El Rey vuelve a Barcelona para dar los despachos a los nuevos jueces con la ausencia de Aragonès

El rey Felipe VI ha entregado esta mañana sus despachos a los 188 integrantes de la LXX promoción de la carrera judicial en un acto celebrado en Barcelona en presencia de autoridades estatales y con la ausencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que había sido invitado.

Largamente aplaudido por los nuevos jueces, el Rey ha vuelto a presidir esta tradicional ceremonia en Barcelona -donde se encuentra la Escuela Judicial desde 1997- después de que el año pasado el Gobierno no permitiera su traslado a la Ciudad Condal, lo que causó malestar en el mundo judicial.

Ninguna autoridad política autonómica acompañó al Rey. El Consejo General del Poder Judicial había invitado a Aragonès, que no acudió. También había convocado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

En cambio, no fue invitada Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán, dada su condición de investigada en un proceso judicial por presuntos delitos de corrupción que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Sí asistieron el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni (del PSC).

Don Felipe felicitó tanto a los nuevos jueces como a sus familias y destacó de los primeros su "preparación integral, especializada y de altísima calidad".

"El Poder Judicial", dijo, "es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Como servidores públicos responderéis a las necesidades y problemas de los ciudadanos. Ellos han depositado la confianza en el sistema judicial que se erige como medio de resolución de conflictos. Con vuestra recta y eficaz labor, fortaleceréis siempre la legitimidad de la Justicia una vez más como una institución esencial en la que los ciudadanos pueden confiar".

"Una sociedad moderna y avanzada como la nuestra, una sociedad plenamente democrática como es la sociedad española, solo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un mecanismo independiente y neutral para la resolución de los conflictos", añadió.

"Es la propia Constitución", concluyó, "la que os brinda los instrumentos necesarios que conforman el núcleo esencial del ejercicio de vuestra misión constitucional, y que siempre os guiarán: la independencia y la imparcialidad".

Con una edad media de 28 años, muchas más mujeres que hombres, sin jueces entre sus familiares y después de haber dedicado a la oposición cuatro años y ocho meses de sus vidas (más otros dos años en la Escuela Judicial), los 188 integrantes de la promoción recibieron sus despachos en un acto a la que asistieron el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano; la ministra de Justicia, Pilar Llop; la fiscal general, Dolores Delgado; el presidente del Tribunal Superior de Cataluña, Jesús Barrientos, y el fiscal superior, Francisco Bañeres.

Marchena vuelve a Barcelona

También asistieron los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, entre ellos Manuel Marchena. El presidente de la Sala Penal no había vuelto a Barcelona desde la sentencia del 'procés'.

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se refirió a la presencia del Rey en el acto nada más empezar su discurso. Tras recordar que "la legitimidad del Poder Judicial nace, como la de todos los poderes del Estado, del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional", Lesmes se dirigió a Felipe VI para manifestar que "vuestra presencia en un acto tan relevante no sólo sirve para resaltar la dignidad de nuestra función sino que tiene, sobre todo, una enorme fuerza simbólica y un profundo significado constitucional".

Lesmes se dirigió después a los nuevos jueces para indicarles que el Estado de Derecho reclamará de ellos “una defensa firme de la Constitución y de la ley, proporcionando respuestas adecuadas a los problemas de los ciudadanos y ofreciendo un marco de certeza y seguridad jurídica”.

 “Tenéis un gran reto por delante. Los jueces ayudamos con nuestro trabajo a las personas a convivir en libertad, a tener seguridad, a proteger su propiedad, a ordenar sus relaciones familiares y laborales. Procuramos la paz colectiva y aseguramos la convivencia a través de la aplicación de las leyes, asegurando la plena vigencia de nuestro Estado de Derecho”, ha señalado el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.

"La sociedad", ha dicho, “no podría funcionar sin un servicio público de justicia eficaz y de calidad, que constituye, por tanto, una pieza esencial para garantizar la paz social y jurídica”. 

Lesmes también ha hecho referencia a las “especiales exigencias éticas” que conlleva el ejercicio de la función judicial, entre las que ha citado en primer lugar la de actuar con independencia, incluso de las propias convicciones personales, como garantía de la aplicación ecuánime de las leyes y de la protección de los derechos de los ciudadanos.

Ha señalado que los ciudadanos esperan de los nuevos jueces y juezas que "actúen con imparcialidad -guardando distancia respecto de las partes y del objeto del proceso- y con integridad, observando siempre una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en el ejercicio de la función jurisdiccional, cuya dignidad exige un comportamiento acorde con la misma”.

 Lesmes también ha citado la diligencia, la cortesía y la transparencia como virtudes del buen juez, y ha dicho que todas ellas definen la esencia de la función judicial en un Estado de Derecho y “dan plena virtualidad a lo que la Constitución Española establece ni más ni menos que en su primer artículo: que la Justicia es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico”.

Ajenos a la endogamia

El perfil predominante en la LXX promoción de la carrera judicial es el de una mujer (son el 71,28 % del total), si bien el número uno es un varón, David Fernández Torregrosa.

La tradición familiar no ha sido determinante en la elección de la profesión. Las tres cuartas partes de los integrantes de la promoción, el 74,46 %, ni ha tenido ni tiene familiares (hasta el segundo grado de consanguineidad) que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica. De los que sí los tienen o han tenido, en el 4,89 % de los casos son jueces o magistrados y en el 20,65 % desempeñan otra profesión jurídica.

Por su procedencia geográfica, Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma que más jueces aporta (48). Le siguen la Comunidad Valenciana (23), Madrid (22), Castilla y León (16), Cataluña y Galicia (11 cada una), Asturias (10), Aragón (9), Murcia (7), Extremadura y Canarias (6 cada una), Cantabria y País Vasco (5 cada una), Baleares y Navarra (3 cada una), Castilla-La Mancha (2) y Ceuta (1).

La media de edad de los alumnos de esta promoción es de 28 años. El más joven tenía 23 años al ingresar en la Escuela Judicial y el de más edad, 44. La mayor parte de ellos contaban entre 25 y 31 años cuando, hace dos años, empezaron esta fase de su formación como jueces, una profesión a la que más de la mitad (el 53,26 %) decidieron dedicarse mientras cursaban la carrera de Derecho. Un 30,98 % tomaron la decisión antes de empezar sus estudios universitarios y un 14, 13 %, al terminar la licenciatura.

Durante la etapa de preparación de la oposición, la inmensa mayoría (94,57 %) contó con el apoyo económico de sus padres. Algo más de un tercio de los alumnos de la promoción han trabajado con anterioridad: el 22,34 % en un sector ajeno al ámbito jurídico y el 12,77 %, vinculado al ámbito jurídico. El 57,45 % no ha trabajado antes.

Entre las razones que la llevaron a elegir esta profesión pesaron especialmente la pasión por el Derecho, la función de los jueces como garantes de los derechos fundamentales, la independencia e imparcialidad de su función y la posibilidad de contribuir en la lucha contra la delincuencia.

El elemento determinante para ser juez fue el hecho de encarnar un poder del Estado para el 36 % de los alumnos; para un 42 %, la estabilidad en el empleo y la contribución con un servicio público fue la principal razón para un 52 por ciento. Las condiciones económicas de la profesión fueron la opción más elegida por un 44 por ciento de los encuestados.

Cataluña es la comunidad autónoma a la que irán destinados más miembros de la promoción, pues contará con un total de 73 nuevos jueces.

En cuanto a los demás, 45 ocuparán su primer destino en Andalucía, 4 en Aragón, 2 en Baleares, 15 en Canarias, 3 en Cantabria, 5 en Castilla-La Mancha, 3 en Castilla y León, 3 en la Comunidad Valenciana, 10 en Extremadura, 14 en Galicia, 1 en La Rioja, 6 en la Región de Murcia y 4 en el País Vasco.