La Fiscalía niega las críticas de Juan Carlos I y cerrará la investigación "cuando esté completa"

Uno de los críticos es precisamente el propio rey emérito, según se ha sabido este viernes después de que Raúl del Pozo haya desvelado en Onda Cero la respuesta de Juan Carlos I a la felicitación que el periodista le envió por su 84 cumpleaños. "Mil gracias, Raúl. Estoy muy bien, y esperando que a doña Dolores se le ocurra cerrar el caso. Abrazos".

En la Fiscalía General encajan con naturalidad el reproche pero replican que la investigación no depende de "ocurrencias" y niegan que las diligencias se estén prolongando de forma artificiosa. "Teniendo en cuenta la complejidad del asunto y que ha sido necesario acudir a la cooperación internacional, el período trascurrido no sólo no es largo sino que estamos obteniendo resultados en un tiempo récord. Hay diligencias de investigación mucho más largas", aseguran en Fortuny.

La investigación sobre el patrimonio del rey emérito fue asumida por la Fiscalía del Tribunal Supremo en junio de 2020. En este año y medio se han cursado varias comisiones rogatorias a Suiza, Liechtenstein, Irlanda, Reino Unido y Arabia Saudí.

Salvo esta última, que no ha sido contestada por las autoridades saudíes, las demás comisiones internacionales han proporcionado abundante documentación sobre los movimientos económicos del exjefe del Estado. Sólo la Fiscalía de Jersey remitió dos gigas de información que ha sido preciso analizar sobre unas antiguas estructuras de trust vinculadas a Manuel Prado Colón de Carvajal.

En el caso de Suiza, que ha proporcionado información esencial sobre todo lo relativo a la creación de la Fundación Lucum -que Juan Carlos I utilizó para ocultar al fisco 100 millones de dólares donados en 2008 por el fallecido rey saudí Abdalá-, ha sido necesario insistir en la petición porque la documentación que llegó en un primer envío no estaba completa.

No ha sido hasta el pasado diciembre cuando han llegado los últimos datos pendientes, referidos a las cuentas bancarias de la Fundación Zagatka entre 2014 y 2016. Desde esa fundación, creada por Álvaro de Orleans-Borbón, primo de Juan Carlos I, se pagaron vuelos privados de éste por importe de ocho millones de euros entre 2014 y 2018, período en el que el rey emérito ya no podía escudarse en el privilegio de la inviolabilidad.

Pese a que los datos sobre Zagatka fueron pedidos el pasado mayo, Bertossa firmó su remisión a la Fiscalía española el 3 de diciembre último, diez días antes de que el fiscal suizo archivara su propia investigación por un presunto delito de blanqueo de los 100 millones de dólares de Lucum. El dinero fue transferido en 2012 a Corinna Larsen, examante del entonces jefe del Estado.

Documento del fiscal suizo Bertossa sobre la remisión de información relacionada con la Fundación Zagatka./ E.E.

La tardanza en disponer de la información bancaria sobre la fundación de Álvaro de Orleans-Borbón ha retrasado el análisis que debe realizar la unidad de inspectores de Hacienda adscrita a la Fiscalía. Aunque por la información verbal adelantada desde Suiza los fiscales españoles saben que no hay nada en esos últimos datos que pueda alterar sustancialmente la inicial previsión de archivo de las diligencias, ha sido preciso prorrogar de nuevo las pesquisas, que vencían en diciembre.

"Se está haciendo un trabajo muy solvente", aseguran desde el entorno de Dolores Delgado. "Es necesario que el relato fáctico que tiene que hacer la Fiscalía sea completo, sin gaps [lagunas], que nadie pueda decir 'esto falta', y eso hay que hacerlo aun a riesgo de que nos digan que lo estamos demorando adrede. No es así. No se ha dejado de trabajar".

En la Fiscalía existe el convencimiento de que ha sido la extensión de la investigación llevada a cabo lo que ha llevado a la defensa de Juan Carlos I a aconsejar la presentación de dos regularizaciones tributarias que, en conjunto, han supuesto el ingreso en las arcas públicas de cerca de cinco millones de euros.

La primera regularización, presentada en diciembre de 2020, ascendió a 678.393,72 euros y estaba relacionada con las donaciones recibidas del empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause para cubrir gastos corrientes de Juan Carlos I y algunos de sus familiares.

La segunda regularización, tres meses después, se elevó a 4,3 millones de euros, cantidad que el rey emérito debió haber pagado a Hacienda por los fondos recibidos de la Fundación Zagatka para sufragar viajes en jets privados.

Esas declaraciones fiscales complementarias, unidas a la inviolabilidad y a la prescripción, han sido determinantes para que las diligencias del Ministerio Público no acaben en una querella ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. Las fuentes consultadas no concretan una fecha para el previsible archivo, al que aún le quedan algunas semanas.