El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional citará próximamente a declarar al exjefe de ETA Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería, por el asesinato del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez en enero de 1995.
Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes próximas al proceso, que avanzan este movimiento del magistrado Alejandro Abascal.
Por el crimen ya fueron condenados los etarras que apretaron el gatillo y que conformaban el comando ejecutor: Valentín Lasarte y Francisco Javier García Gaztelu, Txapote.
El pasado miércoles, el Juzgado Central de Instrucción número 1 citó para el día 21 de diciembre a Mikel Albisu Iriarte, alias Mikel Antza, también en calidad de investigado, misma situación procesal que la que mantiene Iñaki de Rentería.
Asimismo, la acusación popular ejercida por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha pedido a la Audiencia Nacional que imponga medidas cautelares contra ambos por su "alto riesgo de fuga".
Gregorio Ordóñez, en una imagen de archivo.
Fuentes jurídicas informan de que el juez decidirá sobre esta solicitud tras la declaración de Antza el próximo martes, que se realizará por videoconferencia desde San Sebastián.
"Esta parte ha podido saber que se encontrarían en estos momentos en libertad y en territorio español", expone en su escrito la asociación de víctimas, en el que también comentan sus "fundadas sospechas" de que alguno de los dos, o los dos, puedan salir del país.
"En estos momentos nada impediría que cualquiera de estos investigados pudiese abandonar sin más el territorio nacional de un momento a otro y sin ninguna dificultad", añaden.
Especialmente, indican, a Iberoamérica, "donde ETA conserva aún importantes estructuras de apoyo para facilitar la huida de la Justicia, y donde hay claras imposibilidades, de hecho y de Derecho, para su efectiva extradición a España en alguno de tales países".
Asimismo, refieren a la "preocupación" manifestado por el EPPK, el colectivo de presos etarras, ante el "nuevo impulso" y los "nuevos planteamientos jurídicos en la persecución de los casos de impunidad" y que pueden afectar tanto a "presos como a otras personas que han salido en libertad".
Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, se refiere a, como ya contó este periódico, su nueva estrategia jurídica con la que pretenden impulsar la persecución de crímenes impunes.
Mediante el propio Código Penal español, sin necesidad de recurrir al Derecho Internacional, buscan llevar al banquillo a más de una treintena de líderes etarras a los que la asociación de víctimas tacha de "presuntos autores detrás del autor" y que, a su juicio, serían posibles corresponsables de haber segado más de seis decenas de vidas entre 1990 y 2009. Unos hechos que todavía no habrían prescrito.
Esta estrategia jurídica fue transmitida a la delegación del Parlamento Europeo que visitó Madrid el pasado noviembre para interesarse por este asunto.
"[Los líderes de ETA] son más autores que los propios ejecutores finales de los asesinatos. Porque si el ejecutor final no asesinaba podía ser sustituido por otro, eran fungibles, intercambiables, y la víctima no se salvaba. Pero si la zuba (dirección de la banda) acordaba detener una campaña de asesinatos, los ejecutores fungibles se detenían y eso sí salvaba a la víctima", manifestó Portero ante la delegación europea.
Tal y como explicó entonces a EL ESPAÑOL Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado y colaborador de Dignidad y Justicia, la organización pretende esgrimir la "responsabilidad por el mando" de una lista de 35 líderes etarras para exigir la "activación inmediata" de una persecución a estos "autores detrás del autor".
"La causa por lesa humanidad [a nivel europeo, para tratar de enjuiciar a los responsables de los crímenes aún impunes] sigue intacta, aunque paralizada", contaba el letrado. "Pero hasta que eso no prospere, entendemos que se dan los requisitos del art. 28 del Código Penal", indicó Rodríguez.
¿Qué dice este artículo? Que "son autores [criminalmente responsables de los delitos] quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento". No obstante, también otorga esta calificación a "los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo" y "los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado".
Por ello, Dignidad y Justicia señaló en un dosier presentado a los europarlamentarios a estos 35 jefes de la banda por su "supuesta autoría mediata, debido a su dominio de la organización terrorista".
'Iñaki de Rentería'
En 2003, Ignacio Miguel Gracia Arregui fue condenado a 10 años de prisión por la Justicia francesa por "asociación de malhechores con fines terroristas".
En 2015, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, el juez Santiago Pedraz, ya imputó a Iñaki de Rentería tras un informe de la Guardia Civil sobre la dirección de la banda terrorista en el momento del asesinato de Ordóñez. En esa cúspide, también figuraba Antza.
Por el atentado que acabó con la vida del político, finalmente, solo fueron condenados los autores materiales, quienes le dispararon cuando la víctima se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores.
Antes, en 2011, otro juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, dictó el ingreso en prisión de Arregi por el secuestro de Ortega Lara entre 1996 y 1997.
Tras ello, el magistrado se inhibió en favor del Juzgado de Pedraz, quien, finalmente, ese agosto archivó esta causa para Iñaki de Rentería.