El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos Campos (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1950), ha fallecido en su domicilio a primera hora de la tarde de este miércoles en Madrid. Fuentes jurídicas confirman a EL ESPAÑOL su muerte.
Campos dirigía la investigación del Ministerio Público sobre la fortuna del Rey Emérito, Juan Carlos I, y ha estado hasta el último minuto cumpliendo sus funciones como número dos del organigrama de la Fiscalía General del Estado.
Según ha podido saber este diario, este miércoles, Campos había estado trabajando en la sede de la Fiscalía, en la calle Fortuny de Madrid, hasta las dos y media de la tarde. Horas antes, esta mañana, había presidido la Junta de Fiscales del Supremo.
Juan Ignacio Campos, en un acto institucional en el Tribunal Supremo.
La Fiscalía General del Estado ha lamentado en un comunicado la "gran pérdida" de quien ha definido como "un ejemplo de profesionalidad, discreción, lealtad y honestidad", así como "uno de los mejores penalistas de este país", "de talante conciliador y comprometido con el servicio público".
Campos había cumplido recientemente los 71 y en los últimos años, a causa de una larga enfermedad, había sido sometido a diversas operaciones quirúrgicas. Ingresó en la Carrera Fiscal en 1978. Fue destinado en Barcelona entre 1978 y 1982, cuando lo fue en Madrid. En 1990, nombrado teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Cuatro años después, se convirtió en el fiscal de la Secretaría Técnica y en 1996, en fiscal del Tribunal Supremo, cargo que ha venido desempeñando durante los últimos años, habiendo sido nombrado fiscal de Sala en el año 2005.
En 2012, fue designado fiscal delegado en materia de delitos económicos. En enero de este 2021, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, le convirtió en teniente fiscal del Supremo tras la jubilación de Luis Navajas. Asimismo, fue uno de los fundadores de la Unión Progresista de Fiscales, organización a la que también perteneció Delgado.
A pesar de tener 71 años de edad, Campos pretendía prorrogar su permanencia como teniente fiscal del Supremo hasta el máximo permitido, los 72.
Fue en noviembre del 2020 cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió las diligencias de investigación relativas a la fortuna de Juan Carlos I, abiertas previamente por la Fiscalía Anticorrupción.