El juez Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, ha rechazado dejar en libertad a Juana Rivas tras haber recibido esta última el indulto parcial por parte del Gobierno.
En un auto notificado hoy y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Piñar, que impuso a la madre de Maracena cinco años de cárcel en 2018, alega un posible "grave peligro" para los dos hijos de Rivas y se refiere también a la falta de arrepentimiento de la condenada para oponerse a su pretensión.
Concretamente, el juez alude a los "indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia [de Rivas]".
"Es posible que [Juana Rivas] haya sido víctima de malos tratos continuados, como ha manifestado, a pesar de que no existen condenas, pero también es probable que uno de sus hijos haya sido víctima de abusos sexuales por deficiencias en la vigilancia ejerciendo la guarda y custodia, aunque tampoco hay condena", señala el auto.
"Cierto que no se ha determinado el autor de la brutal agresión padecida por el menor y por eso fue sobreseída, pero el hecho sigue existiendo y tuvo lugar estando el niño bajo la custodia de la madre", continúa.
Piñar, en el documento, expone que dichos abusos habrían sido dictaminados por una pediatra y un forense y manifestados por el propio menor. No obstante, este asunto no se habría hecho público para salvaguardar la intimidad del hijo.
"Al poco de constatarse estos hechos, la madre oculta a los niños, precisamente en el momento en el que la presencia del menor era esencial para la investigación", indica el juez. "Y sobre este hecho se ha echado tierra encima y se ha soslayado su trascendencia", asevera.
"El interés y seguridad de los menores aconsejan que la madre no tenga plena libertad para moverse con ellos, contrariamente a lo que opina la defensa y el fiscal, por imposición de la Fiscalía General del Estado", establece.
"Una cortina de humo"
Asimismo, el juez critica que su Juzgado "ya no sabe (...) cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y, por supuesto, del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente".
Además, prosigue, "fue en el colegio del menor donde tomaron la decisión de llevarlo al médico; ni siquiera la madre es quien lo hace". Según el auto, no consta que Rivas denunciara los hechos, "como cabe esperar en una madre normal".
"Con toda la contemplación mediática de maltratada, se ha interpuesto una cortina de humo que oculta un presunto grave delito de abuso a un menor y siempre quedará un margen acerca de si la madre hizo todo lo que pudo para descubrir ese delito, porque se supone que debía saber dónde estuvo el niño cuando pudo ser abusado, las personas que pudieron tener acceso a él y, por tanto, el círculo de posibles autores", apostilla.
Todo lo anterior constituye, a ojos del juez, "la verdadera razón" que "crea desconfianza" ante la posibilidad de que Rivas "vuelva a retener a los menores bajo su guarda y que vuelvan a ser puestos en peligro por un deficiente ejercicio".
El auto puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial y la defensa de Juana confirma a este diario que lo hará.
La pena
Juana Rivas fue condenada inicialmente a cinco años de prisión por sustracción de los dos menores por negarse a entregar a los niños a su padre, el italiano Francesco Arcuri.
Dicha pena fue ratificada luego por la Audiencia Provincial de Granada y reducida posteriormente a dos años y medio por el Tribunal Supremo. No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez la limitó, a mediados del pasado noviembre, a un total de un año y tres meses.
Fue tras esta medida de gracia gubernamental cuando la defensa de Juana Rivas pidió al Juzgado la suspensión de la ejecución de la condena.
En la actualidad, Rivas cumple su condena en un Centro de Inserción Social en la ciudad de Granada. Una vez cumplidos ciertos requisitos, puede solicitarse la suspensión del cumplimiento de la pena, que es una potestad discrecional del juez y siempre debe estar motivada.
Querella contra el juez
En conversación con EL ESPAÑOL, el letrado de Rivas, Carlos Aránguez, anuncia que se querellará contra Piñar por lo que considera que son calumnias vertidas por parte del juez contra su defendida en dicho auto, así como por prevaricación judicial.
El abogado también recuerda que ni la Fiscalía ni la acusación particular se habían opuesto a la suspensión de la pena.
Según un comunicado difundido por el despacho de Aránguez, el juez "basa su decisión en tres mentiras". La defensa asegura que Rivas sí se ha arrepentido de los hechos —un arrepentimiento manifestado tanto en escritos como en un medio de comunicación— y que ha dejado claro que "no lo volvería a hacer".
Asimismo, el abogado niega que, como sí indica el auto, Juana haya intentado repetir su conducta en Italia, donde ahora residen los menores junto a su padre.
De igual modo, el letrado arremete contra que el juez base el posible riesgo para los hijos de Juana Rivas en los "indicios de abusos sexuales" a uno de los menores cuando estaban bajo la custodia materna, durante un viaje con su madre y varios amigos de esta, tal y como reza el auto.
Tras dicho viaje, se produjo una denuncia que sí derivó en pruebas periciales —un forense y un pediatra examinaron a los niños, que fueron fotografiados—, pero, finalmente, la causa sobre estos supuestos hechos quedó sobreseída al no poderse identificar a un autor.
"Acusar a Juana de permitir o colaborar en abusos sexuales a sus hijos es algo tan repugnante que merece nuestro más enérgico reproche", expone Aránguez, tras anunciar que presentará "próximamente" la querella contra el magistrado.