La alarma se ha extendido este lunes como la pólvora entre los magistrados del Tribunal Constitucional: el presidente, Juan José González Rivas, valora suspender el pleno ya convocado para la próxima semana, en el que está previsto debatir sobre el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno por la Covid-19. El proyecto de sentencia elaborado por el ponente, Antonio Narváez, propone declarar inconstitucional la medida.
La ponencia tiene en principio el apoyo mayoritario para salir adelante. Sería el segundo varapalo que recibe el Gobierno de Pedro Sánchez por la forma con la que hizo frente a la crisis sanitaria, no por las medidas adoptadas para garantizar la salud -cuya necesidad el Constitucional no cuestiona- sino por hacerlo con un instrumento jurídico inidóneo, sin el debido control parlamentario y con una incorrecta delegación en las comunidades autónomas.
La eventual suspensión del pleno, posibilidad que el presidente ha comentado en los últimos días en su círculo más estrecho, "carece de base legal, no tiene precedentes y sería una cacicada", dice un magistrado, que no oculta su fuerte malestar.
"Estamos escandalizados", dice una segunda fuente. "Sería una tropelía con todas las letras", afirma un tercer magistrado, que se remite al diccionario: "Acción ilegal cometida por alguien que abusa de su poder o de su autoridad".
A juicio de estas fuentes, el hecho de que el Gobierno y el PP hayan anunciado un posible acuerdo para la renovación del tribunal "no es un argumento" para bloquear la actividad jurisdiccional del tribunal. De hecho, sería una suspensión inédita: el Constitucional nunca ha dejado de trabajar por estar pendiente de una renovación, ni siquiera si ésta parece inminente.
Las fuentes consultadas recuerdan que el pasado febrero ya se dio por cerrado un acuerdo para la renovación del TC, que se rompió finalmente por el desacuerdo en torno al cambio del Consejo General del Poder Judicial. En aquel momento "a nadie se le ocurrió que dejáramos de hacer nuestro trabajo", señalan. "Tampoco ahora hay garantía alguna de que la renovación se vaya a producir efectivamente".
Lo que dice la ley
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que los magistrados "continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles" (artículo 17.2).
"La ley habla de ejercicio de nuestras funciones, no de que estemos cruzados de brazos hasta que nos renueven", subrayan los magistrados consultados.
"Éste es el mismo tribunal que viene funcionando desde noviembre de 2019 [cuando debió procederse por el Congreso a la renovación de cuatro magistrados, incluido el propio González Rivas]. Si hasta ahora el presidente no ha visto motivo para dejar de trabajar, tampoco lo hay ahora", sostienen.
Subrayan, además, que se trata de un pleno ya convocado y que no concurre ningún motivo legal para desconvocar.
Estas fuentes interpretan que "lo que sucede es que el presidente no quiere que se debata la ponencia sobre el segundo estado de alarma para evitar la posibilidad de una nueva desautorización del Gobierno". González Rivas, nombrado magistrado del TC a propuesta del PP, se ha alejado de la posición de los magistrados que en 2017 le auparon a la presidencia en los asuntos que más preocupan al actual Gobierno PSOE-Podemos.