"La fiscal general no tiene explicaciones". La Asociación de Fiscales ha resumido de esta forma el resultado del Consejo Fiscal convocado este miércoles por Dolores Delgado para abordar la denuncia del fiscal Ignacio Stampa sobre los hechos que rodearon el proceso selectivo que condujo a su salida de la Fiscalía Anticorrupción y a que tuviera que dejar el caso Tándem-Villarejo.
Según Stampa, la fiscal general, a través del jefe de su secretaría técnica, Álvaro García Ortiz, "prolongó artificiosamente" unas diligencias de investigación abiertas contra él y "ocultó" al Consejo Fiscal el relevante hecho de que —por dos veces— el instructor de esas diligencias había propuesto su archivo, que fue sistemáticamente frenado por García Ortiz.
Con ello "creó unas condiciones totalmente perjudiciales" para Stampa con el "deliberado fin" de que no obtuviera ningún apoyo en el Consejo Fiscal para ser titular de una de las ocho plazas vacantes en la Fiscalía Anticorrupción.
Stampa sostiene, además, que Delgado no debió intervenir en esas diligencias de investigación dada la existencia de un "interés personal" —tanto de ella como de su pareja, Baltasar Garzón— "en el devenir de mediático procedimiento" contra Villarejo. Entre otros datos, en el caso Tándem existe un amplio rastro de la antigua relación entre Villarejo y la pareja sentimental de la fiscal general.
Los vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo consideran que estas denuncias han causado una "preocupación generalizada" en la carrera y que los acontecimientos descritos "están dañando a la propia institución, por la falta de credibilidad ante la opinión pública de la fiscal general".
"Su exposición continua ante la ciudadanía derivada de su forma y manera de proceder y entender la institución son la raíz del problema", sostiene la asociación mayoritaria de la carrera fiscal, que considera que el hecho de que Stampa no fuera nombrado como titular en Anticorrupción no es ahora la cuestión -el propio fiscal no recurrió su exclusión-, sino que "lo que verdaderamente interesa a la opinión pública [es] aclarar las graves acusaciones que se realizan contra la fiscal general".
Los vocales de la AF han pedido durante la reunión del Consejo información sobre varias cuestiones, entre ellas si el bufete de Garzón ha ejercido o ejerce la defensa de algunos de los investigados en el caso Tándem-Villarejo.
También han pedido las diligencias de investigación abiertas a Stampa, que fueron finalmente archivas (cuatro meses después de que se resolviera el concurso de vacantes para Anticorrupción) y si se han abierto expedientes disciplinarios contra él.
"Debió abstenerse"
Los consejeros de la AF han reclamado, finalmente, el "expediente de abstención de la fiscal general con relación a las diligencias de investigación aperturadas o expediente disciplinario, de existir" ya que estima que Delgado "debió abstenerse por ser parte afectada".
La AF ha criticado en un comunicado que se les ha denegado la información solicitada "alegando que se trata de materia reservada", extremo del que discrepan porque disponer de esos datos "es necesario para el ejercicio de las funciones propias del Consejo Fiscal y porque el propio interesado- único al que puede afectar- ha solicitado su exhibición".
Fuentes de la asociación han asegurado que Delgado, "muy enfadada", ha acusado a los vocales de la AF de "estar de campaña", en referencia a que está previsto que haya elecciones al Consejo Fiscal dentro de cinco meses.
Pero la AF estima que la denegación de esa información "no ayuda a despejar las dudas creadas" y "afecta al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas, por lo que exigimos una respuesta expresa, razonada y no restrictiva, al tratarse una petición imprescindible para el ejercicio de nuestras funciones".
Los vocales anunciaron que van a volver a pedir "por escrito" la información reclamada.
"No estaba afectada su imparcialidad"
La Fiscalía General también hizo un comunicado sobre la reunión. En él destaca que la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz, "ha informado que no existe cobertura legal para que un/a fiscal general del Estado se abstenga de realizar propuestas de nombramiento discrecional" y ha sostenido que "pese a las informaciones difundidas, no concurría causa objetiva alguna que afectase a la imparcialidad" de Dolores Delgado.
Centrándose en el proceso selectivo para cubrir las plazas en Anticorrupción, la Fiscalía General destaca que Stampa "no agotó todas sus opciones" porque no pidió una plaza de adscripción a esa Fiscalía que salió a concurso junto a las plazas de titular.
Para estas últimas, "Stampa no obtuvo ninguno de los ochenta votos emitidos para las ocho plazas a las que concurrió" y, una vez adjudicadas a otros compañeros, no las recurrió "pero reclama ahora al Ministerio de Justicia una cantidad monetaria superior a los 200.000 euros".
Delgado convocó al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, para que informarse al Consejo. Según el comunicado de la Fiscalía General, Luzón ha indicado que "todos los fiscales nombrados respondían al perfil requerido de prudencia y discreción y que el fiscal finalmente designado para continuar la tramitación de la causa Tándem, junto con el fiscal Miguel Serrano, suponía un perfil de fiscal reservado, ajeno a cualquier protagonismo con los medios de comunicación y técnicamente muy solvente".
"No hay contenido penal"
Luzón "ha señalado tajantemente que de la investigación realizada en la causa Tándem no se deriva contenido penal alguno en relación con la fiscal general del Estado ni nadie relacionado con ella".
También ha indicado que el caso Tándem, "lejos de sufrir perjuicio alguno, ha continuado de manera eficaz". Tras la salida de Stampa son cuatro los fiscales encargados de ese macroproceso.
Por su parte, García Ortiz ha informado al Consejo Fiscal "sobre las falsas afirmaciones publicitadas a través de varios medios de comunicación en relación con las diligencias de investigación" abiertas contra Stampa, denunciado por Vox por un presunto delito de revelación de secretos.
El jefe de la secretaría técnica se ha referido a "los posibles defectos de los que adolecía la tramitación de las diligencias de investigación por el fiscal encargado de las mismas", el teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría.
Afirmó que éste propuso el archivo sin tomar declaración a un testigo (el exabogado de Podemos José Manuel Calvente) que consideraba relevante y que el segundo archivo se planteó sin haber incorporado a las diligencias el chat del equipo jurídico de Podemos, "el elemento esencial para contextualizar y contrastar las imputaciones formuladas en la denuncia" contra Stampa. El fiscal fue denunciado por filtrar información reservada a los abogados de Podemos, personado como acusación popular en el caso Tándem.
Por ello se "sugirió" la práctica de esas diligencias, "dejando a su libre consideración [del instructor] la oportunidad de realizarlas".
"El fiscal encargado de la investigación no consideró relevante reclamar el chat interno del servicio jurídico de Podemos, diligencia investigadora que sí había acordado inicialmente, motivo por el que el entonces fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, avocó para sí la tramitación de las diligencias de investigación, archivadas finalmente el 16 de febrero pasado.
La Audiencia Nacional informó a la Fiscalía Superior de Madrid de que el chat de los abogados de Podemos no está incorporado al caso Tándem, "circunstancia determinante para el archivo de las diligencias de investigación puesto que 'no existe soporte documental válido, íntegro y contrastado de las comunicaciones de [la abogada de Podemos] Marta Flor Núñez de las que se pretende inferir la conclusión de la revelación de secretos por parte del fiscal Stampa', tal y como relata el fiscal superior de Madrid en los fundamentos jurídicos del decreto de archivo".
García Ortiz también ha asegurado en el Consejo que "el fiscal encargado de la investigación puso en conocimiento de Stampa documentos internos de la institución y de naturaleza reservada emitidos por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado —ajenos, por tanto, al conocimiento de cualquier persona investigada en un procedimiento penal, sea o no fiscal—, por lo que el fiscal superior se vio en la obligación de dar debida información sobre esta contingencia". Esos documentos "reservados" eran los firmados por el propio García Ortiz "sugiriendo" la realización de más diligencias en el seno de la investigación contra Stampa.
UPF: "Difamaciones"
Por su parte, los vocales de la Unión Progresista de Fiscales hicieron público un comunicado en el que consideran que han recibido "nutrida información" sobre "noticias publicadas en los medios de comunicación que, difamando y perjudicando la imagen del Ministerio Fiscal y de toda la carrera fiscal, han publicado información incierta y no contrastada".
Los consejeros de la UPF aseguran que cuando se cubrieron las vacantes en Anticorrupción "éramos plenamente conscientes de la existencia de unas diligencias de investigación" contra Stampa. Añaden que "nunca los vocales del Consejo Fiscal verán su criterio alterado por denuncias interpuestas por partidos políticos aprovechando el momento de la presentación de cualquier compañero o compañera a una candidatura a una plaza discrecional. Por ello, ni la presentación de esa denuncia de Vox contra un compañero, ni cualquier otra que se produzca en el futuro, nos apartará de la toma de decisiones que realizamos en función del mérito y capacidad".
"No queremos dejar pasar la ocasión para apoyar desde aquí a los y las fiscales que fueron nombrados para la Fiscalía Anticorrupción", concluyen. "Sus méritos y capacidad avalados con sus magníficos currículums no pueden verse ensombrecidos por difamaciones nacidas de vanidades, ajenas al espíritu de equipo que debe presidir al Ministerio Fiscal".
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