El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de un año y siete meses de cárcel para un capitán del Cuerpo Jurídico Militar, destinado en la Guardia Civil, que falsificó la firma de un coronel implicado en el intento de golpe de Estado del 23-F y, una vez con la rúbrica falseada, envió cuatro cartas con amenazas a varios políticos en 2015.
Los dirigentes eran: Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior cuando sucedieron los hechos, Cayo Lara (en aquel tiempo, diputado por Izquierda Unida y coordinador federal de la formación) y su colega de partido Alberto Garzón, hoy ministro de Consumo.
En ellas, bajo la identidad falsa del coronel Vicente Javier Carricondo, se quejaba del ascenso del partido político Podemos y advertía de las consecuencias de su llegada al poder. El propio Garzón, en 2015, llegó a compartir en su perfil de Twitter la carta que recibió.
"No me preocupa su corbata desaliñada ni su horrible estilo jipi de los años sesenta. Lo que me preocupa es la singracia y malafollá del comunismo de Lenin que esconde. Creo que no es casualidad la coincidencia de su apellido con el del juez rojo", comenzaba la misiva, comparándole con el magistrado Baltasar Garzón.
Ahora, según consta en un comunicado difundido por el Consejo General del Poder Judicial, el Alto Tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el condenado, en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le impuso la pena de 19 meses de prisión por un delito continuado de falsificación de documentos privados.
La Audiencia también le condenó —pena que ahora ratifica el Supremo— a inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante ese año y 7 meses, así como al pago de una indemnización de 1.000 euros a Carricondo, cuya firma falsificó y quien, al conocer el envío de las cartas a su nombre, denunció la usurpación de su identidad.
"Dañar la fama"
Según consta en el apartado de hechos probados de la sentencia del Supremo, el capitán pretendía "dañar la fama y la reputación" del coronel, que participó, cuando era teniente, en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, por el que fue condenado.
Su intención al falsificar la firma era que pareciera que las cartas habían sido redactadas por este. "Dado su contenido ofensivo y amenazante, dirigidas a autoridades, no solo daña la consideración que en ese momento se tuviere del supuesto firmante, sino que es susceptible de acarrear responsabilidades, incluso penales, para quien aparece como firmante", indica la Sala del Supremo.
En otra de las misivas, pedía al entonces ministro del Interior "reconducir manu militari" la dirección del Gobierno de España ante el auge de Podemos.
Fachada del Tribunal Supremo.
De acuerdo con la sentencia del Alto Tribunal, ponencia del magistrado Andrés Palomo del Arco, el condenado obtuvo la rúbrica de un documento que figuraba en la página web del portal de contratación del Estado.
Según consta en el comunicado conocido hoy, la Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica informó que desde siete direcciones IP se había realizado alguna conexión con la URL donde figuraba la firma y se comprobó que una de ellas era la utilizada por el condenado desde su puesto de trabajo, que, como miembro del Cuerpo Jurídico Militar, consistía en el asesoramiento en esta materia a la Benemérita.
Asimismo, durante un registro en su domicilio, practicado a lo largo de la investigación del caso, se encontró un pendrive que había contenido un archivo —ya estaba borrado, pero pudo ser recuperado— que contenía un pliego para licitar el suministro de combustible para la calefacción para unas instalaciones de la Guardia Civil de febrero de 2010, que había sido rubricado por el coronel Carricondo, que era superior jerárquico del condenado y con el que este había tenido una disputa, que parece ser el motivo de esta peculiar venganza.