El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha "urgido" este lunes a que el Consejo General del Poder Judicial, pendiente de renovación desde hace dos años y nueve meses, "desaparezca del escenario de la lucha partidista" y que las fuerzas políticas lleguen "en las próximas semanas" a un acuerdo sobre su renovación".
Lesmes, que se ha expresado así durante su octavo discurso de apertura del curso judicial, ha apelado para ello al "patriotismo constitucional" y a la "generosidad". La ministra de Justicia, Pilar Llop, y el presidente del PP, Pablo Casado, estaban presentes en el solemne acto, presidido por el rey Felipe.
El máximo representante del Poder Judicial -que esta vez ha preferido no incluir unos párrafos de despedida dado el poco éxito que ello ha tenido en sus tres anteriores discursos- se ha referido a la "anormal situación" en la que se encuentra el CGPJ "por causas que le son completamente ajenas".
Subrayó que la duración de cinco años determinada por la Constitución para el mandato de cada CGPJ no es "orientativo" sino que las Cámaras "están obligadas a respetar ese plazo".
"El deber que dimana de la propia Constitución no puede subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento".
Lesmes recordó que tanto él como el Pleno del CGPJ han pedido reiteradamente al Congreso y al Senado la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "Ninguno de esos llamamientos ha surtido efecto", ha lamentado, "y asistimos un año más, con especial polémica, a esta anormal prolongación del mandato del Consejo que presido".
A su juicio, es "insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad" la situación de impasse en el CGPJ, "porque este incumplimiento de la legalidad está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos".
"Plena autonomía"
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ ha manifestado que la reforma que limita las competencias de Consejo cuando está en funciones "ha venido a agravar la situación".
"La urgencia de esa reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos, sin que medie vinculación de dependencia política alguna de las Cortes Generales, tal y como señaló el Tribunal Constitucional".
"La justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución", ha enfatizado, contradiciendo el discurso que mantienen PSOE y Unidas Podemos.
Esa reforma competencial, sobre la que el CGPJ no ha podido expresar su opinión pese a que lo solicitó al Parlamento, ha significado que el Consejo "no ha podido cumplir durante los últimos seis meses con una de las funciones esenciales que tiene atribuidas", realizar nombramientos de altos cargos de la Judicatura.
Ello "coloca en una muy difícil situación" a los tribunales y, en especial, al Tribunal Supremo, en donde ya se acumulan 11 vacantes de magistrados.
Es la tercera apertura del curso judicial que se celebra con un órgano de gobierno de los jueces en prórroga de mandato. El CGPJ, que debe ser renovado en su totalidad cada cinco años, tuvo que ser cambiado en diciembre de 2018.
El enfrentamiento entre el Gobierno -que ha asumido la negociación de una renovación que, de acuerdo con la ley, correspondería a las fuerzas parlamentarias- y el PP -sin cuyo concurso no es posible elegir a los nuevos vocales, dado que la Constitución exige una mayoría de tres quintos de las Cámaras- se ha acentuado en las últimas semanas, alejando la posibilidad de un acuerdo.
Conversaciones encalladas
Las conversaciones encallaron el pasado febrero debido a la exigencia de Unidas Podemos de que uno de los dos vocales que le corresponderían sea el magistrado José Ricardo de Prada, que además ocuparía una de las plazas de jurista. De Prada fue el autor de las referencias a la presunta caja B del PP en la sentencia del caso Gürtel.
Pero el último caballo de batalla es el sistema de elección de los 12 vocales del CGPJ que deben ser jueces. El PP -y en esto coinciden todas las instancias europeas- quiere que esos consejeros sean elegidos directamente por la carrera judicial, sin ninguna interferencia política. El Gobierno rechaza modificar una fórmula que permite a las fuerzas políticas controlar quiénes van a ser los 20 consejeros.