El fiscal suizo Ives Bertossa ha cerrado las diligencias que abrió en agosto de 2018 para averiguar el origen de los 65 millones de euros donados a Juan Carlos I por el fallecido rey saudí Abdalá y si esos fondos fueron blanqueados por la examante del rey emérito, Corinna Larsen, con ayuda de Arturo Fasana y Dante Canónica y con la implicación del banco Mirabaud.
Los 65 millones de euros fueron ocultados por el entonces jefe del Estado español en una estructura opaca, la Fundación Lucum, administrada por Fasana y Canónica. En junio de 2012 fueron transferidos a una cuenta de Larsen en Bahamas a nombre de otra estructura después de que Juan Carlos I y ella firmaran documentos en los que afirmaban que eran una "donación irrevocable".
Las firmas de Juan Carlos I y Corinna Larsen en el contrato de la donación de 65 millones de euros./
Bertossa, que nunca ha dirigido la investigación contra el rey emérito, no ha podido encontrar pruebas que avalen sus sospechas de que los 65 millones de euros provenientes de Arabia Saudí fueran una comisión por la supuesta intermediación de Juan Carlos I en la concesión a un consorcio hispano-saudí de las obras de construcción del llamado Ave del desierto, el tren de alta velocidad entre Medina y La Meca.
La de Bertossa fue la primera investigación abierta sobre la fortuna oculta por Juan Carlos I en el extranjero después de que EL ESPAÑOL y Okdiario publicaran las conversaciones mantenidas por Larsen con el excomisario José Manuel Villarejo, que éste grabó de forma oculta.
En ellas, Larsen admitió haber recibido dinero y bienes de Juan Carlos I, que fueron puestos a su nombre.
Sin embargo, Bertossa se ha topado con la dificultad de poder acreditar un supuesto origen ilícito de los fondos entregados al monarca español, por lo que su transmisión a Larsen ha quedado como una generosa donación. Esta tesis también ha sido mantenida por los gestores de la fortuna del rey, Canónica y Fasana.
"Voluntad de ocultación"
La Fiscalía de Ginebra explica en un comunicado difundo este lunes que la investigación ha establecido que, además de los 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí, "Juan Carlos I o Corinna Larsen" han recibido otros pagos en Suiza: 1.895.250 dólares en efectivo, cinco millones de dólares de Kuwait y dos millones de dólares de Bahrein. "Todas estas transferencias no estaban suficientemente documentadas por los demandados", sostiene.
La Fiscalía suiza constata que "el uso de una fundación y de empresas domiciliarias por parte de los distintos protagonistas demostraba una voluntad de ocultación".
"Las cantidades implicadas, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de éste a favor de Corinna Larsen), así como la cronología de los hechos, constituyeron pruebas contra los acusados", afirma.
Sin embargo, la investigación "no ha establecido suficientemente un vínculo" entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de contratos para la construcción del AVE a La Meca.
El archivo del caso se debe, por tanto, a la "falta de pruebas" del delito de blanqueo de capitales. No obstante, las costas del procedimiento, que ascienden a 200.000 francos, se han imputado a los investigados.
Multa a Mirabaud
El banco Mirabaud ha sido sancionado con el pago de una multa de 50.000 francos suizos por la violación de la obligación de informar a la Oficina de Información sobre el Blanqueo de Capitales sobre la cuenta personal de Corinna Larsen.
El fiscal afirma que "son muchos los elementos que obligaban al banco a proceder a una comunicación, en particular la información transmitida por la prensa, el carácter inusual de los fondos recibidos en esta cuenta y los diversos flujos financieros intercambiados entre las cuentas de Larsen y la de la fundación Lucum, de la que Juan-Carlos I era el beneficiario efectivo".
Tras el archivo, Larsen ha hecho público un comunicado en el que señala que "mi inocencia era evidente desde el principio" y que "este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles. Mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes".
Fuentes de la Fiscalía española han indicado que Bertossa no ha informado aún del archivo del procedimiento abierto en Suiza. Los fiscales españoles están a la espera de que Bertossa les envíe documentación bancaria solicitada hace meses antes de proceder al archivo de la investigación abierta en España sobre los manejos económicos de Juan Carlos I.