Llarena recuerda que fue premiado por Xavier Trias y se opone a la recusación que pide Puigdemont

El juez Pablo Llarena, instructor del procés, ha presentado este lunes su informe en el que rechaza la recusación solicitada contra él por parte del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, así como por los exconsellers Antoni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí.

Con este movimiento, los exdirigentes, todos ellos fugados de la Justicia, pretendían apartar al magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la causa contra ellos.

Entre los motivos que esgrimían, estos últimos criticaban el premio otorgado en noviembre de 2021 por la Fundación Villascineros al magistrado, lo que, a su juicio, comprometía la imagen de imparcialidad de Llarena.

Ahora, el juez, en su informe, recuerda que la Guardia Urbana de Barcelona le otorgó la Medalla al Mérito en 2011, siendo teniente alcalde de la Ciudad Condal, precisamente, Joaquim Forn, uno de los condenados por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal por el procés. 

Dicha distinción, además, le fue concedida de manos del regidor de la capital en ese momento, el posconvergente Xavier Trias, del mismo partido que Puigdemont (quien ejercía entonces de alcalde de Gerona). El juez era, en aquel año, presidente de la Audiencia Provincial barcelonesa.

Llarena destaca en su escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que dicho reconocimiento no provocó que las acusaciones del procés —Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, como acusación popular— dudaran de su neutralidad, "pese a que en la causa se dictaron decisiones que les fueron adversas".

Y critica que los autores de la petición de recusación la fundamenten en motivos, como los discursos que se pronunciaron por parte de miembros de la Fundación al concederle el galardón o en la composición de la directiva de la misma, ajenos a su proceder. Asimismo, censura que obvien que "la imagen de parcialidad o imparcialidad judicial se construye a partir de una conjunción de elementos mucho más compleja que el solitario píxel que describen".

De esta forma —"incluso cuando no exista una causa legal de recusación aplicable al supuesto concreto", indica su escrito—, el juez Llarena defiende su "actuación neutral", oponiéndola a una falta de análisis que achaca a la solicitud de recusación.

Recuerda también que la imparcialidad es una actitud "interna y objetivable" de un juez y que su cumplimiento o no debe estar fundamentado en el comportamiento concreto del propio magistrado.

"En materia de imparcialidad del juzgador, las apariencias también son importantes, ya que lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática", expone.

"No obstante, ello no significa que deba primar la subjetividad de una de las partes, de modo que para excluir al juez predeterminado por la Ley resulte suficiente con levantar unas sospechas que no resulten objetivamente razonables para un observador externo, pues ello conduciría a un sistema de juez a la carta", repone.

Asimismo, defiende su actuación como instructor del procés recordando que tomó algunas decisiones que sí fueron favorables a algunos dirigentes independentistas. Entre ellas, cita: su decisión de poner en libertad a los miembros de la Mesa del Parlamento tras tomarles la primera declaración; poner en libertad a varios de los integrantes del gobierno de la Generalitat el 1 de octubre de 2017, no apreciar indicios de criminalidad contra [el expresident] Artur Mas o el hecho de que a varios de los investigados no se les atribuyera responsabilidad en el delito de rebelión o de sedición, contra el criterio de ciertas acusaciones.

El escrito de recusación, las defensas de los dirigentes independentistas indicaban que  la Fundación Villacisneros, abiertamente defensora de la unidad territorial, "es una organización nacionalista española que defiende íntegramente el ideario de la extrema derecha".

Tanto en su convocatoria como durante el acto, la organización recalcó que entregaba esta distinción al magistrado "en reconocimiento a su trabajo en defensa del Estado de Derecho".

Su vicepresidenta es María San Gil, líder del PP vasco de 2004 a 2008. En su consejo directivo también figuran, entre otros, Esperanza Aguirre (expresidenta de la Comunidad de Madrid) y Hermann Tertsch, actual eurodiputado de Vox.

Fugados de la Justicia

A su vez, Llarena recuerda que es la Ley la que le obliga a acordar "la búsqueda de los procesados en rebeldía hasta que sean hallados y queden a disposición del proceso, a fin de que pueda culminarse la fase de investigación", en alusión a la condición de huidos de la Justicia de los exdirigentes independentistas.

"Se ha demostrado que Llarena actúa sin imparcialidad y movido por motivaciones políticas y, por tanto, no estamos siendo perseguidos por la Justicia, sino por la ideología del juez", llegó a asegurar Puigdemont en una rueda de prensa en Bruselas en 2018.

"Ningún observador imparcial" —contrapone ahora el magistrado— podría apreciar "una falta de imparcialidad por la reclamación de los fugados". Y pone como ejemplo a la exconsejera Meritxell Serret, quien, tras su huida a Bélgica, se entregó al Supremo y, una vez declaró, fue puesta en libertad, sin ninguna medida cautelar.