La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a un total de 32 personas por diversos delitos fiscales en el marco del caso Pompeya. En esta causa, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha investigado la creación de un entramado societario para eludir los "cuantiosos" beneficios que generaban múltiples clubes de alterne en toda España. Una sociedad interpuesta habría ocultado a Hacienda gran parte de los ingresos derivados de transacciones con tarjeta que se efectuaban en estos locales; principalmente, el pago a prostitutas.
En su auto de pase a procedimiento abreviado, fechado este martes y consultado por EL ESPAÑOL, el magistrado atribuye a los miembros de la red un total de 119 delitos fiscales —que sumarían más de 111 millones de euros de fraude—, supuestamente cometidos a través de seis tramas delictivas diferentes.
Cinco de ellas eran las encargadas de explotar los prostíbulos y la última, de ocultar dichos ingresos. Concretamente, de acuerdo con los investigadores, la trama delictiva consiguió defraudar un total de 111.659.923,09 euros en concepto de cuotas tributarias no ingresadas (IVA, Impuesto de Sociedades e IRPF).
En su resolución, el magistrado decreta el sobreseimiento provisional para otras 29 personas y acuerda dar traslado a la Fiscalía y las acusaciones personadas para que, en un plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral contra los 32 encausados o pidan el archivo de la causa.
Según indica el auto del juez, los investigados Antonio Herrero Lázaro, José Vera Ruiz, José Arsenio Pérez Viéitez, José Moreno Gómez, Ángel Crispín Gilaranz Velasco y Santos Pérez Vargas crearon un entramado societario en el cual ocupaban la cúspide. A través de mercantiles que explotaban clubes de alterne, buscaban defraudar a la Hacienda Pública estatal en las liquidaciones tributarias. A los miembros de esta lista, Calama les considera "autores de todos y cada uno de los delitos fiscales" de la causa.
Detenciones en la 'Operación Pompeya'
El magistrado explica que, presuntamente, empleaban el sistema del escamoteo para que la empresa Larratruk S. L. —cuyo administrador y socio único es Jesús María Larrañaga Azpitarte— recibiese los fondos de las operaciones con tarjeta de crédito/débito que se efectuaban en los clubes de alterne. Esta acción se realizaba mediante los terminales de punto de venta (TPV), una suerte de datáfonos, instalados en los establecimientos regentados por varios de los encausados.
En dichas operaciones, esta empresa figuraba como cobradora, "como si se tratara de la verdadera oferente de un bien o servicio, ocultando, de esta forma, a las personas que explotan estos locales", indica la resolución. Asimismo, este método permitía a los clientes que no apareciesen en sus extractos bancarios datos relacionados con los prostíbulos. "Se ha constatado la existencia de un total de 136 TPVs instalados por Larratruk en los establecimientos de los encausados", indica la resolución.
El propósito de la interposición de esta sociedad era, señala el juez Calama, el de ocultar el verdadero destinatario del pago efectuado, que terminaba en una cuenta corriente de Larratruk, "pero dándose la circunstancia de que en ella estaba autorizado el propietario de la sociedad gestora del club", quien podía retirar esos fondos. Gracias al análisis de los movimientos de estas cuentas efectuado durante la investigación, los agentes comprobaron que la mayoría del dinero procedente de las remesas era extraído en efectivo por este apoderado.
Entre las dos mercantiles también se repartían el 10% de comisión que se cobraba a los clientes por pagar con tarjeta. La empresa interpuesta se quedaba con el 6,5% y la gestora del prostíbulo recibía el valor del 3,5% restante mediante una factura falsa. El concepto simulado más habitual era el de "arrendamiento".
Dentro de la trama, expone la resolución, ocupaba "un papel fundamental" la sala Paradise, que, a pesar de su tamaño y el elevado número de trabajadoras en ella, arrojaba unas cifras en sus declaraciones fiscales que, según el juez, eran claramente irreales.
En la base de la trama estaban los clubes de alterne, que eran gestionados por una o varias sociedades. Incluso, según reconoce la Audiencia Nacional, dichas mercantiles se dividían el negocio dentro del local: bar de copas, discoteca, zona de hotel o los pases de las trabajadoras sexuales. E, incluso, se repartían las distintas plantas del establecimiento. La instrucción también detectó un "alto grado de ocultación" de las cantidades abonadas en efectivos por los clientes del bar.
En el plano intermedio del esquema se encontraban las mercantiles que permitían los pagos mediante TPVs; otras, proveedoras de servicios diversos y las encargadas de la "ocultación" del dinero obtenido "mediante la creación de sociedades en otros sectores o países". En la cúspide de la trama, los beneficiarios últimos, ya mencionados.
'Operación Pompeya'
Desde 1998, fecha de su constitución, hasta el 2014, Larratruk ha operado en más de 80 burdeles españoles y ha sido titular de más de 300 cuentas corrientes. En ellas, en ese periodo, se han cobrado más de 203 millones de euros en clubes de alterne.
La Operación Pompeya se saldó en junio de 2016 con la detención de más de 60 personas vinculadas a todos estos locales, en la mayor investigación por blanqueo de capitales y fraude fiscal vinculada a la prostitución llevada a cabo en el país.
Tal y como relató EL ESPAÑOL en aquel año, las escuchas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) incluidas en el sumario de esta causa revelaron los contactos de dirigentes de esta trama con, al menos, "un político muy importante" —así se refirieron a él dos socios en alguna de las sociedades gestoras de uno de los clubes—, un reconocido torero, varios policías y futbolistas de Primera División.