mantenida por el Ministerio Fiscal y por el propio Juzgado a través de sus resoluciones, era el acceso y en su caso sustracción de información en poder del entorno de Luis Bárcenas, de carácter sensible y perjudicial para algunos dirigentes del Partido Popular, hurtando tal información del proceso judicial que estaba tramitándose [caso Gürtel]", señala el recurso.
Considera, por ello, claro que "el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior". "Y es obvio que Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", añade.
La defensa de Fernández Díaz apunta, así, hacia el PP, cuya implicación en la operación Kitchen ha sido negada por García-Castellón, que descarta "la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior" para espiar a Bárcenas y sustraerle la documentación que conservara sobre la financiación irregular del partido.
"La interpretación del instructor 'encapsulando' los hechos en el entorno del Ministerio del Interior y rechazando la vía de investigación hacia el origen del problema atenta contra el más elemental sentido común y contradice el resultado de las diligencias practicadas", señala el recurso.
Según el escrito, la investigación se ha cerrado en falso al "cercenar bruscamente otra vía de investigación que es la que está precisamente articulando el Ministerio Público a través de las diligencias" que pidió en julio. La Fiscalía solicitó que se averiguara la titularidad de tres teléfonos móviles desde los que, según el excomisario Villarejo, éste se habría comunicado con Rajoy, algo a lo que el juez no da ninguna credibilidad.
"Manifestaciones interesadas"
La defensa de Fernández Díaz se queja de que la decisión del instructor de "encapsular" los hechos en el Ministerio del Interior, "rechazando la vía de investigación que articula la Fiscalía", le perjudica porque "necesariamente conlleva el procesamiento [sic] de su máximo responsable en aquellos años, a quien se atribuye una presunta responsabilidad penal objetiva por razón del cargo que ostentaba". Y ello pese a que "del resultado de las diligencias practicadas no puede inferirse conocimiento o participación en los hechos por parte de Fernández Díaz más allá de las manifestaciones interesadas de Francisco Martínez", exsecretario de Estado en Interior.
El juez "presupone", dice, que el exnúmero dos del Ministerio obedecía órdenes del ministro "sin fundamento o elemento alguno que avale tal razonamiento".
Indica, a este respecto, que el "único elemento" incriminatorio contra Jorge Fernández son dos actas notariales en las que Martínez protocolizó en 2019 -ya iniciada la investigación judicial- supuestos mensajes enviados por el ministro en 2013 sobre el desarrollo de la operación Kitchen.
"Fernández Díaz ni recibió ni envió los mensajes que le atribuye Martínez", insiste la defensa. Subraya que, al levantarse el secreto de las diligencias, se ha conocido un "relevante" escrito de la unidad policial investigadora relativo al volcado del teléfono móvil del exsecretario de Estado.
Mensajes borrados
El informe policial hace referencia a numerosas conversaciones y chats de Martínez con "policías, políticos, periodistas, incluso algún magistrado", pero "no aparecieron nunca en el volcado los mensajes que atribuía a Fernández Díaz", que fueron borrados tras protocolizarlos ante dos notarios amigos suyos.
"Si Francisco Martínez borró los mensajes, ¿por qué lo hizo? Y si no los borró, ¿dónde están y por qué no los ha aportado?", se pregunta la defensa del exministro. "Sencillamente porque tales mensajes no existen y fueron manipulados, prefabricados y creados ad hoc para incriminar a Fernández Díaz y quizá exculpar a otras personas".
El recurso también contiene una queja sobre el desigual trato dado al exministro y a quien fue su número dos. "Si tanta relevancia atribuye el instructor a tales mensajes [los protocolizados ante notario], sorprende que no se haya requerido nunca a Martínez a fin de que aportara sus teléfonos móviles. El Juzgado sí requirió a Fernández Díaz para que entregara su terminal (...) en una suerte de inversión de la carga de la prueba, como si fuera él quien tuviera que acreditar la inexistencia de los mensajes que Francisco Martínez le atribuye".
La defensa destaca que ninguno de los mandos policiales involucrados ha mencionado ningún contacto con el ministro "ni existe elemento o indicio que permita concluir que Fernández Díaz estuviera al corriente o participara en la gestión de los fondos que fueron destinados presuntamente a pagos efectuados a Sergio Ríos", el chófer de los Bárcenas que fue captado como confidente para la operación Kitchen.
"No existen motivos para sostener por más tiempo la imputación de Jorge Fernández Díaz, con riesgo de someterle injustificadamente a una 'pena de banquillo' adicional a la 'pena de telediario' que ya ha sufrido", concluye el recurso.