Enriqueta Chicano, consejera del Tribunal de Cuentas y candidata a la reelección para un nuevo mandato de nueve años, ha rechazado este martes en el Congreso que sea un "abuso de Derecho" la fiscalización de los fondos públicos dedicados por la Generalitat de Cataluña a la acción exterior, examen que ha dado lugar a un procedimiento de responsabilidad contable por haber servido a la promoción del 'procés'.
Chicano ha comparecido ante la Comisión Consultiva de Nombramientos de la Cámara Baja con el fin de que los diputados examinen sus méritos y curriculum tras el acuerdo alcanzado por PSOE y PP para la renovación del Tribunal de Cuentas. Tras ella han comparecido Isabel Fernández Torres, María Dolores Genaro, Diego Íñiguez, José Manuel Otero Lastres y Miguel Ángel Torres Morato.
El Congreso les ha dado a todos ellos el visto bueno con los votos de los grupos del PSOE, PP y Unidas Podemos. El portavoz de Junts per Catalunya, Josep Pagès, ha votado en contra, pero dejando claro que ello no se debe al perfil de los candidatos sino a que la elección sea fruto de un acuerdo alcanzado únicamente entre los dos grandes partidos. Vox y Ciudadanos no han participado en el proceso de designación por el mismo motivo.
El 'procés'
Pagés ha preguntado a Chicano por el expediente de responsabilidad contable que el Tribunal de Cuentas tramita en la actualidad y por el que se ha fijado una fianza de 5,4 millones de pesetas a 42 ex cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont.
La instructora del procedimiento, que está pendiente de enjuiciamiento, argumenta que el dinero dedicado a la promoción del 'procés' en el extranjero fue indebidamente gastado, ya que se destinó a "actividades de promoción de la independencia o soberanía que no tienen cabida en el ámbito competencial" de una comunidad autónoma.
Para el representante de Junts per Catalunya, sin embargo el hecho de que el Tribunal de Cuentas "controle el ejercicio de una competencia legítima de una comunidad autónoma", como es la acción exterior, es "un abuso de Derecho".
"No es un abuso de Derecho el control del gasto público en cualquiera de sus facetas y ámbitos territoriales", ha replicado Chicano, que ha subrayado que el Tribunal de Cuentas "tiene competencia para fiscalizar cualquier actividad que implique gasto público".
"No es abuso de derecho", ha insistido, y "muchísimo menos" si se tiene en cuenta que la fiscalización del gasto exterior de la Generalitat de Cataluña fue solicitada por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Evitar el "desprecio" a las instituciones
Chicano, que se perfila como la próxima presidenta del Tribunal de Cuentas, ha lamentado durante su intervención el "debilitamiento" que se está produciendo "del concepto mismo de 'institución'".
"No debemos consentir los interesados presagios de debilitamiento de las instituciones, en este caso del Tribunal de Cuentas, evitando el menosprecio e incluso el desprecio a las mismas".
La candidata ha subrayado que el órgano que fiscaliza las cuentas públicas, en el que lleva trabajando 25 años, es "una organización y una estructura democráticas, garantizada por normas constitucionales, con vocación de trascender lo partidario y lo personal y que cumple una función esencial en el Estado como garante de derechos y del interés general".
Defendió que a los tradicionales vectores de "legalidad, eficacia y eficiencia" de las Administraciones la institución debe sumar "tres dimensiones nuevas para el análisis: la transparencia, la sostenibilidad y la igualdad de género".
Se refirió también a la llegada de los fondos europeos Next Generation y dijo que el Tribunal de Cuentas "tiene ante sí y junto a otras instituciones la tarea de supervisar la gestión de esos fondos, acompañando a las Administraciones en el desarrollo de las mejores prácticas de gasto, apoyando la modernización y digitalización de los procedimientos administrativos y proporcionando al Palamento información pertinente sobre la rendición de cuentas de todo ello".
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