El año 2021 termina sin que las dos fuerzas políticas mayoritarias hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en la sustitución del Consejo General del Poder Judicial, que debió haber cambiado en diciembre de 2018, al terminar su mandato ordinario de cinco años.

El maltrato al órgano nacido para garantizar que no haya injerencias del poder político en las funciones relacionadas con el gobierno de los jueces (su selección, promoción profesional, inspección y régimen disciplinario) no termina en la incapacidad del PSOE y del PP para renovarlo. Desde marzo, el CGPJ está maniatado para ejercer una de sus competencias constitucionales esenciales, la de hacer nombramientos de altos cargos del Poder Judicial, entre ellos los de magistrados y presidentes de Sala del Tribunal Supremo. 

La ley que impide al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras esté en prórroga de mandato fue promovida por PSOE y Unidas Podemos como medio de forzar al PP a renovar el órgano. Pero la presión no ha hecho mella en Pablo Casado, que ha tomado por bandera el criterio de las instituciones europeas de que hay que eliminar la apariencia de politización del Consejo y, para ello, es preciso cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales, de modo que "las autoridades políticas, como el Parlamento o el Poder Ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección".

El PSOE se niega a modificar la ley que desde 1985 deja en manos del Parlamento la elección de los 20 vocales del Consejo, tanto los ocho juristas como los 12 que deben ser jueces o magistrados. La situación está, así, enquistada. La reforma de marzo no ha servido para que el PP claudique, pero sí está poniendo en riesgo el normal funcionamiento del Tribunal Supremo, que a 31 de diciembre tendrá 12 vacantes, de una planta total de 79. A ellos se suman otros 45 cargos vacantes en otros tribunales.

La limitación de competencias del Consejo General del Poder Judicial fue impugnada por los grupos parlamentarios del PP y Vox en abril. Pero el Tribunal Constitucional, que ha tardado cinco meses sólo en admitir a trámite los recursos, no parece dispuesto a solventar en un tiempo razonable las dudas de constitucionalidad que suscita una reforma que afecta tan nuclearmente al CGPJ.

Y eso que la reforma puede acabar dañando al propio TC si no hay acuerdo para sustituir al órgano de gobierno de los jueces antes del próximo junio. El día 12 de ese mes termina el mandato de cuatro magistrados del Constitucional y su reemplazo corresponde al Gobierno (dos vacantes) y al CGPJ (las otras dos). Pero si el Consejo no puede efectuar los nombramientos, la opinión jurídica más extendida es que no podrá renovarse el TC.

Reparto político del TC

Ese escenario volvería a sumir en la inestabilidad a un Tribunal Constitucional que acaba de recuperar la normalidad con la renovación de un tercio de sus miembros llevada a cabo el pasado noviembre, con dos años de retraso. El nuevo presidente, Pedro González-Trevijano, ha sido elegido por unanimidad, algo que sólo había ocurrido antes una vez en los 41 años de historia del TC.

Como viene siendo habitual, PSOE y PP se han repartido las vacantes y lo mismo han hecho en el Tribunal de Cuentas. Tanto en el TC como en el órgano que fiscaliza las cuentas de las Administraciones públicas han entrado, por primera vez, candidatos de Unidas Podemos, socio de la coalición de gobierno.

En paralelo a la precaria estabilidad institucional vivida a lo largo del año, 2021 ha vuelto a caracterizarse por la relevancia de la actuación del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas en la vida social y política.

Han sido los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo los que han autorizado o denegado las medidas de lucha contra la pandemia de la Covid-19 adoptadas por las comunidades autónomas. De los jueces han dependido los confinamientos locales, la limitación de actividades o la exigencia del pasaporte Covid. Y ha sido el Tribunal Constitucional el que ha tumbado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y del Congreso durante los estados de alarma.

El TC ha avalado la prisión permanente revisable, ha declarado inconstitucional el impuesto de plusvalía y ha censurado el abuso de los reales decretos por el Gobierno.

Políticos en apuros

Partidos políticos como el PP y Unidas Podemos siguen sometidos a sus particulares viacrucis judiciales, el primero con el juicio por la trama Gürtel en Boadilla y con una nueva condena como partícipe a título lucrativo por las obras de la sede de Génova que Luis Bárcenas pagó con fondos de la caja B. 

UP, por su parte, ha visto condenados a varios de sus dirigentes (Isa Serra y Alberto Rodríguez), mientras un juez investiga sus cuentas en el caso Neurona, otro aclara si el partido pagó a la niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero y un tercero indaga en la Audiencia Nacional cómo y quién dañó una tarjeta de memoria con datos íntimos de una antigua colaboradora de Iglesias, Dina Bousselham.

En el banquillo de la Audiencia Nacional se ha sentado por primera vez el excomisario José Manuel Villarejo, acusado de numerosos delitos de corrupción en el marco del caso Tándem.

A la evolución de este macroproceso, que tiene en vilo a grandes empresas y bancos, ha estado mirando durante todo este año una comisión de investigación del Congreso relativa a la pieza Kitchen. Se trata de una de las partes más delicadas de Tándem, en la que se intenta determinar si desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández se montó una operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas datos comprometedores sobre la financiación del PP.

El 'procés', pendiente del TJUE

Durante este año los líderes del proceso soberanista catalán han sido excarcelados gracias a un indulto de Pedro Sánchez adoptado con el criterio en contra de la Sala Penal del Tribunal Supremo y de la Fiscalía.

Carles Puigdemont fue detenido y encarcelado durante unas horas en Cerdeña y una de sus compañeras de fuga, Meritxell Serret, decidió poner fin a la huida, entregándose al juez Llarena.

El futuro del 'procés' se encuentra en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que debe decidir si es correcta la decisión de la Justicia belga de denegar la entrega del exconsejero Lluis Puig por no creer competente al Tribunal Supremo.

El Tribunal General de la Unión Europea, por su parte, tiene pendiente el recurso de Puigdemont contra la decisión del Parlamento Europeo de levantar su inmunidad para que pueda ser juzgado en España.

En el ámbito doméstico, el Tribunal de Cuentas debe decidir si estima los recursos interpuestos contra la decisión inicial de no aceptar el aval del Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a una fianza de 5,4 millones de euros impuesta a los 42 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña que destinaron indebidamente esa cuantía de fondos públicos a acciones en el extranjero para promover el 'procés'.

El emérito, pendiente del archivo 

2021 ha sido el año en el que Juan Carlos I hizo una segunda regularización tributaria para evitar un posible delito fiscal por los fondos que recibió de la Fundación Zagatka y que no declaró oportunamente a Hacienda.

El rey emérito, aún en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), recurrió a amigos empresarios para reunir los 4,3 millones de euros correspondientes a los impuestos que debía haber abonado en España por los ocho millones de euros que la fundación de su primo Álvaro de Orleans-Borbón destinó a pagarle vuelos privados entre 2014 y 2018.

Esa regulación y la anterior, con la que abonó 678.393 euros por las donaciones de su amigo Allen Sanginés-Krause, son determinantes para que la Fiscalía archive la investigación abierta sobre el patrimonio del rey emérito, lo que podría producirse a principios de 2022.

El fiscal suizo Bertossa cerró el pasado 13 de diciembre las diligencias que inició en 2018 por el presunto blanqueo de los 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió como regalo del rey saudí Abdalá y que transmitió en 2012 a Corinna Larsen.

Pero el rey emérito tiene un frente abierto en Londres por su examante, que ha presentado una demanda civil por el presunto "acoso", "hortigamiento" y campaña de "difamación" que Juan Carlos I habría emprendido contra ella tras la negativa de Larsen a devolverle los 100 millones de dólares que recibió dos meses después de la cacería de Botsuana.

Un juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Matthew Nicklin, debe decidir si Juan Carlos I tiene inmunidad como exjefe de Estado y miembro de la familia real, tal como su defensa invoca para librarse de la denuncia de la mujer a la que hizo millonaria.