La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo del caso Púnica respecto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que fue investigada por la adjudicación del contrato de servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 al empresario Arturo Fernández y por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.
El archivo fue acordado el pasado 20 de abril por el juez instructor, Manuel García-Castellón, que apreció que la implicación de Cifuentes en esos hechos “se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente”.
La Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional ha desestimado ahora los recursos contra el archivo interpuestos por el PSOE y por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que pretendían que Cifuentes siguiera en el caso Púnica como investigada. Los recursos fueron impugnados por la Fiscalía Anticorrupción.
En una resolución contra la que no cabe recurso, el tribunal de apelación confirma el archivo no sólo para la expresidenta del Gobierno madrileño sino también para el presidente del grupo empresarial Cantoblanco, Arturo Fernández, y para una letrada de la Asamblea de Madrid que intervino en el proceso de adjudicación del servicio de cafetería.
En una resolución con ponencia del magistrado Juan Francisco Martel, la Sección Penal Cuarta considera que "de toda la actividad indagatoria se extrae, de manera clara y contundente, la insuficiencia de indicios racionales de criminalidad en los actos de los tres investigados".
Explica que no ha quedado acreditado, “ni siquiera indiciariamente, que la adjudicación de los servicios de explotación del restaurante de la Asamblea de Madrid a la empresa Cantoblanco Colectividades SL durante los ejercicios sujetos a comprobación tengan una relación directa con las donaciones, por importes de 100.000 euros y 60.000 euros, que hicieron las entidades Arturo Grupo Cantoblanco SL y la Confederación Empresarial de Madrid, respectivamente, en favor de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (FUNDESCAM), controlada por el Partido Popular”.
Respecto a Cifuentes, la resolución señala que del resultado de las diligencias se deduce que no se ha podido constatar que su actuación haya sido determinante para la adjudicación de los servicios de cafetería y restauración de la Asamblea de Madrid en favor de Arturo Fernández. Tampoco que en tales adjudicaciones hayan sido relevantes las donaciones efectuadas por este empresario a FUNDESCAM.
“Inexistencia de indicios de criminalidad que hemos de extender a la conducta consistente en participar en la financiación ilegal del Partido Popular”, concluye el tribunal.
"En lo que respecta a los contratos administrativos de adjudicación de los servicios de restauración en la Asamblea de Madrid, consta que participaron todos los grupos políticos, que 'incorporaron el criterio ponderativo de la calidad de la comida y del servicio, que no se apreció por ninguno de los intervinientes irregularidad ninguna ni interés espurio y que el comité de expertos designado actuó con independencia y unanimidad, llegando a la conclusión de que la mejor oferta era la del Grupo Cantoblanco", explica.