El Tribunal de Cuentas no acepta el aval del Gobierno catalán para la fianza del 'procés' y ordena embargo

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García Moreno ha acordado rechazar los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza solidaria de 5,4 millones de euros impuesta a los 42 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña que destinaron indebidamente esa cuantía de fondos públicos a acciones en el extranjero para promover el proceso independentista catalán ('procés').

De acuerdo con la resolución de la instructora, conocida por EL ESPAÑOL, el rechazo del aval prestado por el ICF se debe a que legalmente sus fondos no pueden "amparar conductas dolosas marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave", tal como indiciariamente puede predicarse de la actuación de los políticos y funcionarios del Govern que emplearon o autorizaron destinar 5,4 millones de euros a promover en el extranjero la independencia unilateral de Cataluña.

"Al haber vencido con exceso el plazo otorgado para depositar o afianzar las presuntas responsabilidades contables", añade, "procede el embargo de los bienes y derechos" de los afectados por el procedimiento de responsabilidad contable que se acogieron al aval del ICF rechazado ahora.  

El Gobierno catalán aprobó el pasado julio el decreto-ley 15/2021 para dar entrada al ICF en un nuevo Fondo Complementario de Riesgos, creado ex profeso para que los políticos y altos funcionarios afectados por la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas fuera prestada por ese organismo -dependiente de la propia Generalitat- sin que ellos vieran comprometido su patrimonio.

Esta vía para que el aval fuera prestado con dinero público fue activada después de que ninguna entidad financiera quisiera depositar la fianza.

Respaldo a la liquidación

Por su parte, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha rechazado los recursos interpuestos por los políticos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña involucrados en el procedimiento de responsabilidad contable relacionado con la promoción del proceso independentista catalán en el extranjero. Entre ellos se encuentran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como el exvicepresidente Oriol Junqueras.

La delegada instructora ha cifrado en 5,4 millones de euros el menoscabo producido a los fondos públicos por actividades de promoción del 'procés' realizadas por las Delegaciones de la Generalitat en la Unión Europea y en el extranjero y por el organismo Diplocat. Se trata de una cantidad provisional, que deberá ser aquilatada durante la fase de enjuiciamiento que corresponde, en primera instancia, a la consejera Margarita Mariscal de Gante.

La liquidación provisional se dirigió contra 42 personas. Además de Mas, Puigdemont y Junqueras, el proceso afecta a los exconsejeros Raül Romeva, Andreu Mas-Colell y Francesc Homs.

Mas debería responder de 2,8 millones; Homs, de 2,9 millones; Puigdemont y Junqueras, de 1,9; Mas-Colell de 2,8 y Romeva, de 2,1 millones de euros. 

La mayor suma se le atribuye al exsecretario del Diplocat Albert Royo (3,6 millones). Le sigue la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones.

Al tratarse de una responsabilidad solidaria, todos ellos tienen la obligación común de hacerse cargo de la fianza y lo que cada uno entregue decrecerá el montante global al que deben hacer frente, hasta cubrir los 5,4 millones del erario catalán menoscabados.

La instructora sostiene que todos ellos son presuntamente responsables de gastos por actividades "cuya realización contraviene frontalmente la Constitución y las leyes que delimitan el ámbito competencial de la comunidad autónoma" catalana.

Eran actividades de promoción de la independencia o soberanía "que no tienen cabida en dicho ámbito competencial".

Tampoco respondían, sostiene la instructora, al "interés de Cataluña", que a su juicio, no puede ser identificado con la promoción de las opiniones políticas personales de los sometidos al proceso "sobre un aspecto que, además, queda fuera de su competencia".

Eran, por tanto, actividades, "que no cumplían con la finalidad establecida en la Ley de Acción Exterior de 'promover en el exterior los intereses del conjunto de Cataluña'".

Gastos sin control

El acta de liquidación provisional se refiere, asimismo, a las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión económico-financiera de esas actividades.

El documento alude a una "falta de control" de la actividad de las delegaciones de la Generalitat en el exterior y a la ausencia de un sistema "que permita conocer y vigilar sus actividades o gastos", que se realizaban "sin ningún tipo de limitación y sin la previa justificación de su necesidad".

El acta de liquidación provisional se refiere a Diplocat como "vehículo directo de transmisión de las aspiraciones soberanistas del Gobierno catalán al servicio de sus propios intereses" y cuya acción "no parece estar ligada a la promoción de intereses autonómicos derivados del ejercicio de sus propias competencias".

Según la delegada instructora, la Intervención General de la Generalitat "no realizó ningún control financiero ni de legalidad, a pesar de lo señalado en el texto refundido de la Ley de Finanzas de Cataluña".