El Tribunal Supremo apoya el indulto parcial para el exconcejal del PP que denunció la 'Gürtel'

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo apoya la concesión de un indulto parcial a José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid) que destapó la trama corrupta Gürtel.

Peñas, que presentó una denuncia en 2007 y aportó conversaciones con el cabecilla de la red, Francisco Correa, fue condenado por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación a 5 años y 3 meses de prisión.

Además, a dos penas que suman 5 años y 1 mes de inhabilitación absoluta, así como 7 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y un total de 130.600 euros en multas.

Francisco Correa, cabecilla de la trama. Fernando Villar Efe

Sin embargo, al no superar ninguna de las penas de cárcel, por separado, los dos años, la entrada en prisión de Peñas quedó suspendida.

Tras ser confirmada por el Supremo la casi totalidad de la condena que la Audiencia Nacional impuso a Peñas por la llamada Época 1 de la trama, el exedil pidió al Gobierno el indulto, argumentando que gracias a su colaboración se había podido destapar la mayor trama de corrupción político-empresarial conocida en España en los últimos años.

El exconcejal también alegó motivos de salud para pedir la medida de gracia: en 2018 se le detectó un tumor maligno en piel, del que fue tratado, pero recientemente se le ha vuelto a detectar otro y sigue en tratamiento clínico.

Ahora, en un informe enviado al Ministerio de Justicia, al que ha accedido EL ESPAÑOL, el Alto Tribunal informa favorablemente sobre la posibilidad de que se le conmuten las dos penas de inhabilitación absoluta, que le supondrían perder su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid, por otras dos de inhabilitación especial, de la misma duración, para cargos públicos de libre designación o elección.

La Sala atiende así el criterio del Ministerio Público —que, no obstante, no es vinculante, pero sí preceptivo—, que respaldó un indulto parcial. Finalmente, la concesión o no del indulto es una decisión exclusiva del Gobierno.

'Whistleblower'

En su escrito, el fiscal expresaba en su informe la falta de protección de los denunciantes de corrupción en España, en comparación con lo que sucede, en el derecho comparado, en la figura del whistleblower (delator arrepentido), que es reconocida y amparada.

"Nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con una protección que incentive y proteja a los funcionarios públicos que, habiendo intervenido en las actividades delictivas, deciden ponerlo en conocimiento de la Justicia. No hay apenas instrumentos jurídicos que incentiven el arrepentimiento, la confesión y la ayuda en la investigación, a pesar de ser tremendamente valioso el testimonio de quien, desde dentro, ha participado de los hechos criminales", indicaba Fiscalía.

"Por ello, resulta difícil que se produzca una denuncia que necesariamente implica el reconocimiento de la comisión de un delito por parte del propio denunciante. La regulación española es absolutamente insuficiente", añadía.

La sentencia de la Audiencia Nacional también reconoció la importancia de las pruebas que Peñas aportó para desentrañar la trama criminal. "De otra manera, difícilmente se hubiera llegado a un nivel de descubrimiento de la misma como al que se ha llegado [gracias a las grabaciones]", exponía.

No a la ex de Correa

Por otra parte, la Sala de lo Penal del Supremo se opone a la concesión de un indulto parcial a Carmen Rodríguez Quijano, exmujer de Francisco Correa —el apellido del cabecilla, en alemán, dio nombre al caso Gürtel— que fue condenada por el Supremo a 17 años y 8 meses de prisión. En este caso, lo rechaza de acuerdo también al informe del fiscal, que fue desfavorable para ella.

"La concesión del indulto parcial [a Quijano], burlaría la norma legal y contribuiría a reprimir la eficacia del fin de la prevención general, con un efecto favorecedor, que no disuasivo, respecto de la comisión del delito; en otras palabras, constituiría una burla para esos fines y una invitación al delito", aseguró la Fiscalía para oponerse a esta medida de gracia para la exesposa de Correa.