El exfiscal anticorrupción Ignacio Stampa ha presentado en el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la fiscal general, Dolores Delgado, a la que atribuye la articulación de una "estrategia que tenía por objetivo apartarme del caso Tándem", en el que se investiga la extensa trama de corrupción presuntamente montada por el excomisario José Manuel Villarejo.
Esa estrategia se plasmó, según la demanda, en una serie de actuaciones y omisiones de la fiscal general "demostrativas de un funcionamiento anormal" de la Fiscalía. La consecuencia han sido "graves perjuicios en el derecho a la carrera profesional y en mi prestigio e imagen pública como fiscal, [perjuicios] que no tenía el deber jurídico de soportar".
Stampa fue el único de los ocho fiscales en comisión de servicio en la Fiscalía Anticorrupción que no accedió a una plaza en titularidad en octubre del pasado año.
Después de 54 meses en esa Fiscalía especial "sin tacha alguna en mi actuación durante todo ese tiempo, sino lo contrario", Delgado no le propuso tras no obtener ningún apoyo del Consejo Fiscal, órgano presidido por la propia fiscal general.
La reclamación sostiene que Delgado, utilizando al jefe de su Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, creó "unas condiciones totalmente perjudiciales con el deliberado fin de justificar la falta de apoyo a la candidatura [de Ignacio Stampa], con vulneración de los principios de transparencia, imparcialidad, interdicción de la arbitrariedad, igualdad, mérito y capacidad".
Ello se hizo prolongando "artificiosamente" unas diligencias de investigación abiertas a Stampa en la Fiscalía Superior de Madrid; "ocultando" al Consejo Fiscal el relevante hecho de que —por dos veces— los instructores de esas diligencias habían propuesto su archivo (que fue frenado por García Ortiz) y eludiendo la existencia de un "interés personal" —tanto de Delgado como de su pareja, Baltasar Garzón— "en el devenir de mediático procedimiento" contra Villarejo.
Dos propuestas de archivo
El 7 de julio de 2020, tres meses antes de que el Consejo Fiscal se pronunciara sobre la cobertura de las plazas vacantes en la Fiscalía Anticorrupción, el partido Vox presentó en la Fiscalía General una denuncia contra los dos fiscales del caso Tándem, Stampa y Miguel Serrano.
La denuncia se basaba en noticias periodísticas según las cuales los fiscales estaban actuando en connivencia con Podemos —personado en varias piezas del procedimiento judicial—, hasta el punto de haber revelado a los letrados del partido información protegida por el secreto sumarial.
El análisis de la actuación de los fiscales en el caso Tándem desmentía esa acusación. Pero Álvaro García abrió un expediente en la Secretaría Técnica y envió la denuncia a la Fiscalía Superior de Madrid "con la expresa indicación y sin motivación alguna de que 'su competencia sea solamente la relativa a la actuación del fiscal Stampa en el llamado caso Tándem en el que se le atribuye la comisión de un delito de revelación de secretos'".
El teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría, nombrado instructor de las diligencias, investigó la denuncia de Vox y el 5 de octubre de 2020 —esto es, 22 días antes de la reunión en la que el Consejo Fiscal iba a debatir la cobertura de las vacantes en Anticorrupción— presentó una propuesta que el entonces fiscal superior, Jesús Caballero Klink, hizo suya.
"Debemos afirmar con toda rotundidad que tanto el fiscal denunciado como su compañero desempeñaron con rigor y profesionalidad su desempeño como fiscales en la causa Tándem, no acreditándose ninguna filtración o revelación", afirmaba la propuesta de archivo.
"Resultan de todo punto insostenibles", añadía, "las deducciones que en las conversaciones de chats [de los letrados de Podemos] que vienen recogidas en la denuncia llevan al partido Vox a concluir la existencia de ningún tipo de connivencia entre los fiscales y los abogados de Unidas Podemos” y "menos aún la conclusión de la existencia de indicios que avalaran la presunta comisión por parte de los fiscales del delito de filtraciones y revelación de secretos".
"No cabe apreciar huella alguna de indicios ni tan siquiera de sospechas que avalaran la pretensión del partido denunciante", afirmaba.
Caballero Klink envió el mismo 5 de octubre la propuesta de archivo a la Secretaría Técnica de la fiscal general "a la espera de recibir su conformidad". Pero el 8 de octubre García Ortiz le devolvió el asunto "sugiriendo" (sic) que el instructor tomase declaración al fiscal Serrano y al exabogado de Podemos José Manuel Calvente, y "ordenando" que le tuviese al corriente.
Practicadas ambas declaraciones, el 23 de octubre de 2020 —tres días antes del Consejo Fiscal— Ruiz de Alegría y Caballero Klink volvieron a reiterar la propuesta de archivo. "Consta la lectura de dicha comunicación por la Secretaría Técnica a las 12:33 horas de ese día, sólo ocho minutos después de su remisión telemática", indica la demanda.
En contraste con esa celeridad, García Ortiz no acusó recibo de la propuesta de archivo hasta el 4 de noviembre de 2020 y, sin aprobarla, reclamó el envío de la totalidad de las diligencias.
El 2 de diciembre remitió una nueva "sugerencia" a la Fiscalía Superior de Madrid planteando la práctica de más diligencias, que fueron rechazadas por el instructor “por considerarlas estériles e inútiles para el esclarecimiento de unos hechos que entiendo meridianamente esclarecidos tras la instrucción que practiqué, afirmándome y ratificándome por ello en los dos informes propuesta que obran en las actuaciones", escribió Ruiz de Alegría.
Cese del instructor
Entonces Caballero Klink cesó al instructor, avocó para sí el asunto y practicó las diligencias "sugeridas", que no modificaron el resultado de la investigación.
El 16 de febrero acordó por tercera vez el archivo, en esta ocasión sin elevarlo a la Secretaría Técnica de la fiscal general. Antes, el fiscal superior acordó desglosar de las diligencias de investigación todas las comunicaciones remitidas por la Secretaría Técnica.
Para entonces Stampa ya había tenido que abandonar Anticorrupción, saliendo del caso Tándem. Su reclamación de responsabilidad patrimonial destaca que, desde la propuesta de archivo de 23 de octubre, la investigación contra él "se dilató y se mantuvo abierta artificiosamente durante cuatro meses, sin practicar ni incorporar ni una sola diligencia nueva".
La fiscal general actuó al mismo tiempo como "supervisora" de esa investigación y como presidenta del órgano que debía pronunciarse sobre las vacantes, "rechazando las reiteradas propuestas de archivo, sin haber advertido a los miembros del Consejo Fiscal de su actuación en dichas diligencias ni de las propuestas de archivo emitidas por el legítimo instructor ni tampoco de las incompatibilidades en que también ella incurría", afirma.
"Interés personal y directo"
Según Stampa, "concurría en la fiscal general un interés personal y directo" en el caso Tándem que le hubiera debido llevar a abstenerse de participar en la deliberación, votación y propuesta de las plazas a cubrir.
Para sostener esa afirmación, el fiscal señala varios elementos:
- En la pieza número 4 del caso Tándem (pieza Pit) "hay anotaciones de los principales investigados sobre una eventual participación de la propia fiscal general en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional". Se refiere al procedimiento de extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura, que contrató a Villarejo para que frenara esa entrega.
- En esa misma pieza "existían, al menos en aquel momento, indicios de la participación [en el procedimiento] de la pareja sentimental de la fiscal general", Baltasar Garzón.
- En esa pieza, y al menos en 2018, "la defensa jurídica de los investigados Carlos Salamanca, Eugenio Pino y Enrique García Castaño era ejercida por el despacho de abogados que dirigía la pareja sentimental de la fiscal general".
- "Consta la participación directa de la pareja sentimental de la fiscal general como letrado defensor de García Castaño en el acta de registro practicado en su domicilio el 11 de julio de 2018, en declaraciones realizadas a medios de comunicación con ocasión de dicho registro calificando de ilegal la detención de su cliente por los dos fiscales anticorrupción encargados del asunto y en la declaración judicial de dicho investigado como detenido del 13 de julio de 2018".
- "Constan multitud de anotaciones sobre contactos entre la pareja sentimental de la fiscal general y los principales investigados en el procedimiento Tándem".
- "Se difundieron grabaciones efectuadas por el principal investigado [Villarejo] de antiguas reuniones con la fiscal general en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional y su pareja sentimental".
La demanda de Stampa propone como prueba documental las diligencias previas 96/2017 [caso Tándem] "para traer al expediente los testimonios de todos aquellos documentos aportados con esta reclamación que fueren necesarios en orden a corroborar las causas que impedían a la fiscal general participar en el proceso de valoración/elección de la plaza en Anticorrupción a la que concurrió el reclamante".
Silencio asociativo
Ni la Asociación de Fiscales ni la Unión Progresista de Fiscales, las dos únicas que tienen representantes en el Consejo Fiscal, se han pronunciado sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en el Ministerio de Justicia por Ignacio Stampa.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha difundido un comunicado en el que afirma que "el asunto está presuntamente plagado de irregularidades y causa un daño muy grave a la institución".
Por ello, ha dirigido al Consejo Fiscal una serie de preguntas, entre ellas si este órgano "conocía a fecha 27 de octubre de 2020 que en la causa Tándem ejercía la defensa de varios implicados el despacho que lidera la pareja sentimental de la fiscal general y que él mismo había intervenido en alguna diligencia en defensa de alguno de los investigados".
El pasado domingo, tras la difusión de esa información, la UPF hizo público un comunicado en el que asegura que para la cobertura de las plazas en Anticorrupción "no se tomó en consideración para la votación de las plazas ninguna cuestión ajena al mérito y capacidad del total de las candidaturas presentadas", informa Europa Press.
Recuerda que Stampa "se encontraba prestando servicio como fiscal en comisión de servicio hasta su vencimiento" y que en el Consejo Fiscal del 27 de octubre de 2020, donde se debatió la cobertura de ocho plazas de titular en Anticorrupción, "no obtuvo ningún informe favorable".
En relación con las preguntas de APIF sobre las diligencias de investigación contra Stampa, la UPF asegura que los vocales del Consejo Fiscal "desconocen su contenido por ser de carácter reservado y exceder su competencia como consejeros". Sí han asegurado conocer que hubo "una avocación por parte del entonces fiscal superior de Madrid" de la que han aseverado que se les dio "oportuna cuenta".
"Suponemos que sus preguntas [de la APIF] están referidas a si alguno de los hechos a los que se refiere, de los que desconocemos su certeza, pudieran haber tenido alguna relación con no haber apoyado la candidatura de compañero Ignacio Stampa para la plaza que solicitó en la Fiscalía Anticorrupción. La respuesta es clara y contundente: No".
Los vocales de la UPF optaron por apoyar a los ocho fiscales que consideraron que tenían "las mejores condiciones, en base a su mérito y capacidad, para el desempeño de sus funciones".
"Uno de los compañeros a los que apoyamos, y cuya candidatura fue propuesta por la fiscal general, fue Miguel Serrano. Este compañero fue instructor de las diligencias a las que APIF hace referencia y que contó con el apoyo de los vocales de la lista de la UPF y del vocal nato jefe de Inspección", por lo que "todas las sospechas que APIF traslada a los medios de comunicación y a la carrera fiscal sobre la interrupción del trabajo realizado hasta el momento quedan despejadas", sostiene.
La UPF destaca, asimismo, que los vocales de la Asociación de Fiscales coincidieron en no apoyar la candidatura de Ignacio Stampa.
Aclara que el jefe de la Inspección informó "de manera concreta y expresa que todas las diligencias que se habían abierto en la Inspección Fiscal estaban archivadas, manifestando que las denuncias interpuestas no habían tenido recorrido". "Quedó claro desde el primer momento y en eso no se planteó duda alguna, que este compañero concurrió en iguales condiciones que el resto de las candidaturas", asegura.