Pilar Llop: "Los indultos del 'procés' han sido útiles para destensar la relación con Cataluña"

Quiere hacerlo a través de modificaciones procesales, con una nueva organización basada en los tribunales de instancia y a través de una ambiciosa digitalización de la Administración de Justicia, las tres patas de un proyecto iniciado por su antecesor, Juan Carlos Campo, que recibirá el impulso de los fondos europeos y tendrá el marchamo de esta jueza de carrera, ahora responsable de la cartera, que cree que la Justicia debe ser "un motor de progreso".

Sólo 101 días después de su llegada al Ministerio de Justicia, PSOE y PP han logrado cerrar la renovación, entre otras instituciones, del Tribunal Constitucional, que llevaba un retraso de dos años. 

"Más allá de los nombres de las personas propuestas, todas ellas de larga trayectoria en el mundo del Derecho, lo importante es el acuerdo de Estado alcanzado sobre la renovación de los órganos constitucionales", defiende Llop. La magistrada Inmaculada Montalbán, con la que coincidió en el Consejo General del Poder Judicial y que es, como la ministra, experta en asuntos de igualdad y violencia de género, será una de las nuevas integrantes del Tribunal Constitucional. 

Su primera intervención como ministra fue una comparecencia sin preguntas desde La Moncloa para replicar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró contrario a la Constitución el confinamiento de la población decretado en el primer estado de alarma. ¿Es función de la titular de Justicia criticar a los tribunales?

Fue una comparecencia no para hacer una crítica de la sentencia -porque sólo se conocía el fallo- sino para explicar a la ciudadanía -como es obligación del Gobierno- por qué se había tomado esa decisión. Una decisión que fue muy dura, en un momento en el que había que estar a la altura de las circunstancias y eso significaba comprender la complejidad de la mayor crisis sanitaria, social y económica que estábamos viviendo en España. La sentencia fue adoptada por seis magistrados frente a cinco, con una plaza vacante y sin que pudiera operar el voto de calidad del presidente. Lo que hice fue explicar que con el estado de alarma se habían salvado más de medio millón de vidas y que el Gobierno actuó con prontitud, sin que en aquel momento se supiera a qué nos enfrentábamos.

¿Quiere decir que el Tribunal Constitucional no estuvo a la altura de las circunstancias?

La decisión del TC fue internamente controvertida. El propio presidente del tribunal apuntó en su voto particular que hubo una mínima mayoría. Pero el Gobierno la acata.

Estado de alarma, proceso soberanista catalán, indultos, el nombramiento de la fiscal general... ¿Cree que, como algunos dicen, los jueces están invadiendo la política? 

No es que los jueces estén invadiendo la política. Los jueces están haciendo su trabajo. Porque cuando les llega un asunto, ellos tienen que resolver y lo hacen, además, con toda la profesionalidad. Tenemos una carrera judicial con gran prestigio. Pero lo que sí es cierto es que algunos partidos políticos están constantemente poniendo en duda ante los tribunales las actuaciones del Gobierno.

"Los jueces no están invadiendo la política. Pero algunos partidos están constantemente poniendo en duda ante los tribunales al Gobierno"

¿Sería partidaria de limitar la acción popular para que no la puedan ejercer los partidos políticos?

Hay herramientas para que no se admitan a trámite acusaciones populares. También hemos visto que en el contencioso relativo al nombramiento de Dolores Delgado el Tribunal Supremo ha entendido que no había legitimación por parte de los partidos recurrentes [PP y Vox]. Habrá que analizar la legitimación para ejercer la acción popular en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Ministerio está impulsando y sobre la que se va a pronunciar la comisión interinstitucional que vamos a constituir.

¿Va a salir adelante esa ley en esta legislatura?

Estamos trabajando para que salga. La tramitación parlamentaria requiere luego su tiempo. Es una ley muy importante, que afecta de una manera estructural al modelo de investigación penal. Parece que hay un cierto consenso en las fuerzas políticas, los profesionales y las instituciones sobre el traslado de la investigación penal a la Fiscalía. Pero hay que ver de qué modo se lleva a cabo para que se haga de forma sólida. Si conseguimos no dar pasos en falso y lograr ese consenso institucional, eso refuerza el sentido de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este grupo de trabajo es importante para afianzar los cimientos de esa ley.

¿Cree que, aunque la Fiscalía archive la investigación sobre el patrimonio del rey emérito, él debe dar una explicación a los ciudadanos sobre su conducta?

Felipe VI está teniendo una actuación ejemplar y está dando importantes pasos hacia la transparencia y la modernidad.

Me refiero a Juan Carlos I.

Es él el que tiene que decidirlo. El Gobierno no tiene que opinar. Cada uno es responsable y sabe lo que tiene que hacer.

Se lo pregunto porque lo ha dicho el presidente del Gobierno.

Cada uno tiene que adoptar sus propias decisiones, sobre todo quienes han ejercido o estamos ejerciendo cargos públicos.

"Es el rey emérito el que tiene que decidir si da explicaciones a los ciudadanos"

¿Usted hubiera propuesto los indultos a los condenados por el 'procés'?

Yo estoy de acuerdo en hacer todos los esfuerzos que sean necesarios y utilizar todos los instrumentos legales y constitucionales que tenemos para destensar la relación con Cataluña, para afianzar el principio de solidaridad entre todas las comunidades autónomas, para tender puentes y recuperar afectos y para que Cataluña y el resto de España sean motores económicos.

O sea, que cree que los indultos pueden servir para eso

Desde luego, sí, fueron útiles.

¿De qué manera va a trabajar el Ministerio de Justicia para que Carles Puigdemont sea juzgado en España, como prometió Pedro Sánchez ("A ustedes se les fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a ahora a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia")?

La Justicia es absolutamente independiente. El Gobierno tiene que ser impecable y dejar que trabajen los tribunales, la Abogacía del Estado, los tribunales extranjeros y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿Pero cómo van a cumplir esa promesa?

Es una decisión que corresponde a los tribunales. Nosotros haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para poner a disposición los medios una vez que se decida por quien tiene que hacerlo, que son los tribunales.

Polonia ha tratado de justificar la decisión de su Tribunal Constitucional sobre la prevalencia del Derecho interno sobre el Derecho de la UE poniendo como ejemplo a España y el caso de Oriol Junqueras. ¿Que le parece la equiparación?

España respeta los principios y valores europeos. Siempre nos hemos caracterizado por ser un país que ha hecho avances y progresos en materia de derechos humanos y cohesión social y territorial, que es uno de los pilares que sustentan una Europa solidaria donde los países tienen que preservar el Estado de Derecho. España respeta siempre a las instituciones europeas.

¿Entonces por qué no le hacen caso a la recomendación del cambio del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, como han sugerido todas las instituciones europeas?

A quien corresponde abrir ese debate y decidir sobre esa cuestión es al legislativo. En un Estado de Derecho en el que hay separación de poderes, el Ejecutivo no debe inmiscuirse en el Poder Judicial. Son los representantes de los ciudadanos los que tienen que decidir qué modelo quieren de Consejo General del Poder Judicial.

¿Pero el proyecto de reforma no puede partir del Ejecutivo?

Yo creo que no. Si somos estrictos e íntegramente respetuosos con el principio de división de poderes, no debería ser un proyecto de ley. Nada lo impide, pero no debería. Debe ser una ley que emane de poder legislativo. Tenemos un sistema de elección que es constitucional, que está avalado por el Tribunal Constitucional y que es perfectamente legítimo. La Constitución dice que todos los poderes emanan del pueblo español y cuando son los representantes de los ciudadanos los que nombran a quienes van a representar al Poder Judicial estamos respondiendo con lo que es realmente un poder del Estado. El Poder Judicial no es un poder de los jueces, de los abogados o de los operadores jurídicos, es un poder de los ciudadanos.

"El modelo de Consejo General del Poder Judicial no debe ser un proyecto de ley del Gobierno, debe emanar del Parlamento"

Una vez renovados el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, ¿es optimista sobre el cambio del Consejo General del Poder Judicial? 

Quien es progresista tiene la obligación siempre de ser optimista. Lo que espero es que de una vez por todas se cumpla con la Constitución y se pueda renovar también el CGPJ. Llevamos más de mil días en prórroga de mandato y esto impacta directamente en la ciudadanía. El CGPJ es quien nombra a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, que son los que hacen la jurisprudencia en materias como desahucios, derecho de familia, delitos sexuales...materias que nos afectan.

¿El hecho de que el ministro Bolaños lleve las negociaciones no afecta a la separación de poderes?

Es evidente que esa negociación tiene que ser llevada en el Legislativo. Pero el Ejecutivo tiene una obligación, que es denunciar la situación y procurar que se abran las vías de diálogo. Esto es lo que hace el ministro Bolaños, como he hecho yo misma. El día 1 de septiembre estaba reunida con los grupos parlamentarios interesándoles que avanzaran en la renovación.

¿Y qué le parece el reparto por cuotas de las instituciones?

Desconozco que se hable de repartirse las instituciones.

Pese a la larga trayectoria de la ley de igualdad, sigue existiendo una infrarrepresentación de las mujeres en los altos puestos de la Judicatura y del Tribunal Constitucional. ¿Cree que veremos a una mujer presidiendo el Tribunal Supremo?

Espero que sí. Y que también haya una mujer presidiendo el Gobierno.

¿Sería partidaria de un sistema de cuotas para llegar a la igualdad de género en los altos cargos judiciales?

Lo que estamos viendo es que, si no hay cuotas obligatorias, al final dejamos a la buena voluntad de las personas la decisión sobre que haya mujeres que, con los mismos méritos y la misma capacidad que un hombre -o incluso mayores méritos y capacidad-, puedan llegar a esos puestos de toma de decisión. Como sabemos que las mujeres, tradicionalmente, por esos roles que nos han sido adjudicados, se dedican más a las tareas del hogar y a los cuidados, al final no optan a esos puestos directivos, que son de mayor exigencia, sobre todo en cuanto a los horarios. Eso hace que estemos perdiendo un talento femenino extraordinario. No creo que el Poder Judicial, que ahora tiene en algunas promociones hasta un 70% de mujeres, se pueda permitir esto. El Poder Judicial tiene que aprovechar todo el talento, de hombres y mujeres.

O sea, sí a las cuotas

Sí. Soy partidaria de las cuotas hasta que la situación se normalice. Hubo un proyecto de Directiva de Viviane Reding [exvicepresidenta de la Comisión Europea] elaborado en 2012 que al final no salió, pero que merece la pena releer.  

En el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa se recomendaba introducir medidas de transparencia en la comunicación entre el Gobierno y la Fiscalía General. ¿Van a hacer algo a este respecto?

Tanto la Fiscalía como nosotros estamos trabajando en ese informe para ver qué medidas se pueden adoptar incrementando la independencia y la fortaleza del Ministerio Público.

¿Qué mejoras se compromete a dejar hechas en la Administración de Justicia antes de que acabe la legislatura?

Estamos trabajando en un proyecto extraordinario, Justicia 2030, que supone dar un vuelco al sistema organizativo de Justicia, que es decimonónico y está agotado: es incapaz de asumir la litigiosidad y no va acompasado con la transformación digital que experimenta nuestro país. El proyecto no es sólo del Ministerio de Justicia sino que es compartido por las comunidades autónomas y cogobernado con la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial. Los trabajadores de Justicia, sindicatos, operadores jurídicos han intervenido y se ha escuchado su opinión. Se sustenta en tres andamiajes: la eficiencia digital, la eficiencia procesal y la eficiencia organizativa. Van a producir una Justicia más eficaz, más sostenible, más cercana a los ciudadanos. Desaparecen los Juzgados de primera instancia, que se convertirán en tribunales de instancia. Se despliega toda una red que va a vertebrar el territorio español a través de las oficinas judiciales municipales en sustitución de los Juzgados de paz, oficinas integradas por profesionales y a las que los ciudadanos acudirán para celebrar juicios y vistas telemáticas. Esto supone un ahorro en transporte, lo que impacta positivamente en el medioambiente y en el bienestar de las personas, porque permite el acceso fácil y próximo a los recursos de la Justicia.

"Tenemos que lograr que los Tribunales sean vistos como motores de progreso y desarrollo económico y social"

También quiero poner en valor la cohesión digital, que va a ser el futuro en la tramitación judicial. En las oficinas habrá acompañamiento a los ciudadanos para que no haya brecha digital y se va a ayudar a quien no entienda los trámites. Tenemos que lograr que los tribunales sean vistos como motores de progreso y desarrollo económico y social y no como obstáculos, no por la voluntad de las personas que trabajan en ellos, que son grandes profesionales, sino por todos esos impedimentos procesales y técnicos que impiden muchas veces que los asuntos se solucionen en un tiempo adecuado. Es un proyecto de país, para España. Una Justicia de calidad, cercana a los ciudadanos y que responda a sus necesidades es el gran proyecto.