La Fiscalía de Madrid ha pedido el archivo de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, al considerar que el último informe pericial aportado a la causa no permite concluir que la compañía estuviera en crisis en el momento en el que recibió la ayuda.
En su escrito al juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía se remite a esta pericial, según la cual Plus Ultra cumpliría, por lo general, "con la práctica totalidad de las condiciones establecidas" por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conceder los préstamos.
El caso comenzó el pasado abril, apenas un mes después de que se otorgara la ayuda pública, cuando la justicia madrileña abrió diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo de administración del organismo por presunta malversación.
ante la decisión, la aerolínea ha emitido un comunicado en el que se muestra "satisfecha" con las alegaciones expresadas por la Fiscalía sobre el último peritaje realizado. Así, Plus Ultra destaca que el informe de los peritos "no certifica el incumplimiento de ninguno de los requisitos exigidos para poder recibir las ayudas de la SEPI".
El informe se incluyó en respuesta a la petición de la jueza el pasado 14 de julio, que pidió verificar si se cumplían las condiciones establecidas en la Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, que establece el funcionamiento del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
La compañía asegura que ha acreditado de "forma íntegra y transparente desde el inicio del proceso en 2020 toda la información y documentación necesaria para seguir los pasos y procesos exigidos para la concesión de la financiación pública de 53 millones de euros que ha recibido".
El pasado julio, la Fiscalía ya había pedido al juzgado que desbloqueara la segunda parte de la ayuda pública a Plus Ultra de 34 millones de euros concedida por Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Aseguró que sin el apoyo estatal la compañía no podría atender sus obligaciones operativas, "teniendo graves dificultades para seguir en funcionamiento".
El pasado 9 de agosto el juez Jaime Serret acordó desbloquear el pago de los 34 millones de euros. El magistrado consideró que la suspensión de la entrega del préstamo participativo podía "suponer el riesgo de insolvencia definitiva" de Plus Ultra, lo que la obligaría a dejar de operar y crearía "un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado".